El conflicto de FFOSE vuelve a mostrar una realidad que el país no puede tratar como un problema menor: OSE llegó al cambio de gobierno con menos funcionarios propios, más tercerización, pérdidas de agua superiores al 50% y una estructura operativa exigida al límite. La advertencia sindical no aparece aislada. Es el resultado de años de ajuste, vacantes eliminadas y mantenimiento insuficiente en el organismo que garantiza el agua potable en Uruguay.
La advertencia de FFOSE
La vicepresidenta de FFOSE, Noelia Aysa, afirmó que “la OSE está en una situación crítica y el camino es muy oscuro”. Según la dirigente, el organismo necesita alrededor de 2.000 funcionarios más para sostener el servicio en condiciones adecuadas.
El sindicato reclama ingreso de personal, cumplimiento del acuerdo firmado en 2025, recategorizaciones pendientes y una negociación real con participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para FFOSE, el problema no es solo salarial ni administrativo: es la capacidad del Estado para sostener un servicio básico en todo el territorio.
OSE no es una empresa más. Es el organismo que garantiza agua potable y saneamiento. Cuando se reducen funcionarios, se eliminan vacantes y se sustituyen capacidades internas por tercerizaciones, el deterioro no siempre aparece de inmediato. Pero aparece después: en demoras, sobrecarga laboral, pérdida de respuesta territorial, mantenimiento atrasado y servicios cada vez más exigidos.
Menos personal propio, más tercerización
Los datos oficiales muestran el tamaño del problema. En 2019, OSE tenía 4.523 funcionarios propios. En 2024 cerró con 3.790. Es decir, durante el período del gobierno de Luis Lacalle Pou, el organismo terminó con 733 trabajadores propios menos.
En 2019, el personal propio representaba el 79% del modelo de gestión de OSE y los servicios tercerizados el 21%. En 2024, el personal propio bajó al 66% y la tercerización subió al 34%.
También aumentó el gasto en servicios tercerizados: pasó de $ 1.672 millones en 2019 a $ 3.106 millones en 2024. El propio Informe de Gestión 2024 reconoce que el aumento de contrataciones externas alteró el modelo de gestión del organismo, incluso en áreas sensibles como plantas de tratamiento, potabilización, cuadrillas y servicios operativos.
La política de achique quedó expresada desde el inicio del período anterior. En el presupuesto 2020 de OSE se dispuso eliminar el 67% de las vacantes generadas ese año. También se establecieron reducciones en contratos de becarios, pasantes, arrendamientos de servicios y otras modalidades.
El resultado fue una empresa pública con menos personal estable, más dependencia de servicios externos y menor capacidad interna para sostener tareas permanentes. Esa es la base material del conflicto actual.
Agua perdida, infraestructura exigida y crisis hídrica
El deterioro también se expresa en la red. En 2024, OSE elevó a distribución 346,7 millones de metros cúbicos de agua. De ese total, facturó 170,7 millones. La diferencia fue de 175,9 millones de metros cúbicos de agua no facturada.
El indicador de pérdidas sobre agua disponible fue de 50,4%. En términos simples: más de la mitad del agua elevada por el sistema se perdió o no fue facturada por distintas razones, entre ellas pérdidas físicas, problemas de medición, consumos no facturados o irregularidades.
El mantenimiento tampoco estuvo a la altura de la escala del sistema. En 2024 se sustituyeron 119 kilómetros de tuberías sobre una red total de 17.337 kilómetros. Eso representa apenas el 0,69% de la red. También se cambiaron 46.000 medidores sobre más de 1,19 millones vigentes, apenas el 3,86%.
La crisis hídrica de 2023 dejó al desnudo una fragilidad que venía de antes. El sistema metropolitano mostró baja resiliencia, dependencia excesiva de fuentes limitadas y una estructura con pérdidas muy altas. La sequía fue un fenómeno extremo, pero el impacto fue mayor porque el país no tenía una OSE fortalecida, con personal suficiente, inversión sostenida y obras estratégicas terminadas.
El gobierno de Yamandú Orsi recibe una OSE con una agenda pesada: recuperar personal, reducir pérdidas, fortalecer capacidades internas, avanzar en obras estructurales y reconstruir planificación pública. Casupá aparece como una respuesta necesaria para aumentar reservas, pero ninguna obra aislada resuelve por sí sola el problema si el organismo que debe gestionar el sistema sigue debilitado.
El conflicto de FFOSE, entonces, no es solo una pulseada sindical. Es una advertencia sobre el estado real de una empresa pública esencial. Después de años de ajuste y reducción de capacidades, Uruguay enfrenta una pregunta concreta: si quiere garantizar el derecho humano al agua, deberá fortalecer OSE. No vaciarla, no tercerizarla como salida automática, no sostenerla con menos trabajadores y más presión sobre quienes quedan.