Andrés Ojeda presentó un proyecto para ampliar y regular el uso de infraestructura, logística y eventualmente personal militar en apoyo a la seguridad pública. Lo hizo en plena polémica por los blindados del Ejército: el gobierno pidió recursos para reforzar operativos policiales, pero los primeros vehículos enviados —los RPZ Cóndor— no convencen al Ministerio del Interior. En vez de esperar una implementación seria, la derecha vuelve a convertir el problema en presión política, especulación y disputa por el relato.
Ojeda entra por la ventana del conflicto
La discusión por los blindados todavía no terminó de resolverse y Andrés Ojeda ya buscó instalarse en el centro de la escena. El senador colorado anunció un proyecto de ley para que el Ministerio del Interior pueda utilizar infraestructura y logística del Ministerio de Defensa en tareas vinculadas a la seguridad interna, con foco en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
La iniciativa, según lo que el propio Ojeda adelantó, no se limita a los vehículos blindados. Pretende dar un marco más amplio para que Interior pueda recurrir a recursos materiales, logísticos y de infraestructura de Defensa. También plantea regular qué ocurre si personal militar queda afectado a esas tareas: cuál sería su campo de acción, qué garantías jurídicas tendría y qué compensación económica recibiría por realizar funciones que no son propias de su misión habitual.
El debate sobre un marco legal puede ser legítimo. De hecho, si el Estado va a usar recursos militares en apoyo a la seguridad pública, corresponde discutir límites, controles, conducción civil, coordinación institucional y responsabilidades. Pero Ojeda no aparece en un momento neutro. Aparece cuando el gobierno queda expuesto por una implementación todavía confusa y cuando el tema ya genera ruido entre ministerios, oposición, Fuerzas Armadas y opinión pública.
Ojeda respalda la orientación general, critica la forma, presenta su proyecto y se reserva el lugar de quien “advirtió”, “empujó” o “corrigió” al gobierno. Es una maniobra conocida: acompañar lo que puede rendir políticamente, pero dejar instalada la acusación de desprolijidad para cobrar si algo falla.
Los Cóndor, los Mamba y la oportunidad política
El Ministerio del Interior esperaba contar con vehículos útiles para patrullajes en zonas de alta violencia. Sin embargo, los primeros blindados ofrecidos fueron los RPZ Cóndor, unidades que no convencen a las autoridades policiales por sus limitaciones operativas, en especial por la escasa visibilidad lateral.
Para un operativo urbano no alcanza con que el vehículo sea blindado. Tiene que permitir observar el entorno, moverse en calles complejas, proteger al personal y servir a una estrategia policial concreta. Un vehículo puede ser fuerte desde el punto de vista militar y, al mismo tiempo, poco adecuado para patrullaje urbano.
Mientras Interior mira con más interés otros modelos, especialmente los Mamba MK7 donados por Estados Unidos para fines militares específicos, Ojeda aprovecha ese terreno gris para colocar su iniciativa. Según explicó, incluso hubo consultas informales con la embajada estadounidense y, de acuerdo con su versión, no habría objeción a que esos vehículos sean usados en seguridad interna.
Ese punto también tiene peso político. Ojeda no solo se presenta como legislador que propone una ley. Se presenta como actor que conversa, empuja, destraba y ordena. El problema es que la seguridad pública no puede depender de gestos de oportunidad ni de carreras por ver quién aparece más rápido ante las cámaras.
Primero hubo una necesidad concreta del Ministerio del Interior. Después una respuesta material que no conforma. Luego una discusión sobre qué blindados sirven. Y enseguida apareció el proyecto opositor para ampliar el marco de intervención. Esa secuencia muestra cómo la derecha convierte cada tensión administrativa en una plataforma política.
Carancheo sobre un problema real
El narcotráfico y la violencia armada son problemas reales. Afectan barrios, familias, trabajadores, niños, comercios y servicios públicos. No son un decorado para posicionamientos personales. Pero buena parte de la oposición actúa como si cada dificultad del gobierno fuera una oportunidad para empujar un titular, un proyecto o una acusación.
Ojeda habla de combatir al narcotráfico, de dar garantías a militares, de remunerar tareas extraordinarias, de usar infraestructura de Defensa y de evitar improvisaciones. Son asuntos que deben discutirse. Pero el modo elegido revela otra cosa: una presión política montada sobre una medida que ni siquiera terminó de implementarse.
Si los Cóndor no sirven, hay que decirlo. Si los Mamba requieren autorización, entrenamiento o cambio de destino, hay que aclararlo. Si el apoyo militar necesita una ley, hay que debatirla con seriedad. Si participa personal militar, debe haber reglas estrictas, conducción civil y límites claros. Pero otra cosa es usar cada una de esas preguntas como instrumento de desgaste.
La derecha parece cómoda en esa lógica. Si el gobierno no usa recursos militares, lo acusa de pasividad. Si los usa, dice que lo hace tarde. Si negocia un convenio, reclama una ley. Si aparecen vehículos poco adecuados, convierte el tropiezo en argumento político. Si hay diferencias dentro del oficialismo, las amplifica como crisis. Todo sirve para empujar la misma operación: instalar que la oposición tiene la solución y que el gobierno llega desordenado.
El país necesita otra discusión. Necesita saber qué recursos sirven, cómo se van a usar, quién manda, quién controla, qué barrios serán priorizados, cómo se protegerá a la Policía, cómo se evitarán abusos y cómo se impedirá que la seguridad pública se convierta en una zona gris entre Defensa e Interior.
La propuesta de Ojeda debe leerse en ese marco. No como una simple iniciativa técnica, sino como parte de una disputa política por apropiarse del tema seguridad. El riesgo es que, otra vez, un problema serio termine reducido a carancheo parlamentario.