El primer ministro israelí afirmó que sus fuerzas ya controlan cerca del 60% de la Franja y planteó avanzar hasta el 70%, por encima de los límites fijados tras el alto el fuego. La decisión golpea cualquier perspectiva de Estado palestino y agrava una crisis humanitaria marcada por muerte, desplazamiento y destrucción.

Israel avanza más allá de la “línea amarilla”

Benjamín Netanyahu volvió a dejar en claro que el alto el fuego en Gaza no detuvo la ocupación israelí. Durante una actividad en el Valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada, el primer ministro afirmó que Israel ya controla alrededor del 60% del territorio de la Franja y sostuvo que su directiva militar es avanzar hasta el 70%.

La declaración confirma una estrategia de hechos consumados sobre el terreno. El acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 había establecido una zona de repliegue israelí marcada por la llamada “línea amarilla”. Esa demarcación debía funcionar como base para una retirada progresiva y para abrir una etapa política distinta. Sin embargo, las denuncias palestinas y los reportes internacionales señalan que Israel hizo lo contrario: amplió su presencia militar, movió zonas de control y redujo todavía más el espacio disponible para la población civil palestina.

El planteo de Netanyahu no aparece aislado. Forma parte de una política que combina control militar, destrucción territorial, bloqueo, presión sobre la población desplazada y una ofensiva diplomática para presentar la ocupación como una necesidad de seguridad. En la práctica, el resultado es otro: Gaza queda dividida, vigilada y cada vez más lejos de cualquier posibilidad real de soberanía palestina.

La frase del primer ministro también tuvo un valor político interno. Frente a sectores más extremistas que reclamaban avanzar sobre todo el territorio, Netanyahu respondió que primero irían por el 70%. La escena mostró hasta qué punto la discusión dentro del poder israelí ya no pasa por retirarse de Gaza, sino por cuánto territorio ocupar y durante cuánto tiempo.

Una ocupación que busca volver permanente lo excepcional

El avance militar sobre Gaza tiene un efecto directo sobre la vida de más de dos millones de palestinos. La población civil queda arrinconada en áreas cada vez más reducidas, con viviendas destruidas, servicios colapsados, escasez de agua potable, falta de alimentos, hospitales golpeados por años de ataques y una infraestructura básica casi inexistente.

El dato territorial no es un detalle técnico. Controlar el 70% de Gaza implica dejar a la mayoría de la población palestina concentrada en una parte mínima del enclave, bajo vigilancia, con movimientos restringidos y sin condiciones dignas de vida. Esa lógica transforma el alto el fuego en una pausa administrada por la potencia ocupante, no en una salida política.

La ofensiva israelí también se conecta con el proyecto de sectores ultraderechistas que promueven la expulsión de palestinos de Gaza y el avance de asentamientos ilegales. Esa idea, presentada muchas veces bajo el lenguaje de la “emigración voluntaria”, pierde todo sentido frente a una población sometida a bombardeos, hambre, bloqueo, destrucción de hogares y ausencia de garantías. No hay voluntariedad real donde la vida cotidiana se organiza bajo amenaza.

La expansión de asentamientos en la Cisjordania ocupada y el intento de consolidar control militar en Gaza tienen un mismo efecto político: hacer cada vez más difícil la existencia de un Estado palestino viable, con continuidad territorial, instituciones propias y soberanía efectiva. Ese es el punto central que muchas veces queda oculto detrás de mapas, porcentajes y declaraciones militares.

Gaza sigue pagando el precio de la impunidad

Desde octubre de 2023, Gaza arrastra una de las crisis humanitarias más graves del siglo. Las cifras difundidas por autoridades sanitarias palestinas y recogidas por agencias internacionales ubican la cantidad de muertos por encima de los 72.000, con más de 172.000 heridos. A ese número se suman víctimas indirectas por enfermedades, falta de atención médica, desnutrición, agua contaminada, destrucción del sistema sanitario y desplazamiento forzado.

Naciones Unidas, organismos humanitarios y organizaciones de derechos humanos han advertido que la destrucción en Gaza no se limita a edificios derrumbados. La guerra arrasó viviendas, escuelas, hospitales, comercios, redes de agua, saneamiento, caminos, campos agrícolas y estructuras básicas para sostener la vida. La recuperación demandaría años, miles de millones de dólares y, sobre todo, una decisión política que hoy no aparece garantizada.

La responsabilidad principal está en el gobierno israelí y en una coalición que convirtió el castigo colectivo contra el pueblo palestino en política de Estado. Pero también pesa sobre las potencias que sostienen a Israel con respaldo militar, diplomático y económico, mientras hablan de paz sin frenar la ocupación ni imponer consecuencias reales.

La ofensiva sobre Gaza no puede leerse únicamente como una operación militar contra Hamás. El alcance territorial, el desplazamiento de civiles, la destrucción de infraestructura y los discursos que hablan de expulsión muestran una política mucho más profunda: reorganizar Gaza por la fuerza, reducir al pueblo palestino a una población administrada y cerrar el camino a su autodeterminación.

Para el pueblo palestino, el anuncio de Netanyahu no es una frase más. Es la confirmación de que el alto el fuego no trajo seguridad, retorno ni reconstrucción. Trajo una ocupación más amplia, una línea militar que se mueve hacia adentro de Gaza y una amenaza permanente sobre quienes ya perdieron casa, familia, trabajo, escuela, barrio y futuro inmediato.

Fuentes:

Reuters
The Guardian
Times of Israel
CNN
Amnistía Internacional
Naciones Unidas
WAFA / AFP