El ministro de Economía contrapuso la ausencia de representación de los hogares vulnerables con la presión de quienes reclaman rebajas impositivas y beneficios tributarios. Defendió la creación de la Asignación Única para la Infancia, que comenzaría en 2027 y elevaría hasta $10.000 mensuales las transferencias para los niños más pobres.
“Esos niños no tienen lobby”
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, reveló que recibió cuestionamientos de “personas relevantes” por la decisión del gobierno de destinar más recursos a combatir la pobreza infantil.
Durante una exposición ante empresarios de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, Oddone relató que algunos de sus interlocutores rechazaron el énfasis colocado por el Poder Ejecutivo en la infancia vulnerable.
“Me he encontrado con algunas sorpresas, con personas que nunca hubiera sospechado que me fueran a decir: ‘Esto que vos enfatizás de la niñez son lúmpenes’. Personas relevantes. ¿What?”, expresó. El ministro no identificó públicamente a quienes realizaron esos comentarios.
Oddone contrapuso esa mirada con la capacidad de presión que tienen otros sectores económicos. Señaló que los niños y los hogares más pobres no cuentan con representantes que concurran al Ministerio de Economía para defender sus intereses, mientras empresarios y organizaciones reclaman reducciones de impuestos, exoneraciones y otros beneficios.
“Esos niños o esos hogares no tienen el lobby para visitarme. Ninguna de las personas que representan a esa gente se ha sentado una sola vez en mi despacho”, afirmó.
La intervención puso sobre la mesa una desigualdad que trasciende los ingresos: quienes concentran poder económico también disponen de canales para influir sobre las decisiones públicas, mientras las familias más golpeadas por la pobreza dependen de que el Estado coloque sus necesidades entre las prioridades presupuestales.
Oddone reconoció que las transferencias monetarias no son suficientes para resolver la pobreza infantil, pero sostuvo que constituyen un instrumento necesario para comenzar a enfrentar un problema que todos los partidos presentan como prioritario durante las campañas electorales y que después permanece sin solución.
Qué cambia con la Asignación Única
La Rendición de Cuentas crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que reunirá prestaciones actualmente fragmentadas: las asignaciones familiares contributivas, las correspondientes al Plan de Equidad, los componentes de la Tarjeta Uruguay Social vinculados a la infancia y el Bono Crianza.
El nuevo sistema comenzaría a aplicarse el 1.º de enero de 2027 para las personas gestantes y los niños nacidos desde 2025. En una primera etapa abarcará a niños de cero, uno y dos años, y posteriormente incorporará nuevas generaciones de manera gradual.
Para los hogares ubicados en los dos primeros deciles de vulnerabilidad, la prestación prevista para personas gestantes y niños de hasta tres años será de $10.000 mensuales por beneficiario. En los deciles tres y cuatro será de $6.600, mientras que en el quinto decil alcanzará los $3.300.
Cuando el sistema se extienda a las edades comprendidas entre los cuatro y los 17 años, los montos de referencia serán de $6.600 para los dos primeros deciles, $4.400 para el tercero y cuarto, y $2.200 para el quinto. Las cifras están expresadas a valores de enero de 2026 y se actualizarán de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumo.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto estima que en 2027 ingresarán al nuevo régimen 53.842 niños, dentro de un sistema de transferencias que alcanzará aproximadamente a 433.000 beneficiarios. El costo adicional será de US$31 millones en 2027, US$43 millones en 2028 y US$47 millones en 2029.
Para los niños de cero a tres años, el aumento promedio de las transferencias será de 82%. Cuando se complete la incorporación de las demás edades, el incremento promedio previsto para el tramo de cuatro a 17 años será de 68%.
Las simulaciones oficiales indican que la aplicación completa de la reforma podría reducir aproximadamente 25% la pobreza infantil y duplicar el impacto que tiene actualmente el sistema de transferencias sobre ese indicador.
El proyecto también establece que el 80% de la prestación tendrá carácter no condicionado. Ante incumplimientos en la asistencia educativa o los controles de salud, solamente podrá reducirse el 20%, y después de que se hayan agotado las instancias estatales de vinculación o revinculación. De esa forma se busca evitar que los niños pierdan abruptamente todo el ingreso por situaciones que muchas veces responden a las propias condiciones de exclusión del hogar.
Una prioridad social amenazada por el bloqueo político
La reforma se discute en un país donde la pobreza continúa concentrándose de manera desproporcionada en la infancia. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 el 16,6% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Entre los menores de seis años, sin embargo, la incidencia alcanzaba el 29,1%; era de 27,3% entre los seis y 12 años y de 26,5% entre los adolescentes de 13 a 17.
La desigualdad generacional es evidente: mientras casi tres de cada diez niños pequeños viven en hogares pobres, entre los mayores de 64 años la pobreza se ubicaba en torno al 6%.
UNICEF había advertido, además, que durante 2024 unos 230.000 niños y adolescentes vivían en hogares con pobreza monetaria. Al sumar las privaciones multidimensionales relacionadas con vivienda, educación, protección social, servicios y empleo, unos 320.000 —cuatro de cada diez— padecían al menos una de las dos formas de pobreza.
Pese a estos datos, los partidos Nacional, Colorado e Independiente anunciaron anticipadamente que no votarán en general la Rendición de Cuentas. Aunque manifestaron disposición a discutir modificaciones particulares, el rechazo general impediría la aprobación del articulado si el gobierno no consigue apoyos adicionales en la Cámara de Representantes.
Oddone adelantó que, en caso de fracasar la Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo buscará aprobar la reforma mediante una ley alternativa. La decisión confirma que el gobierno pretende mantener el aumento de las transferencias incluso frente al bloqueo opositor.
Las expresiones relatadas por el ministro muestran, además, que la discusión no es solamente presupuestal. También enfrenta dos concepciones: una que considera el apoyo estatal a la infancia como una inversión social y una obligación pública, y otra que estigmatiza a los hogares pobres mientras naturaliza los privilegios tributarios reclamados por los sectores con mayor capacidad de presión.