La Justicia imputó a Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, titulares de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano. El caso, que ya tenía como principal imputado a Ignacio González Palombo, expone una trama de presunta estafa millonaria, fallas de control interno y responsabilidades que alcanzan a la estructura empresarial

La imputación ya no queda en el intermediario

La causa Pérez Marexiano dio un salto político, judicial y económico. La Justicia imputó por estafa y asociación para delinquir a Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, titulares de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, una firma con larga presencia en el mercado de valores uruguayo.

La investigación está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas y se originó en las denuncias contra Ignacio González Palombo, señalado como el operador que captaba clientes, prometía inversiones y, según la Fiscalía, habría utilizado una estructura vinculada a la corredora para sostener una maniobra de apropiación de fondos.

Hasta ahora, el relato público del caso había intentado concentrar la responsabilidad en González Palombo. Sin embargo, la imputación de los titulares coloca el foco en una pregunta más profunda: qué controles existían dentro de la empresa, qué sabían sus autoridades y cómo pudo funcionar durante tanto tiempo una operativa de estas características en una actividad regulada.

De la denuncia inicial al avance sobre la cúpula

Pérez Marexiano había denunciado inicialmente a González Palombo por estafa y apropiación indebida. Pero luego un grupo de damnificados amplió la denuncia y apuntó también contra los directores de la sociedad de bolsa. El argumento central fue que el operador no actuaba en un descampado: atendía clientes, realizaba contactos y movía inversiones desde una órbita vinculada a la propia firma.

El expediente ya tenía antecedentes fuertes. En diciembre de 2025, la Fiscalía había pedido medidas cautelares contra Pérez Stewart y Pérez Lafone: prohibición de salir del país, retención de documentos de viaje y obligación de fijar domicilio. En aquella instancia, la fiscalía sostuvo que existían indicios sobre el involucramiento de la empresa en la maniobra investigada.

En febrero de 2026, González Palombo fue imputado por estafa y falsificación de documentos. La Fiscalía sostuvo entonces que se había construido un escenario ficticio para captar inversiones, sin que el dinero terminara en las cuentas o instrumentos que los clientes creían estar contratando.

El perjuicio denunciado fue ubicado en el entorno de varios millones de dólares. Distintas presentaciones y versiones del caso hablaron de decenas de inversores afectados y de montos que llegaron a superar los 13 millones de dólares.

El papel del B.C y la responsabilidad del mercado

El caso también tuvo una dimensión regulatoria. El Banco Central del Uruguay intervino preventivamente a la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A., suspendió sus actividades y desplazó a sus autoridades. Luego, dispuso la disolución y liquidación de la firma.

El punto no es menor. En el mercado financiero, la confianza no puede depender solamente de la palabra de una empresa privada ni del prestigio familiar de una firma. Tiene que existir control efectivo, trazabilidad de las operaciones, protección real de los clientes y capacidad del Estado para intervenir antes de que el daño sea irreversible.

La imputación de los titulares de Pérez Marexiano vuelve a mostrar una diferencia persistente en el tratamiento público de los delitos económicos. Cuando el daño ocurre en los barrios populares, la respuesta suele ser inmediata, punitiva y espectacular. Cuando el perjuicio se produce en oficinas, escritorios financieros y circuitos de inversión, el lenguaje se vuelve más técnico, más lento y muchas veces más indulgente.