La oposición volvió a apuntar contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, tras su comparecencia en el Senado por la rebaja de la sanción a la anestesista Inés Miralles. Martín Lema habló de “pérdida de confianza”, pero el tono elegido confirma una estrategia política conocida: instalar sospecha permanente, declarar insuficiente cada explicación y convertir cada expediente sensible en una herramienta de desgaste contra el gobierno.
La desconfianza como método
La comparecencia de Cristina Lustemberg ante la Comisión de Salud del Senado duró casi cuatro horas. La ministra explicó la decisión del Ministerio de Salud Pública de reducir de cinco a tres años la sanción administrativa contra Inés Miralles, anestesista condenada por mala praxis en el caso de Soledad Barrera.
Lustemberg sostuvo que no hubo apartamiento de las normas ni intención de favorecer a la médica. Aseguró que la resolución se tomó sobre criterios jurídicos, antecedentes administrativos y elementos técnicos.
La oposición no quedó conforme. El senador nacionalista Martín Lema calificó las respuestas como decepcionantes, dijo que siguen las interrogantes y afirmó que hubo una “pérdida de confianza” en la ministra.
El problema es que esa fórmula empieza a repetirse demasiado. Si el Ministerio explica, no alcanza. Si comparece, no alcanza. Si presenta fundamentos jurídicos, se sospecha. Si reconoce un error administrativo, se usa como prueba de una intencionalidad mayor. La oposición parece haber definido una línea simple: no confiar en nadie del gobierno, aun antes de terminar de escuchar las respuestas.
Un caso grave que exige seriedad
El caso Miralles no es menor. Soledad Barrera murió luego de una intervención quirúrgica y la anestesista fue condenada por homicidio culpable. Hay una víctima, una familia y un sistema de salud que debe rendir cuentas.
Por eso mismo, el tema exige responsabilidad. No debería ser tratado como una pieza más del tablero político. La discusión sobre la sanción administrativa es legítima. También lo es preguntar por qué se redujo, qué antecedentes se tomaron en cuenta y qué papel cumplió la Comisión Honoraria de Salud Pública.
El error ante el TCA dio margen a la ofensiva
Uno de los puntos más delicados fue la contestación fuera de plazo del MSP ante el recurso presentado por Miralles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Desde la cartera se reconoció que la respuesta ingresó un día tarde y se atribuyó el hecho a un error humano.
Ese error no debió ocurrir. En un caso de esta sensibilidad, el Ministerio tenía que actuar con máxima precisión. Cada paso administrativo importa, porque cualquier descuido abre espacio a dudas y le entrega argumentos a quienes quieren convertir el expediente en una crisis política.
Desde el MSP se explicó que el expediente administrativo, las pruebas y las actuaciones ya estaban incorporadas al proceso, y que lo que quedó fuera de plazo fue el relato de los hechos. De todos modos, el episodio derivó en una investigación administrativa interna.
Ese punto debe corregirse y aclararse. Pero también debe ponerse en su lugar. Un error procesal no prueba por sí mismo una maniobra para favorecer a Miralles. La oposición, sin embargo, lo colocó dentro de una narrativa más amplia: según Lema, todos los movimientos terminaron beneficiando a la anestesista.
Palos en la rueda como estrategia
La oposición viene usando una línea de confrontación permanente. No se limita a fiscalizar. Busca instalar que nada de lo que hace el gobierno es confiable, que cada decisión es sospechosa y que cada jerarca debe comparecer bajo una presunción política de culpa.
Ese estilo ya es conocido. Se piden explicaciones, pero cuando llegan se declaran insuficientes. Se exige presencia en el Parlamento, pero luego se afirma que la presencia no despejó nada. Se reclama transparencia, pero se usa cada matiz técnico para reforzar una acusación política previa.
En el caso Lustemberg, esa actitud quedó clara. La ministra no fue acusada de tener vínculo con Miralles. Tampoco se presentó una prueba pública de que haya actuado para favorecerla. Lo que se instaló fue una pérdida de confianza. Es una fórmula cómoda: no necesita demostrar demasiado, pero sirve para erosionar.
Responder mejor, no entrar en la trampa
El gobierno no debería subestimar el episodio. El Ministerio de Salud Pública tiene que explicar mejor, ordenar sus procedimientos y asumir los errores administrativos que correspondan. En temas de salud pública, la confianza se construye con claridad, no solo con defensa jurídica.
Pero también corresponde decirlo: la oposición parece más interesada en declarar la desconfianza que en encontrar una salida institucional. El caso Miralles merece verdad, responsabilidad y reparación. No merece convertirse en otro capítulo de una estrategia donde todo se presenta como escándalo, todo se sospecha y nada alcanza.
Cristina Lustemberg tiene que responder por sus decisiones. El MSP debe mostrar que actuó conforme a derecho y que no hubo trato privilegiado. Pero la oposición también debe hacerse cargo de su forma de actuar: si nunca confía en nada, si todo le parece insuficiente y si cada explicación se transforma en una nueva acusación, entonces el problema ya no es solo el caso Miralles.
El problema es una estrategia política basada en la desconfianza permanente.