La Institución Nacional de Derechos Humanos incorporó ocho casos al registro de detenidos desaparecidos. Tres siguen activos y cinco ya fueron aclarados, pero todos exponen una misma verdad: la desaparición forzada no terminó en el momento del crimen; también continuó en los archivos incompletos, las zonas grises y el silencio de los responsables.
La búsqueda de detenidos desaparecidos en Uruguay volvió a mover una frontera sensible de la memoria. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo incorporó ocho casos a la lista de víctimas de desaparición forzada por razones políticas. No se trata solamente de sumar nombres a un registro. Se trata de reconocer historias que habían quedado afuera, atrapadas entre expedientes dispersos, nacionalidades mal registradas, denuncias pendientes y criterios que no siempre fueron los mismos a lo largo de los años.
El informe presentado por la INDDHH muestra un trabajo paciente, de archivo, cruce de datos y testimonios. Desde 2020, la institución tiene por mandato legal la búsqueda de detenidos desaparecidos. Para eso creó un equipo de investigación que recibe denuncias, revisa documentación oficial y no oficial, consulta archivos uruguayos y extranjeros, y vuelve sobre casos que en otros momentos habían quedado sin resolución.
El resultado inmediato fue la incorporación de ocho víctimas: tres casos activos, todavía bajo investigación, y cinco casos ya aclarados, cuyas circunstancias o restos fueron ubicados, pero que igualmente cumplían con las características de desaparición forzada. El dato no es menor. Aun con restos identificados o circunstancias conocidas, el Estado tiene la obligación de nombrar correctamente el crimen.
Una lista que sigue abierta
El equipo de investigación de la INDDHH partió de un universo de 326 casos relevados. De ese total, 40 fueron descartados con documentación que permitió establecer que no correspondían a desaparición forzada. Otros 43 figuran como aclarados. Los 243 restantes siguen bajo análisis, con distintos niveles de avance. Dentro de ese grupo, 162 ya reúnen las características de víctima de desaparición forzada y 81 permanecen en estudio.
Esos números no deben leerse como una estadística fría. Detrás de cada expediente hay una familia que buscó, una denuncia que demoró años en tramitarse, un archivo que no estaba completo o una pista que necesitaba ser revisada con nuevos criterios. La propia INDDHH reconoce que pueden aparecer más nombres. Esa posibilidad confirma algo doloroso: Uruguay todavía no conoce toda la dimensión del daño producido por el terrorismo de Estado y por la coordinación represiva regional.
El trabajo también permitió ordenar casos que habían quedado en zonas grises. Algunos no habían sido incorporados por dudas sobre nacionalidad. Otros habían ocurrido fuera de Uruguay, en el marco del Plan Cóndor o de la persecución política regional. También hubo situaciones en las que la información existía en Argentina, Colombia o El Salvador, pero no había sido integrada con claridad al registro uruguayo.
La directora de la INDDHH, Mariana Mota, explicó que el criterio utilizado toma en cuenta la definición de desaparición forzada, el período histórico, el vínculo de la persona con hechos de persecución política y la intervención de agentes estatales. Ese método permitió revisar lo que antes había quedado disperso.
Nombres recuperados de archivos y fronteras
Entre los tres casos activos incorporados está el de Luis Eduardo Bergés García, nacido en Trinidad en 1944. Fue militante de la Unión de la Juventud Comunista y estaba fichado por el Servicio de Información de Defensa. Mientras permanecía detenido en la Colonia Penal de Viedma, en Río Negro, Argentina, escribió a su familia para avisar que sería liberado en enero de 1983 y que quedaría en manos de Migraciones. Esa fue la última comunicación conocida.
También se incorporó el caso de Aldeber Elgart, uruguayo nacido en 1921, trabajador del Yacht Club Playa Grande de Mar del Plata, militante del Partido Comunista de Argentina y del Sindicato de Gastronómicos. Fue secuestrado en su casa el 21 de junio de 1977 por hombres armados que se identificaron como policías. Le dijeron a su esposa que lo traerían de vuelta. Nunca apareció.
El tercer caso activo es el de Antonio Cosimo Vulcano Díaz, nacido en Montevideo en 1956. Militante del MLN-Tupamaros, pasó por Chile, Cuba y México, y luego se integró al M-19 en Colombia. Murió en 1984 durante una acción militar de ese grupo y fue enterrado como NN en una fosa común, según información aportada por el Ministerio de Defensa colombiano.
Los cinco casos aclarados también fueron incorporados porque cumplen con los criterios de desaparición forzada. Entre ellos está Modesto Orestes Caballero Osuna, nacido en Bella Unión, militante sindical en Argentina, detenido en 1977 tras concurrir a una reunión gremial en Avellaneda. Sus restos fueron enterrados como NN y recuperados e identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
También ingresan Ángel Eduardo González Rodríguez y Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, vinculados al MLN y al PRT/ERP, asesinados en 1975 tras el intento de copamiento del Batallón de Arsenales 601 en Argentina. Sus restos fueron enterrados en fosas comunes y luego identificados.
La lista suma además a María Mercedes Hourquebie de Francese, nacida en Montevideo en 1900, secuestrada en Argentina en 1977 en un operativo represivo contra su familia. Testimonios la ubican en el centro clandestino La Cacha. Sus restos fueron recuperados e identificados por el trabajo forense argentino.
El otro caso incorporado es el de Eduardo Rosado Galarza, nacido en Montevideo en 1949, militante del MLN y del movimiento sindical, exiliado en varios países y asesinado en El Salvador en 1984. Sus restos también fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
La memoria también necesita método
La ampliación de la lista muestra la importancia de sostener políticas públicas de memoria con recursos, equipos técnicos y acceso directo a documentos. No alcanza con recordar. Hay que investigar, cruzar archivos, escuchar testimonios, revisar errores y dejar constancia escrita de cada decisión. Incluso los casos descartados deben ser documentados con seriedad, porque una familia también merece saber por qué una hipótesis se abandona.
La INDDHH trabaja con expedientes judiciales de Uruguay, Argentina y otros países. También mantiene intercambio con instituciones del Estado y busca información sobre posibles lugares de enterramiento. Esa tarea sigue siendo imprescindible porque los principales responsables nunca aportaron toda la verdad. Como señaló el equipo de investigación, el crimen de desaparición forzada busca precisamente no dejar rastros.
La incorporación de estos ocho nombres no cierra una etapa. La abre de nuevo. Uruguay vuelve a mirar su pasado reciente con la obligación democrática de no aceptar zonas oscuras como si fueran destino. Cada nombre agregado es una reparación mínima, pero necesaria. Cada caso reconocido le quita terreno al silencio.