Quatroges

Operación Tríada: cuatro formalizados por explotar sexualmente a adolescentes bajo protección del INAU

Tres ciudadanos dominicanos y uno venezolano fueron enviados a prisión preventiva tras tres investigaciones que detectaron presuntos abusos, pagos a cambio de actos sexuales, suministro de drogas y amenazas contra adolescentes institucionalizadas en situación de extrema vulnerabilidad.

Tres investigaciones y cuatro formalizaciones

Cuatro hombres —tres ciudadanos dominicanos y uno venezolano— fueron formalizados por la Justicia el 3 de septiembre de 2026 en el marco de la Operación Tríada. Las investigaciones determinaron que adolescentes institucionalizadas bajo la protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay habrían sido víctimas de explotación sexual por parte de personas adultas.

Los procedimientos fueron realizados durante la primera semana de septiembre e incluyeron allanamientos y detenciones. Participaron la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, el Departamento de Investigación de Delitos Especiales y las unidades policiales especializadas en Delitos Especiales y Cibercrimen.

Las actuaciones judiciales estuvieron divididas en tres causas, dirigidas por las Fiscalías de Delitos Sexuales de Montevideo de 4.º, 5.º y 6.º turno. Las autoridades no informaron cuántas adolescentes fueron identificadas como víctimas, sus edades, los centros del INAU en los que residían ni cómo entraron en contacto con los imputados.

Abusos, drogas, violencia y pagos por actos sexuales

En la primera investigación, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4.º turno consiguió la formalización de un ciudadano dominicano por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, retribución o promesa de retribución a menores para que realizaran actos sexuales, contribución a la explotación sexual y violencia doméstica especialmente agravada. La Justicia dispuso su prisión preventiva hasta el 1.º de marzo de 2027.

La Fiscalía de 5.º turno obtuvo la formalización de otros dos ciudadanos dominicanos. Uno fue imputado por tentativa de abuso sexual especial y específicamente agravado, reiterados delitos de retribución o promesa de retribución por actos sexuales, contribución a la explotación sexual, corrupción y suministro de estupefacientes a menores. El segundo enfrenta cargos por abuso sexual agravado, abuso sexual sin contacto corporal, explotación sexual, corrupción y dos delitos de violencia privada agravada. Ambos permanecerán en prisión preventiva hasta el 3 de marzo de 2027.

La tercera causa, dirigida por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6.º turno, culminó con la formalización de un ciudadano venezolano por abuso sexual especialmente agravado y retribución o promesa de retribución a menores para que ejecutaran actos sexuales. Se le impuso prisión preventiva hasta el 2 de marzo de 2027. Los cuatro hombres están sometidos a investigación penal y todavía no fueron condenados.

Cuando el sistema de protección no alcanza

La nacionalidad de los investigados forma parte de la información oficial, pero no explica los delitos ni habilita ninguna generalización xenófoba. El centro del caso está en la violencia ejercida por personas adultas contra adolescentes cuya extrema vulnerabilidad habría sido utilizada para someterlas y explotarlas. Las responsabilidades penales son individuales y deberán ser determinadas por la Justicia.

Que las víctimas estuvieran institucionalizadas obliga a examinar también la respuesta del Estado. Estar bajo el amparo del INAU significa que existía un deber reforzado de cuidado y protección. La investigación deberá establecer cómo fueron captadas, cuánto tiempo permanecieron expuestas, qué señales conocían los responsables institucionales y si los mecanismos de prevención, vigilancia y búsqueda actuaron oportunamente.

La Operación Tríada permitió identificar sospechosos y llevarlos ante la Justicia, pero la respuesta pública no puede terminar con cuatro prisiones preventivas. Las adolescentes necesitan protección efectiva, asistencia especializada, reparación y garantías de no repetición. También corresponde determinar qué falló para que siguieran expuestas a redes de violencia después de haber ingresado al sistema creado precisamente para protegerlas.

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