La suspensión del acto central por la Jura de la Constitución fue presentada por dirigentes blancos y colorados como una prueba de desprecio por la República. Mientras el temporal provocaba una muerte, ráfagas de casi 130 kilómetros por hora y daños en buena parte del país, la oposición hablaba de “llovizna”, “niebla” y un gobierno “de azúcar”.
Una alerta meteorológica convertida en crisis republicana
El gobierno resolvió suspender el acto central por el 196.º aniversario de la Jura de la Constitución que debía realizarse este sábado 18 de julio en la plaza Constitución de Montevideo.
La ceremonia incluía un acto protocolar, un desfile militar y policial y la participación de caballería gaucha. Presidencia explicó que la medida fue adoptada ante la alerta meteorológica vigente y para preservar la integridad de quienes participarían de la actividad.
Hasta ahí, una decisión administrativa discutible, como tantas otras. Se podía cuestionar la hora del anuncio, preguntar por qué no se trasladó una parte de la ceremonia a un recinto cerrado o reclamar una nueva fecha. Pero la oposición uruguaya decidió que eso era demasiado poco.
Pablo Abdala llegó a hablar de “desolación” e “indignación”. Según el diputado nacionalista, al gobierno no le importa la Constitución y cualquier excusa le sirve para ignorarla.
Ope Pasquet comparó la suspensión con la cancelación de un partido de la Extra. Juan Martín Rodríguez sostuvo que el gobierno era “de azúcar”. Álvaro Delgado afirmó que el Ejecutivo “le erró” y Andrés Ojeda se presentó en la plaza para grabar su llegada al acto suspendido.
En pocas horas, una resolución tomada ante una alerta meteorológica había sido transformada en una supuesta declaración de guerra contra la institucionalidad nacional.
Mientras algunos denunciaban una “llovizna”, el temporal golpeaba al país
El problema de construir una ofensiva política antes de que terminen de conocerse los hechos es que, en ocasiones, la realidad aparece y arruina el libreto.
Durante la madrugada y la mañana del sábado, el temporal afectó a 14 departamentos. En Salto se registraron ráfagas de hasta 129,5 kilómetros por hora; en Tacuarembó alcanzaron los 111 kilómetros por hora y en Treinta y Tres llegaron a 94.
UTE informó que unos 48.000 servicios eléctricos fueron afectados en distintos puntos del territorio. Bomberos debió intervenir por árboles caídos, techos desprendidos, columnas dañadas y tendidos eléctricos en situación de riesgo.
Una mujer murió en Salto cuando la motocicleta en la que circulaba chocó contra chapas arrancadas por la fuerza del viento.
Pero mientras los organismos públicos atendían las consecuencias del temporal, varios dirigentes opositores seguían hablando de una “llovizna” que nunca llegó a Montevideo. Como si las decisiones nacionales debieran tomarse observando únicamente el cielo sobre la plaza Matriz y no la situación meteorológica del conjunto del país.
El gobierno podía comunicar mejor. También podía haber estudiado alternativas para realizar una ceremonia reducida bajo techo. Nada de eso convierte la suspensión de un desfile en un desprecio por la Constitución.
Mucho menos cuando la advertencia meteorológica terminó acompañada por daños materiales, interrupciones de servicios y una víctima fatal.
El modelo de la indignación permanente
La reacción permite observar una tendencia cada vez más marcada en la oposición uruguaya: ninguna decisión del gobierno puede ser simplemente equivocada, insuficiente o discutible. Todo debe convertirse en una amenaza institucional, una humillación nacional o una prueba de que el Frente Amplio desprecia al país.
Es una estrategia que comienza a recordar, en su forma discursiva, al modelo desarrollado durante años por sectores de la oposición venezolana encabezados por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a quien ese espacio político presentó como presidente electo tras los cuestionados comicios de 2024.
No se trata de equiparar a Uruguay con Venezuela. Las realidades son profundamente diferentes. La oposición venezolana ha actuado bajo proscripciones, persecución política, dirigentes encarcelados y un sistema electoral severamente cuestionado. Precisamente por eso resulta desproporcionado importar ese tono de denuncia total para aplicarlo en Uruguay a la suspensión de un acto por razones meteorológicas.
En ese modelo político, cada resolución del gobierno es presentada como una ruptura democrática y la oposición se atribuye la representación exclusiva de la República. No hay medidas administrativas: hay atropellos. No hay diferencias políticas: hay traiciones. No hay alertas meteorológicas: hay un plan para borrar la historia nacional.
El Partido Nacional y el Partido Colorado parecen cada vez más cómodos con ese registro. Antes de conocer todas las consecuencias del temporal ya habían decretado que al gobierno “no le importa” la Constitución.
La paradoja es evidente: dirigentes que dicen defender la seriedad institucional convirtieron una alerta meteorológica en contenido para redes sociales. La Constitución quedó reducida a una escenografía para grabar videos, publicar frases altisonantes y competir por quién expresaba mayor indignación.
La oposición tiene todo el derecho de cuestionar la decisión y exigir mejores explicaciones. Pero una democracia también necesita cierta proporción. No toda controversia es una crisis republicana y no toda suspensión implica desprecio.
A veces una alerta meteorológica es simplemente una alerta meteorológica.
Y cuando el fenómeno termina dejando una persona fallecida, fuertes daños y decenas de miles de hogares afectados, tal vez quienes se apresuraron a burlarse de la decisión deberían revisar su discurso antes de continuar dando lecciones sobre responsabilidad institucional.