El presidente del Frente Amplio defendió el préstamo de vehículos blindados del Ejército para operativos policiales en zonas de alta violencia, aunque reconoció que el gobierno comunicó mal la medida. El punto central, dijo, es que no haya militares cumpliendo tareas policiales.
Una medida sensible, mal explicada y con fuerte carga política
Fernando Pereira salió a respaldar el uso de vehículos blindados del Ejército en apoyo a operativos de seguridad pública, pero lo hizo marcando una frontera política clara: una cosa es utilizar equipamiento estatal disponible bajo mando policial y otra muy distinta es militarizar la seguridad interna.
El presidente del Frente Amplio sostuvo que, si el gobierno estuviera avanzando hacia una militarización de la Policía, él mismo estaría protestando en la calle. Con esa frase buscó despejar una de las principales críticas que recibió la iniciativa desde que fue anunciada por el Ministerio del Interior.
Pereira también reconoció que el Poder Ejecutivo explicó “tan mal” la medida que después tuvo que salir varias veces a aclararla. Esa autocrítica no es menor: en Uruguay, el uso de recursos militares en tareas vinculadas a la seguridad interna no es un asunto administrativo más. Toca una fibra histórica y democrática sensible, especialmente para una fuerza política que ha defendido durante décadas la separación entre defensa nacional y seguridad pública.
El gobierno sostiene que los vehículos no estarán al mando de las Fuerzas Armadas, sino de la Policía Nacional. Según esa explicación, el Ejército aportaría infraestructura y, en algunos casos, personal capacitado para conducir determinados blindados, pero los operativos seguirían siendo policiales.
Blindados para entrar donde el Estado no puede retroceder
La decisión se da en el marco de operativos en barrios de Montevideo con mayores niveles de violencia, presencia de bandas y delitos asociados al narcotráfico. El Ministerio del Interior pretende usar estos vehículos como apoyo logístico y de protección para la Policía, no como reemplazo de las funciones policiales.
El primer anuncio habló de vehículos Mamba MK7, blindados que Uruguay recibió por donación de Estados Unidos y que originalmente estaban destinados a misiones de paz. Luego el convenio entre Interior y Defensa amplió el universo a otros modelos disponibles del Ejército, con capacitación prevista para policías.
Ahí apareció otro problema práctico: algunos de los primeros blindados puestos a disposición no serían los más adecuados para patrullaje urbano, por su escasa visibilidad lateral y limitaciones operativas. Es decir, además del debate político y jurídico, el gobierno también enfrenta un problema concreto de implementación.
La seguridad pública necesita presencia estatal, inteligencia, protección a los funcionarios y capacidad real de ingreso en zonas donde las bandas armadas imponen miedo. Pero también necesita límites democráticos claros. En Uruguay, la Policía debe seguir siendo la institución responsable del orden público interno.
La frontera democrática: apoyo material sí, militares haciendo de policías no
El punto más delicado es el mando operativo. Si los blindados son un préstamo de infraestructura y trabajan bajo conducción policial, el gobierno puede defender que no hay militarización. Pero si la presencia militar empieza a mezclarse con patrullaje, control territorial o intervención directa sobre civiles, el debate cambia de naturaleza.
La Ley Orgánica Policial establece que la seguridad pública interna corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. La normativa de Defensa ubica a las Fuerzas Armadas en el campo de la defensa nacional. Esa separación no es un formalismo: es una garantía democrática construida después de una historia pesada.
Por eso la declaración de Pereira busca sostener dos mensajes al mismo tiempo. Por un lado, acompañar al gobierno en una respuesta dura frente al crimen organizado. Por otro, dejar constancia de que el Frente Amplio no debería cruzar la línea de entregar tareas policiales a militares.