Casi 21 millones de argentinos tienen deudas con bancos o proveedores no financieros y 5,91 millones ya están en mora. Mientras las familias migran hacia billeteras virtuales y créditos con costos financieros que pueden alcanzar el 1.375% anual, Javier Milei responde que el sobreendeudamiento es un «problema entre privados». Los números muestran que, lejos de aquella promesa de que el ajuste recaería sobre «la casta», una parte creciente de la sociedad argentina financia con deuda hasta su vida cotidiana.
Casi seis millones ya no pueden pagar
El último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de la Central de Deudores del Banco Central, contabiliza en junio de 2026 unos 20,97 millones de personas endeudadas con bancos y proveedores no financieros de crédito, de las cuales 5,91 millones tienen atrasos que las colocan formalmente en situación de mora. El deterioro se aceleró durante el gobierno de Milei: la morosidad de las familias con los bancos pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en junio de este año, luego de veinte meses consecutivos de crecimiento, mientras que en billeteras virtuales saltó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1%, superando incluso el 27,1% registrado durante el peor momento de la pandemia. De los casi seis millones de morosos, 2,90 millones tienen problemas exclusivamente con prestamistas no bancarios, 1,66 millones únicamente con bancos y otros 1,36 millones acumulan incumplimientos en ambos sistemas. El fenómeno no puede reducirse a un puñado de consumidores que administraron mal sus cuentas: desde febrero de 2024 se incorporaron aproximadamente 2,6 millones de nuevos morosos, mientras los préstamos personales y las tarjetas de crédito llegaron a explicar el 73% del saldo irregular de las familias.
De la deuda cara a la deuda impagable
CEPA advierte además sobre un proceso que define como «precarización del endeudamiento»: cuando una familia deja de calificar para un préstamo bancario, no necesariamente deja de necesitar dinero, sino que busca financiamiento en un escalón todavía más caro. Una deuda bancaria que puede tener un Costo Financiero Total de hasta 180% anual termina sustituida por créditos digitales cuyo CFT puede alcanzar el 1.375%, y cuando también se cierra esa puerta aparece el prestamista informal, sin límites claros de tasa ni mecanismos regulares de cobranza. Los números permiten entender el círculo: la mora bancaria empuja a los clientes fuera de los bancos y las billeteras absorben una demanda formada precisamente por quienes tienen ingresos más inestables o ya arrastran dificultades para pagar. En junio, el 45,7% del monto irregular de las familias estaba concentrado en la categoría de alto riesgo de insolvencia, por $6,73 billones, mientras otros $3,86 billones ya habían sido clasificados como irrecuperables, con casi dos tercios de ese último monto en manos de proveedores no financieros. El problema también empieza a ingresar con fuerza en el aparato productivo: la mora empresarial alcanzó el 3,5%, muy por encima del 0,7% observado en octubre de 2024, con sectores como construcción, comercio, gastronomía y servicios particularmente expuestos al deterioro del crédito.
Milei: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza?»
Frente al crecimiento de la deuda, el gobierno nacional eligió responsabilizar a quienes tomaron los préstamos. Consultado sobre una eventual intervención estatal, Milei preguntó: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza?», y sostuvo que hacer intervenir al Estado significaría trasladar el costo al resto de la sociedad. Luis Caputo siguió la misma línea y, aunque reconoció que existen tasas «abusivas», defendió que la solución surja del propio mercado. El contraste con los números es difícil de ignorar: CEPA calcula que el salario real registrado perdió 8,7% desde la llegada de Milei y que la caída trepa al 18,7% si la inflación se recalcula utilizando la estructura de consumo de la ENGHo 2017/18; además, ya en abril el servicio mensual de las deudas familiares equivalía al 24,1% de la masa salarial. Mientras la Nación se desentiende, en el Congreso se acumulan alrededor de treinta proyectos para enfrentar el sobreendeudamiento y la Ciudad de Buenos Aires ya puso en marcha un programa que permite refinanciar determinados créditos a una tasa fija máxima del 35% y con plazos no menores a 24 meses. Milei llegó al poder prometiendo que el costo del ajuste lo pagaría «la casta». Casi tres años después, millones de argentinos pagan intereses para sostener gastos corrientes, quedan expulsados del crédito bancario y terminan buscando dinero cada vez más caro. Al final, la casta parece haber resultado bastante más numerosa de lo anunciado: eran las familias que viven de su trabajo.