La decisión de Estados Unidos de declarar terroristas a las dos mayores bandas criminales de Brasil abrió un nuevo debate regional. En Uruguay, referentes de la oposición salieron rápidamente a reclamar medidas urgentes y mayor alineamiento con la estrategia de Donald Trump. El problema no es negar la amenaza del crimen organizado, sino advertir que la seguridad no puede transformarse en una puerta de entrada para el tutelaje extranjero.

El reflejo de alinearse

La reacción fue casi automática. Estados Unidos anunció que el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho pasarán a ser considerados organizaciones terroristas extranjeras, y en Uruguay parte de la oposición salió de inmediato a pedir medidas urgentes, listados propios de grupos terroristas y nuevos pasos hacia el llamado Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada desde Washington bajo el discurso de la guerra contra el narcotráfico.

El reflejo no sorprende. Cada vez que Estados Unidos mueve una ficha en la región, un sector de la derecha uruguaya parece encontrar allí una oportunidad para presionar al gobierno progresista de turno. No se trata solamente de seguridad. Se trata de política exterior, de soberanía y de una vieja costumbre: mirar primero hacia Washington antes de discutir con seriedad qué necesita Uruguay.

El crimen organizado existe. El PCC y el Comando Vermelho no son una invención ni una exageración propagandística. Son estructuras criminales poderosas, violentas, con redes transnacionales, presencia carcelaria, vínculos con narcotráfico, armas, lavado de activos y rutas regionales. Uruguay no puede mirar ese fenómeno con ingenuidad. Debe reforzar fronteras, inteligencia, cooperación regional, control financiero y persecución del lavado.

Pero reconocer la gravedad del problema no obliga a aceptar cualquier receta. Mucho menos una receta elaborada por Estados Unidos, bajo una administración que vuelve a presentar América Latina como zona de influencia propia. La pregunta de fondo no es si hay que combatir al crimen organizado. La pregunta es quién define la estrategia, con qué límites, bajo qué controles democráticos y al servicio de qué intereses.

Brasil ya encendió la alarma. El gobierno de Lula rechazó la decisión estadounidense por entender que afecta la soberanía brasileña y puede abrir la puerta a presiones económicas, sanciones o incluso a formas más duras de intervención bajo el pretexto antiterrorista. No es una preocupación menor. En América Latina, la palabra “terrorismo” ha sido usada demasiadas veces para ampliar márgenes de excepción, justificar injerencias y disciplinar gobiernos que no se subordinan.

De Brasil a Uruguay: el mismo libreto

La decisión de Washington tampoco cayó del cielo. En Brasil, la ultraderecha vinculada a Jair Bolsonaro celebró el anuncio y lo presentó como una victoria política. Flávio Bolsonaro había pedido directamente a Donald Trump y a Marco Rubio que esas bandas fueran clasificadas como narcoterroristas. Es decir: un sector opositor brasileño fue a Estados Unidos a buscar una herramienta de presión contra el gobierno de su propio país.

Ese es el punto que Uruguay debería mirar con atención. No se trata solo de bandas criminales. Se trata de cómo las derechas regionales usan la agenda de seguridad de Estados Unidos para empujar a gobiernos progresistas contra la pared. Primero se instala una amenaza real. Después se exige una respuesta alineada con Washington. Más tarde, cualquier cautela soberana es presentada como debilidad, complicidad o falta de voluntad para combatir el delito.

En Uruguay, Pedro Bordaberry ya venía reclamando que el gobierno de Yamandú Orsi gestionara el ingreso al Escudo de las Américas. Su frase fue directa: había que levantar el teléfono, hablar con Marco Rubio y hablar con Donald Trump. Según esa mirada, la ideología “no juega” porque se trata de narcotráfico. Pero la ideología sí juega. Juega justamente cuando se presenta como única salida una alianza diseñada desde Estados Unidos, con lenguaje militar, doctrina de fuerza y subordinación regional.

Bordaberry no es un nombre cualquiera en la política uruguaya. Su trayectoria personal es la de un dirigente colorado, abogado y senador. Pero su apellido también carga una historia que no puede separarse del debate público. Juan María Bordaberry encabezó la ruptura institucional de 1973, disolvió el Parlamento y quedó asociado al inicio de la dictadura cívico-militar. Eso no traslada responsabilidades personales a Pedro Bordaberry, pero sí vuelve políticamente significativo que un apellido con ese peso histórico aparezca otra vez defendiendo salidas de orden, seguridad y alineamiento externo.

La derecha suele pedir que no se hable de historia cuando la historia incomoda. Pero la historia pesa. Pesa en Uruguay, pesa en Brasil y pesa en toda América Latina. Cada vez que un sector conservador busca apoyo fuera de fronteras para condicionar a un gobierno progresista, se activa una memoria regional conocida: la de las presiones extranjeras, los alineamientos automáticos, la doctrina de seguridad y la idea de que la soberanía vale menos cuando gobierna la izquierda.

Seguridad sin tutelaje

El debate uruguayo debería partir de una base clara: combatir al crimen organizado no significa entregarle la agenda de seguridad nacional a Estados Unidos. Uruguay puede y debe cooperar con Brasil, Argentina, Paraguay y otros países de la región. Puede intercambiar información, perseguir redes financieras, controlar pasos fronterizos, mejorar tecnología, fortalecer Fiscalía, Policía, Aduanas, Migración y sistema penitenciario. Todo eso es necesario.

Otra cosa muy distinta es asumir sin discusión la categoría política que define Washington. La clasificación de “terrorista” no es neutra. Tiene consecuencias jurídicas, diplomáticas, financieras y militares. Puede afectar empresas, bancos, territorios, relaciones comerciales y márgenes de acción estatal. También puede convertir un problema criminal en un campo de disputa geopolítica.

Uruguay no debe negar la amenaza. Tampoco debe actuar con reflejos coloniales. La seguridad pública debe ser una política de Estado, no una excusa para correr detrás de Trump, Rubio o cualquier administración estadounidense. La cooperación internacional es necesaria; el tutelaje no. La inteligencia regional es necesaria; la subordinación no. La lucha contra el lavado es urgente; la entrega de soberanía no.

La oposición uruguaya eligió una vez más el camino rápido: tomar una decisión de Estados Unidos y convertirla en presión interna contra el gobierno. Ese reflejo habla tanto de su mirada sobre la seguridad como de su concepción de país. Para esa derecha, si Washington señala, Uruguay debería obedecer. Para una mirada soberana, democrática y progresista, el desafío es otro: enfrentar al crimen organizado con firmeza, pero sin permitir que la agenda imperial vuelva a marcar el rumbo político de la región.

Fuentes; Reuters,EFE