por Andrés Alsina
La Operación Trazador no estaba en los planes de la oposición. Ahora, ésta quiere distraer del brete cada vez más estrecho en el que está Jorge Gandini, su hombre en TCP, inventando una interpelación al ministro de Trabajo Juan Castillo para que dé explicaciones que él ya dió al comienzo del agravamiento del conflicto portuario. Fue dicho y nadie discute que no se decreta la esencialidad del trabajo portuario porque no se cumplen las condiciones para medida tan grave según la OIT.
A esto se añade que el ministro se declaró personalmente no partidario de la medida, con lo cual reclamársela es claramente una chicana política. La posición personal de Castillo es comprensible. La esencialidad es de penosa memoria para el pueblo uruguayo, y las heridas y muertes de la época de Pacheco Areco en que se declaró, todavía duelen. Y esos hechos prologaron la dictadura civil y militar que se padeció desde 1973, y cuyo término dejó efectos que perduran en el dolor. Se lo llama «pasado reciente».
Dice el diputado dispuesto a plantear la moción de interpelación en la sesión del martes, Adrian Juri, que ya hay consenso en la llamada Coalición Republicana para votarla. La CR es muy parecida a un matrimonio abierto: no está el compromiso de estar bajo un mismo lema, así que son aceptadas las relaciones fuera de él, ya sea políticas, o de pareja en el caso del matrimonio abierto. Este no sería el caso, según el consenso que anuncia el diputado del grupo de Bordaberry.
El temario de la interpelación es amplio, así que facilita la generalización. A lo de TCP el planteo suma, según anunció en X el diputado, “los conflictos que atraviesan distintos sectores productivos del país, la situación de los frigoríficos en varios departamentos y los cierres y reestructuras de empresas».
Es interesante que la oposición, o quien decide en ella, crea necesario inventar un distractor de esta envergadura. Es más: se está dispuesto a redoblar la apuesta, con un proyecto de ley que ordene la intervención estatal frente a los conflictos laborales mediante tres categorías: servicios esenciales en sentido estricto, esencialidad sobreviniente y servicios mínimos en actividades consideradas de importancia trascendental. Y al cuerno con la OIT.
La nostalgia de los tiempos de Pacheco Areco es fuerte. Hay una pulsión represiva evidente contra la actividad gremial que encontrará la forma de extenderse hacia el estudiantado. Si lograran tal ley, su proa querrá arrasar con la política social del Frente Amplio, las propuestas de mancomunar la acción de los distintos recursos del Estado hacia objetivos que la necesitan para superar problemas endémicos se hará astillas, y habrá muertos y presos.
Por ahora, lo que hay es una idea de interpelación salida de la nada, y va de suyo que desmesurada para «pedir explicaciones». Para eso, bastaría con un llamado a comisión parlamentaria, según dicta la vasta experiencia uruguaya. La explicación de la idea opositora es distraer la atención, la acción y el relato de la Operación Trazador, de modo que Gandini no tenga trazos. Porque si las aguas servidas mojan los zapatos de Gandini, se abre claramente el camino de la duda hacia TCP, y allí, rápidamente hacia Katoen Natie.
Dada la negociación entre Luis Lacalle Pou y Katoen Natie para el nuevo contrato hasta 2081 que demostró la interpelación a Luis Alberto Heber en agosto de 2021, es explicable que Gandini saliera a hacer declaraciones respecto de Operación Trazador sin que nadie lo haya nombrado, que su teléfono estuviera en poder de al menos uno de los condenados, que Lacalle Pou le haya mentado la madre a Gandini por la situación explicitada y que Gandini dijera que Lacalle Pou lo había apoyado. Esto,. mientras el Partido Nacional guardaba y guarda silencio al respecto.
Es más: que Gandini pidiera el expediente de la causa, que la fiscal cerrara el caso aunque habilitó una segunda investigación, ésta exclusivamente sobre Lavado de Activos. En fin, que politólogos dijeran en público que la situación de Gandini era «comprometida». Y lo del cambio de la mujer, el asesor que cobraba sin trabajar, las montañas de billetes a la vista en el living de la casa del padre procesado y el hijo eximido, y más y más.
Gandini sale a defenderse sin ser nombrado, y lo hace por algo. El sabe que a la hora de elegir entre ampararlo a él o amparar a TCP, sus cofrades no tienen dudas sino certezas.
El general Licandro y Pacheco Areco
El general Víctor Licandro supo describir con justeza la situación generada en el pachecato, que se rescata de la serie documental Testigos. Se refiere el general a la ley de instrucción militar obligatoria de 1940 reclamada por la ciudadanía ante la II Guerra Mundial. Se lo cita hasta el punto final.
«De esa instrucción militar obligatoria quedó la obligación, o el gobierno tenía la posibilidad de obligar a la movilización militar para mantener los servicios esenciales. Y en el momento del ’68 y ’69 se consideró que la actuación bancaria, el servicio de la banca, era un servicio esencial, y por eso se fue a la movilización de los funcionarios, de los empleados, que daban el servicio de la banca en el país.
Esa militarización trajo todo aquel desajuste de la represión en los cuarteles, del corte de pelo, del maltrato, y ese resentimiento que ya desde ahí empezó a formarse entre la clase obrera, entre la población civil y el medio militar. Y ahí ya no se detuvo; la maquinaria marchó.
La represión que marcó Pacheco Areco se hizo cada vez más, y recordemos que en el año ’71, en septiembre, se decreta que los militares tomen a su cargo la acción antisubversiva, porque toda huelga, todo resentimiento que la población manifestaba, se consideraba que era una manifestación subversiva.