La fiscal de Corte anunció que sumará competencias al equipo especializado para redistribuir la carga de trabajo. Ricardo Perciballe consideró que sus dichos desmerecen la labor de la oficina y recordó que Uruguay debe fortalecerla por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La controversia pone en discusión cómo se evalúan estas investigaciones y qué garantías tendrán las víctimas para que sus causas sigan avanzando.
El anuncio de Ferrero y la respuesta de Perciballe
La propuesta de Mónica Ferrero de asignar nuevas tareas a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad abrió una discusión sobre los recursos que Uruguay destina a investigar el terrorismo de Estado. Ricardo Perciballe, titular de esa oficina, expresó que las declaraciones de la fiscal de Corte subrogante generaron preocupación en el equipo y desmerecen su trabajo. La respuesta puso el foco en una obligación que excede la administración interna de la institución: el Estado uruguayo debe fortalecer la capacidad de esa fiscalía por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El debate alcanza tanto a la distribución del personal como a la continuidad de investigaciones que involucran torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
Ferrero presentó su planteo el 2 de setiembre ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas. Aseguró que la oficina especializada seguirá funcionando y anunció que recibirá nuevas competencias. Fundamentó esa reorganización en la escasez de recursos humanos y en las diferencias de carga de trabajo entre fiscalías, con especial referencia a las que investigan homicidios. También reclamó la creación de cuatro fiscalías de ejecución de penas: explicó que, ante su ausencia, los mismos fiscales que investigan delitos deben atender las audiencias correspondientes al cumplimiento de las condenas. Su exposición describió una institución exigida en varios frentes, para la que pidió más cargos y una redistribución interna de tareas. Al explicar el anuncio, sostuvo que pretende aprovechar mejor el personal disponible y que no busca entorpecer las causas sobre la dictadura.
Como antecedente de colaboración, la jerarca mencionó un pedido a Perciballe para que una de sus fiscales adscriptas apoyara a Sabrina Flores, de Homicidios. Según Ferrero, el fiscal aceptó esa asistencia. Sin embargo, cuando se conoció el anuncio de nuevas competencias, Perciballe manifestó que no estaba informado de los cambios previstos para su sede. Son dos decisiones de distinto alcance: el apoyo de una integrante del equipo a otra oficina y la incorporación de materias adicionales a una fiscalía especializada. Para conocer los efectos de la propuesta falta precisar cuáles serán esas materias, qué volumen de trabajo supondrán y con qué recursos se atenderán. Esas definiciones permitirán evaluar si la reorganización preserva el tiempo y la capacidad necesarios para investigar los crímenes del terrorismo de Estado.
Las investigaciones que quedan detrás de las cifras
La especialización tiene una base legal y un alcance nacional. La Ley 19.550, promulgada en octubre de 2017, estableció la competencia exclusiva de esta fiscalía sobre las causas penales por violaciones de derechos humanos correspondientes al período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. La oficina comenzó a funcionar en 2018 y atiende expedientes radicados en juzgados de todo el país. Ese marco incluye hechos anteriores al golpe de Estado. Un ejemplo es la investigación por torturas a decenas de personas en Artigas durante 1972: en mayo de 2026, Perciballe informó que preparaba una nueva acusación en una causa iniciada dos años antes, a partir de una denuncia por la muerte de Miguel Ángel Cuello, vecino de Bella Unión. La actividad de la oficina comprende así procesos que siguen incorporando pruebas y avanzando hacia nuevas instancias judiciales.
En mayo de este año, Perciballe informó que la Justicia mantenía 130 causas activas por delitos de lesa humanidad. La cifra corresponde a ese momento y reúne expedientes en diferentes etapas; los nuevos asuntos ingresados, las investigaciones pendientes y los juicios realizados son indicadores distintos. Una comparación fundada entre oficinas exige explicar qué mide cada número y qué trabajo comprende. Reconstruir hechos ocurridos hace cuatro o cinco décadas puede requerir localizar testigos, contrastar testimonios, examinar documentos de distintas dependencias e identificar las responsabilidades individuales dentro de operativos represivos. A eso se agregan las actuaciones ante los juzgados y la preparación de las acusaciones. Una causa puede involucrar a numerosas víctimas y a varios responsables. Por eso, el volumen de expedientes debe analizarse junto con su complejidad, las diligencias pendientes y la dedicación que exige cada proceso.
Las condenas obtenidas por los crímenes de San Javier permiten apreciar esa dimensión. En diciembre de 2025, la Fiscalía Especializada consiguió nueve condenas en un juicio oral por hechos ocurridos durante operativos represivos de 1980 y 1984 en esa localidad de Río Negro. Las penas oscilaron entre once años y medio y quince años y medio de penitenciaría. El proceso abordó detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas y persecución por motivos ideológicos y étnicos contra habitantes de la localidad, con participación de militares y policías. La acusación se sostuvo en testimonios, documentos, pericias y actuaciones de la justicia militar. Ese resultado muestra cuánto puede contener una sola causa y permite entender la importancia de acumular conocimiento sobre los hechos y sus conexiones. La continuidad de los equipos es un aspecto que debe ponderarse al decidir cómo distribuir nuevas responsabilidades.
Una obligación del Estado y una espera que sigue pesando
El respaldo jurídico del reclamo de Perciballe está en la sentencia del caso Maidanik y otros contra Uruguay, dictada el 15 de noviembre de 2021. El caso comprende las ejecuciones de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Óscar Tassino. La Corte Interamericana ordenó fortalecer la fiscalía con más personal, presupuesto u otros recursos y actuar con la mayor celeridad posible. También dispuso un plan estratégico para perseguir penalmente los actos de violencia contra las mujeres durante la dictadura. La resolución vincula así la capacidad de investigar con los derechos de personas concretas y sus familias. Su cumplimiento requiere decisiones administrativas y presupuestales que hagan posible sostener las investigaciones y llevarlas ante la Justicia.
Perciballe adelantó, además, que integrantes de la Corte visitarán Uruguay el 23 de setiembre para evaluar el cumplimiento de esa sentencia. En ese contexto, la reorganización anunciada necesita una explicación sobre sus efectos en la oficina especializada. La información pública disponible todavía no permite establecer el alcance definitivo de las nuevas competencias ni afirmar que exista una modificación general ya aplicada. Para evaluar la propuesta habrá que conocer la asignación efectiva de personal, la dedicación que demandarán las nuevas tareas y la forma en que se evitarán demoras en las causas en curso. Mantener abierta una oficina es apenas uno de los componentes de su funcionamiento: su capacidad real depende también del tiempo, la experiencia y los medios disponibles. Ese será un punto central para valorar la compatibilidad del cambio con la especialización prevista por ley.
La falta de recursos que denuncia Ferrero merece una respuesta presupuestal capaz de sostener el trabajo de todas las fiscalías. Las víctimas de los delitos actuales necesitan investigaciones eficaces, del mismo modo que quienes padecieron el terrorismo de Estado tienen derecho a que las suyas avancen. Resolver la escasez exige considerar ambas responsabilidades. En las causas sobre la represión, además, cada demora tiene un costo particular: sobrevivientes, familiares y testigos envejecen, y el paso del tiempo puede cerrar oportunidades de reconstruir los hechos y establecer responsabilidades. Preservar la experiencia acumulada, asegurar la continuidad de los procesos y facilitar el acceso a la prueba son decisiones que afectan directamente esa posibilidad. La eficiencia de la Justicia también debe medirse por su capacidad de responder a quienes llevan décadas esperando. Para esas personas, la discusión sobre cargos, presupuesto y competencias se traduce en una pregunta concreta: si el Estado dispondrá de los medios para que sus reclamos lleguen a una respuesta judicial.