Un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas documentó el impacto de las sanciones estadounidenses sobre derechos básicos de la población cubana, desde la alimentación y la salud hasta la electricidad, el agua y la cooperación internacional. La discusión vuelve a colocar una pregunta elemental en el centro: cuánto sufrimiento civil puede justificarse en nombre de una disputa política entre Estados.

Seis décadas de sanciones que terminan pagando las personas

Durante la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos volvió a ponerse sobre la mesa una realidad que durante décadas ha acompañado a generaciones enteras de cubanos. Las medidas económicas, comerciales y financieras aplicadas por Estados Unidos no operan únicamente sobre funcionarios, instituciones o dirigentes políticos. Su impacto atraviesa la vida cotidiana de una población que enfrenta dificultades crecientes para acceder a medicamentos, alimentos, combustible, equipamiento, financiamiento y servicios esenciales.

El informe presentado en Ginebra fue elaborado a partir de la visita realizada a Cuba entre el 11 y el 21 de noviembre de 2025 por Alena Douhan, entonces relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales. Su sucesora, Zaina Jallad, llevó ahora esas conclusiones al Consejo y volvió a reclamar la eliminación o suspensión de las medidas que afectan a la isla. El trabajo identifica particularmente consecuencias sobre los derechos a la alimentación, la salud, la educación, la cooperación internacional y la asistencia humanitaria.

El aspecto más grave no aparece únicamente en las sanciones escritas. Bancos, aseguradoras, empresas de transporte, proveedores y otras instituciones internacionales suelen alejarse de cualquier vínculo con Cuba por temor a quedar expuestos a sanciones estadounidenses. Ese exceso de cumplimiento multiplica el alcance de las restricciones y convierte una decisión adoptada en Washington en una barrera que puede aparecer en una transferencia bancaria, en la compra de una pieza de repuesto o en la llegada de insumos a un hospital.

Cuando la presión económica se convierte en política exterior

El escenario se endureció nuevamente durante 2026. El 29 de enero, Donald Trump declaró a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense y abrió un mecanismo destinado a castigar comercialmente a terceros países que suministraran petróleo a la isla. Aunque el componente arancelario de aquella orden fue posteriormente dejado sin efecto, la emergencia declarada contra Cuba continuó vigente y en mayo Washington amplió nuevamente la arquitectura de sanciones.

La dimensión extraterritorial es una de las cuestiones más sensibles. Ya no se trata solamente de decidir qué puede comprar o vender Estados Unidos, sino de condicionar las relaciones de otros países, empresas y entidades financieras con Cuba. Un proveedor que comercia con la isla, un banco que procesa una operación o un Estado que decide enviar combustible pueden encontrarse ante el riesgo de represalias provenientes de una tercera potencia.

Esa lógica transforma a las sanciones económicas en una herramienta de disciplinamiento internacional. Y cuanto mayor es la asimetría de poder, mayor resulta su capacidad coercitiva. Cuba no enfrenta únicamente la imposibilidad de comerciar normalmente con el mercado estadounidense: enfrenta además el poder financiero, bancario y comercial de Washington proyectado sobre actores que formalmente pertenecen a otros países y jurisdicciones.

Los derechos humanos no pueden utilizarse contra los pueblos

La paradoja es profunda. Las sanciones suelen justificarse invocando democracia y derechos humanos, mientras sus consecuencias recaen sobre personas que no participan de las decisiones políticas que pretenden modificar. Cuando faltan medicamentos, cuando un equipo médico no puede repararse, cuando escasea el combustible necesario para generar electricidad o cuando una operación financiera queda bloqueada, quien recibe el impacto no es una abstracción llamada “régimen”: son familias, trabajadores, niños, personas mayores y enfermos.

Zaina Jallad advirtió ante el Consejo que las sanciones unilaterales están produciendo crisis humanitarias severas y castigando poblaciones enteras por disputas políticas sobre las que esas poblaciones carecen de capacidad de decisión. En el caso cubano, el informe describe obstáculos sobre servicios públicos esenciales como la generación eléctrica, el abastecimiento de agua, el transporte y la infraestructura, además de las restricciones sobre salud y alimentación.

Más de seis décadas después, Washington continúa pretendiendo modificar el rumbo político de Cuba mediante una política cuyo costo se traslada sistemáticamente a la sociedad cubana. La discusión que llegó nuevamente a Naciones Unidas no borra los problemas internos ni las responsabilidades que correspondan al propio Estado cubano. Pero ningún desacuerdo político convierte en legítimo el empobrecimiento deliberado de una población. Los derechos humanos comienzan precisamente allí: en impedir que millones de personas sean utilizadas como instrumento de presión para conseguir objetivos geopolíticos.