El presidente Yamandú Orsi convocó para este lunes 12 de octubre, a las 10:00 horas, una nueva reunión del Consejo de Ministros en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. El encuentro se desarrollará con agenda abierta, en un escenario marcado por la reducción de la pobreza, el reciente acuerdo laboral en el puerto de Montevideo y una iniciativa legislativa destinada a reconocer la nacionalidad uruguaya de los ciudadanos legales.
Una reunión de gabinete para coordinar la marcha del gobierno
El presidente Yamandú Orsi reúne este lunes a su gabinete ministerial en la residencia de Suárez y Reyes, en el Prado de Montevideo. Será la undécima sesión del Consejo de Ministros en lo que va de 2026 y la decimoséptima desde el comienzo de su administración, en marzo de 2025.
La convocatoria llega después de varias semanas de actividad política, negociaciones laborales y anuncios gubernamentales. El Poder Ejecutivo no estableció públicamente un temario cerrado para la reunión, una modalidad que permite a los ministros presentar asuntos de sus respectivas carteras y coordinar decisiones con Presidencia.
Orsi ha manifestado su intención de mantener encuentros más frecuentes con el gabinete. Durante 2026, las reuniones se realizaron, en promedio, cada 27 días, frente a los 48 días registrados durante 2025. La última sesión había tenido lugar el 1.º de setiembre en la Torre Ejecutiva.
En aquella oportunidad, el gobierno abordó las tarifas de los combustibles, el proyecto de ley sobre política espacial, la construcción del futuro Hospital de la Costa y los arbitrajes internacionales vinculados a inversiones. El Ejecutivo resolvió mantener sin aumentos los precios de los combustibles durante setiembre y anunció avances en la licitación del centro hospitalario proyectado para Atlántida, con una inversión prevista de hasta 36 millones de dólares.
La reunión de este lunes encuentra al gobierno en una etapa de implementación de políticas económicas y sociales, con distintos ministerios involucrados en proyectos de infraestructura, protección social, relaciones laborales y reformas normativas. La coordinación de esas áreas constituye una parte importante del funcionamiento del Consejo de Ministros.
Una ley para reconocer la nacionalidad de los ciudadanos legales
Entre los asuntos que llegan con una definición anunciada se encuentra el proyecto de ley interpretativa de la Constitución destinado a reconocer como nacionales uruguayos tanto a los ciudadanos naturales como a los ciudadanos legales.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó el viernes 9 de octubre que la iniciativa será firmada durante el Consejo de Ministros de este lunes y posteriormente remitida al Parlamento.
La propuesta procura resolver una situación que afecta a personas nacidas en el extranjero que adquirieron la ciudadanía legal uruguaya, pero encuentran dificultades para obtener el reconocimiento de su nacionalidad, especialmente en la expedición de pasaportes.
La iniciativa surgió a partir de reclamos formulados por organizaciones sociales de ciudadanos legales. Presidencia mantuvo reuniones con los peticionantes y con representantes de Todos Somos Uruguayos, mientras que para la elaboración del proyecto se realizaron consultas con los constitucionalistas Ruben Correa Fleitas y Martín Risso.
El texto propone una interpretación constitucional que reconozca como nacionales uruguayos a ambas categorías de ciudadanos. También contempla una solución para los menores de edad, permitiendo que accedan a la Carta de Ciudadanía mediante sus representantes legales, con la obligación de ratificarla cuando alcancen la mayoría de edad.
Díaz explicó que la situación actual puede generar dificultades especialmente graves para quienes provienen de países que no reconocen la doble nacionalidad y se ven obligados a renunciar a la de origen. En determinados casos, esa situación puede dejarlos prácticamente sin una nacionalidad reconocida.
El prosecretario sostuvo que se trata de una cuestión de derechos humanos y de igualdad entre ciudadanos. La iniciativa busca superar esas diferencias mediante una interpretación constitucional que permita resolver los problemas administrativos y jurídicos que enfrentan miles de personas integradas a la sociedad uruguaya.
La firma prevista para este lunes constituye el paso previo al tratamiento parlamentario, donde deberá discutirse el alcance de la interpretación propuesta por el Ejecutivo.
La reducción de la pobreza y el acuerdo portuario en el escenario político
El Consejo de Ministros se reúne también pocos días después de conocerse los resultados del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al primer semestre de 2026, que registraron una disminución de la pobreza y la indigencia en Uruguay.
De acuerdo con el informe publicado el 7 de octubre, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza pasó del 17,7% en el primer semestre de 2025 al 14,8% en el mismo período de 2026. La reducción fue de 2,9 puntos porcentuales, mientras que la pobreza medida en hogares descendió del 13,9% al 11,6%.
Los indicadores de indigencia también mostraron una mejora. El porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias básicas disminuyó del 1,8% al 1,2%.
Los resultados representan una mejora en los indicadores de ingresos, aunque una parte importante de la población continúa enfrentando dificultades económicas. La evolución de los salarios, las transferencias sociales y las políticas destinadas a los hogares más vulnerables forman parte del escenario en el que el gobierno deberá desarrollar los próximos años de gestión.
En materia laboral, la reunión tiene lugar después del acuerdo alcanzado entre Terminal Cuenca del Plata y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, firmado el miércoles 7 de octubre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El convenio, negociado con la intervención de la Dirección Nacional de Trabajo, tendrá vigencia desde el 1.º de octubre de 2026 hasta el 30 de setiembre de 2031. Entre sus disposiciones figuran el aumento progresivo de los jornales asegurados, mejoras en las condiciones salariales, una partida extraordinaria de 38.750 pesos líquidos y mecanismos de negociación para atender futuros conflictos.
El acuerdo incorpora además una mesa técnica para analizar los efectos de las nuevas tecnologías sobre los puestos de trabajo, la salud laboral y las necesidades de capacitación. También establece procedimientos de negociación ante eventuales diferencias entre la empresa y los trabajadores.
El ministro Juan Castillo destacó la participación de las partes durante las negociaciones y la importancia de alcanzar una solución mediante el diálogo. Tras la firma del convenio, los ministerios de Trabajo y de Transporte dejaron sin efecto las medidas de servicios mínimos que habían sido dispuestas durante el conflicto portuario.
La reducción de la pobreza y el entendimiento laboral son dos de las novedades que preceden a la reunión presidencial. Aunque no fueron confirmadas como puntos específicos del encuentro, forman parte de la actividad reciente del Ejecutivo, junto con la iniciativa de nacionalidad que llega al Consejo con una resolución legislativa anunciada.