Una misión uruguaya viajó a Reino Unido para evaluar tres patrulleras oceánicas de la Marina Real británica. La delegación fue encabezada por el nuevo contralmirante Ismael González, cuestionado por la oposición por su rol en la supervisión del fallido contrato con el astillero Cardama.
El gobierno uruguayo volvió a mover piezas en la búsqueda de una solución para dotar a la Armada Nacional de patrulleras oceánicas. Tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, el Ministerio de Defensa envió a Reino Unido una misión oficial para conocer de primera mano tres buques OPV de la Marina Real británica que podrían quedar disponibles antes de 2028.
La delegación estuvo integrada por oficiales de la Armada y fue encabezada por el contralmirante Ismael González, recientemente ascendido y ubicado en el centro de una fuerte discusión política por su actuación previa en Vigo, donde participó en la supervisión de la construcción de las patrulleras encargadas a Cardama.
Una misión sensible en medio de una compra estratégica
Las embarcaciones bajo análisis son el HMS Tyne, el HMS Mersey y el HMS Severn, tres patrulleros oceánicos clase River de primera generación, en servicio en la Marina Real británica desde comienzos de la década de 2000.
La posibilidad de adquirir estas unidades aparece tras la caída del contrato con Cardama, una operación heredada de la administración anterior y rescindida por el actual gobierno luego de detectar incumplimientos contractuales graves e irregularidades vinculadas a las garantías del acuerdo.
La compra aún no está definida. El objetivo de la misión es recoger información técnica, evaluar el estado real de los buques y elevar un informe al comando de la Armada y al Ministerio de Defensa. Según trascendió, cada patrullera podría ubicarse en una franja aproximada de entre 15 y 20 millones de dólares, dependiendo de la negociación.
González, Cardama y el ruido político
La designación de Ismael González no pasó desapercibida. El oficial fue uno de los integrantes de la Armada que supervisó en España el avance del contrato con Cardama. Esa tarea lo puso en la mira de sectores de la oposición, especialmente del Partido Nacional, que cuestionaron su ascenso y su actuación en el proceso.
El exministro de Defensa Javier García lo acusó de haber participado en informes críticos “a medida” contra el astillero. Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la necesidad de respaldar a los oficiales técnicos que informaron sobre problemas en una contratación millonaria para el Estado.
La discusión de fondo excede los nombres propios. La Armada necesita patrulleras oceánicas para cumplir tareas de control, vigilancia, soberanía marítima, protección de recursos y presencia en aguas jurisdiccionales. A la vez, una compra de estas características exige transparencia, controles técnicos y responsabilidad política sobre el uso de fondos públicos.
Una salida intermedia para no perder tiempo
Las OPV británicas no son buques nuevos. Tampoco cumplen con todos los requisitos manejados en procesos anteriores, entre ellos la disponibilidad de hangar para helicóptero. Sin embargo, en el gobierno entienden que parte de esas capacidades podrían complementarse con tecnología actual, entre ella el uso de drones para vigilancia y rastreo.
La alternativa británica aparece, en ese sentido, como una salida intermedia: buques usados, con historial operativo, disponibles en un plazo más corto y negociados bajo una modalidad de Estado a Estado. Ese camino podría permitir cubrir una necesidad urgente de la Armada mientras se define una política de más largo plazo para la renovación de la flota.
El presidente Yamandú Orsi ya había señalado que el país buscará una adquisición entre Estados, luego de la experiencia fallida con Cardama. La prioridad oficial pasa ahora por recuperar capacidad naval, proteger el patrimonio público comprometido en el contrato rescindido y evitar que una necesidad estratégica quede atrapada en la disputa partidaria.
Fuentes
Presidencia
Marina Real británica