El Gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición acordaron renovar la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y reformar su Ley Orgánica dentro de una negociación impulsada por Washington. El movimiento llega siete meses después de la intervención militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro y mientras Estados Unidos controla los ingresos de las ventas petroleras venezolanas, promueve la apertura del petróleo y la minería al capital extranjero y conduce un plan que coloca primero la “estabilización” y la recuperación económica y después la transición electoral.
El acuerdo fue anunciado oficialmente el 13 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, al finalizar el primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015. No se trata simplemente de cubrir algunas vacantes: el documento establece reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales y abrir un nuevo proceso para la “renovación y designación de todos los magistrados” del máximo tribunal venezolano.
La negociación tampoco reúne a todo el arco opositor. Figuera encabeza una fracción respaldada por Washington, mientras María Corina Machado quedó afuera. Reuters informó que tres fuentes vinculadas al proceso señalaron que Estados Unidos pidió a Figuera encabezar la delegación debido a su condición de referente de la Asamblea Nacional de 2015, todavía reconocida por Washington. La misma agencia describe a Estados Unidos como un actor central de unas conversaciones destinadas a remodelar el sistema político venezolano antes de futuras elecciones.
Primero el petróleo, después las elecciones
Para entender qué significa la renovación del TSJ hay que mirar lo ocurrido desde el 3 de enero. Ese día fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela, capturaron a Nicolás Maduro y lo trasladaron a Nueva York. Donald Trump anunció entonces que Washington conduciría Venezuela hasta alcanzar una transición que considerara adecuada y adelantó que grandes petroleras estadounidenses ingresarían al país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo posteriormente que la operación quebrantó un principio fundamental del derecho internacional: la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de otro Estado.
Cuatro días después, Marco Rubio expuso el orden de prioridades de Washington: primero estabilización, luego recuperación económica —incluido el acceso de compañías estadounidenses y occidentales a los recursos energéticos venezolanos— y finalmente transición política y elecciones. Siete meses después, esa secuencia continúa siendo visible: la reorganización económica comenzó mucho antes que la reconstrucción completa de las instituciones democráticas.
El 9 de enero la propia Casa Blanca confirmó otro dato central. Trump firmó una orden ejecutiva para proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro estadounidense y estableció que esos fondos quedarían sujetos a autorización de Washington. El documento oficial señala expresamente que su preservación busca avanzar los objetivos de política exterior de Estados Unidos. La propiedad continúa siendo formalmente venezolana, pero su custodia y disponibilidad quedaron bajo control estadounidense.
Washington fue todavía más explícito. El secretario de Energía, Chris Wright, sostuvo que Estados Unidos necesitaba controlar las ventas y los ingresos petroleros venezolanos durante un período indefinido. En febrero, los recursos dejaron de circular por el fondo utilizado inicialmente en Qatar y comenzaron a dirigirse directamente a cuentas administradas por el Tesoro estadounidense.
Petróleo, oro y seguridad jurídica para los inversores
El 29 de enero, menos de un mes después de la captura de Maduro, la Asamblea Nacional aprobó aceleradamente una profunda reforma de la Ley de Hidrocarburos presentada por Delcy Rodríguez. La modificación redujo cargas fiscales posibles, amplió las facultades del Ministerio de Petróleo, permitió transferencias de activos y tercerizaciones y dio a operadores privados mayor autonomía para explotar y comercializar crudo, incluso cuando fueran socios minoritarios de empresas mixtas con PDVSA.
La reforma fue presentada y aprobada en menos de dos semanas y acompañó el plan de Trump para atraer hasta US$ 100.000 millones hacia la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. La Asamblea perdió además parte de su capacidad anterior para aprobar contratos petroleros, mientras el Ministerio de Petróleo concentró las facultades para firmarlos y modificar sus condiciones. Propuestas opositoras para aumentar la transparencia, limitar esas atribuciones y preservar la aprobación parlamentaria de los contratos fueron rechazadas. Inmediatamente después Washington flexibilizó sanciones sobre el sector energético.
El petróleo no fue el único sector. En abril se aprobó una nueva legislación minera que permite a compañías privadas y extranjeras explotar oro y otros minerales estratégicos mediante concesiones de hasta 30 años, prorrogables dos veces por diez años. La administración Trump respaldó públicamente la reforma y el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, afirmó durante una visita a Venezuela que abriría oportunidades para las empresas. Delcy Rodríguez informó entonces que unos 120 potenciales inversores energéticos, en su mayoría estadounidenses, habían visitado el país desde enero.
Antes incluso de aprobarse esa ley, Minerven había acordado entregar entre 650 y 1.000 kilos de oro doré a la comercializadora Trafigura para mercados estadounidenses. La Casa Blanca confirmó que Burgum ayudó a cerrar el negocio y afirmó que el acuerdo había sido trabajado siguiendo instrucciones de Trump porque permitiría abastecer de minerales a la industria estadounidense.
El cuadro económico ayuda a comprender por qué la futura composición del TSJ importa tanto. Nuevos contratos petroleros, transferencia o explotación privada de activos, concesiones mineras de varias décadas, arbitrajes, inversiones extranjeras y eventuales controversias necesitarán tribunales que determinen cómo se interpretan y protegen esos acuerdos. En ese contexto llega ahora la decisión política de sustituir a todos los magistrados del máximo tribunal.
Washington también está dentro de Venezuela
Los terremotos del 24 de junio agregaron una dimensión humanitaria dramática y abrieron además una nueva etapa de presencia estadounidense. Estados Unidos desplegó más de 900 militares dentro del territorio venezolano, junto con unos 800 efectivos adicionales en Puerto Rico y Curazao. El jefe del Comando Sur confirmó asimismo la utilización de drones MQ-9 Reaper y capacidades estadounidenses de inteligencia para las tareas desplegadas después de la catástrofe.
La asistencia frente a una tragedia de esa magnitud responde a necesidades humanas reales, pero el despliegue se produjo apenas seis meses después de que las fuerzas estadounidenses ejecutaran la operación militar que capturó al presidente venezolano. La transformación de una fuerza invasora en un actor con presencia militar, diplomática, económica y política estable dentro del país constituye uno de los rasgos más profundos de la nueva relación entre Caracas y Washington.
El acuerdo firmado ahora por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera incorpora además la recuperación de las 31 toneladas de oro venezolano retenidas en el Banco de Inglaterra y promete mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para emplear esos recursos en la reconstrucción después de los terremotos. Las reservas están valuadas actualmente en alrededor de US$ 4.000 millones.
La democratización de Venezuela era una deuda previa a la intervención estadounidense. Durante años el TSJ y las instituciones electorales fueron cuestionados por su subordinación al poder político; las persecuciones, detenciones arbitrarias y restricciones a libertades fundamentales tampoco desaparecen porque Washington haya intervenido militarmente. Una perspectiva democrática y humanista no necesita elegir entre justificar ese aparato autoritario o aceptar que una potencia extranjera determine qué instituciones deben reformarse, quién participa en las negociaciones y en qué momento los venezolanos podrán volver a elegir a sus autoridades.
Por eso la renovación completa del Tribunal Supremo no puede analizarse aislada del proceso que la precede. Desde enero Estados Unidos intervino militarmente, tomó bajo su control los ingresos petroleros, abrió junto con el Gobierno interino un nuevo marco para las petroleras privadas, respaldó una legislación destinada a atraer capital extranjero hacia la minería, participó en negocios de oro y colocó la transición política al final de una hoja de ruta diseñada en Washington. Ahora el máximo tribunal encargado de interpretar buena parte de esa nueva arquitectura jurídica también será reconstruido mediante un acuerdo político negociado bajo la influencia estadounidense.
El chavismo y este sector de la oposición pueden repartirse las sillas del nuevo TSJ. Lo que no pueden sustituir es la soberanía popular. Si Venezuela pretende salir del autoritarismo y reconstruir una democracia real, esa salida debe colocar por delante los derechos de su población, las libertades políticas, la elección soberana de sus autoridades y el control público de sus recursos. Cambiar magistrados después de cambiar las reglas del petróleo y la minería, mientras la principal fuente de divisas permanece bajo custodia de otra potencia, configura algo muy distinto a una recuperación plena de la soberanía venezolana.