El proyecto presentado por diputados colorados para quitarle a ANCAP la producción de pórtland vuelve sobre una receta conocida: cuando una actividad pública tiene problemas, la respuesta de la derecha no es invertir, mejorar la gestión o defender capacidades estratégicas, sino achicar, cerrar y entregar. Gabriel Gurméndez y otros legisladores colorados proponen sacar al Estado de una industria histórica, con impacto directo sobre plantas, yacimientos, trabajadores y territorios que dependen de esa actividad.
Viejas recetas para problemas reales
La división pórtland de ANCAP arrastra pérdidas y dificultades que nadie debería negar. Hay problemas de costos, competitividad, inversión y escala. Pero reconocer ese diagnóstico no obliga a aceptar la receta de siempre: retirar al Estado, cerrar capacidades productivas y dejar que el mercado decida qué queda en pie y qué desaparece.
El proyecto impulsado por Gabriel Gurméndez, junto a Juan Martín Jorge y Agustín Quintana, propone derogar el cometido de ANCAP de fabricar pórtland, incluido en la ley de creación del ente. En términos concretos, plantea que ANCAP deje de producir cemento en el plazo de un año desde la promulgación de la ley.
No es una simple discusión técnica. La iniciativa apunta al corazón de una ANCAP industrial, creada con una visión de país donde el Estado no era un estorbo, sino una herramienta para sostener producción, empleo, infraestructura y presencia territorial.
La frase atribuida a Carlos Menem —“nada que sea del Estado permanecerá en manos del Estado”— sirve para entender el trasfondo político de la propuesta. Cambian los nombres, cambian los discursos y cambian los formatos, pero la lógica permanece: presentar el cierre como modernización, la retirada como eficiencia y la entrega de activos públicos como solución inevitable.
El proyecto no solo toca una fábrica
La propuesta colorada no se limita a discutir el balance económico del pórtland. Su alcance es mucho mayor. Incluye el cese de actividades vinculadas a los yacimientos de Minas y Paysandú, las plantas industriales de producción de cemento, las instalaciones de Manga para almacenamiento, envasado y despacho, los derechos de explotación de canteras y las sociedades relacionadas con el negocio.
No se trata únicamente de cerrar una línea de producción deficitaria. Se trata de redefinir el destino de activos públicos, canteras, plantas, derechos de explotación y capacidades acumuladas durante décadas. Bienes que pertenecen al Estado pasarían a quedar bajo una nueva lógica, con el Poder Ejecutivo habilitado a ordenar el cierre y resolver qué hacer con esa estructura.
El proyecto también prevé redistribuir funcionarios dentro de ANCAP y declarar excedentes a quienes no puedan ser reubicados, para ofrecerlos a otros organismos del Estado. El texto dice que no se afectarían derechos adquiridos, pero el problema laboral no termina en la planilla. Una planta no es solo un conjunto de cargos: es conocimiento, oficios, economía local, proveedores, familias y ciudades enteras que sienten el golpe cuando el Estado se retira.
Minas, Paysandú, Manga y Treinta y Tres no son nombres accesorios. Son territorios donde la industria pública tiene peso social y económico. Cerrar o desmantelar esa presencia no es una decisión neutra. Es una definición política sobre qué regiones importan, qué trabajos se defienden y qué modelo productivo se quiere para el país.
Gurméndez y el Estado que molesta, salvo para cobrar
La contradicción política es evidente. Quienes presentan estos proyectos suelen hablar del Estado como si fuera una carga, un obstáculo o una maquinaria ineficiente que debe reducirse. Pero lo hacen desde cargos públicos, con salarios públicos y desde instituciones sostenidas por el mismo Estado que dicen querer achicar.
El problema no es que un legislador critique una empresa pública. El problema es que la respuesta sea siempre la misma: si algo público da pérdidas, se cierra; si necesita inversión, se abandona; si tiene activos valiosos, se abre la puerta para desprenderse de ellos; si hay trabajadores y territorios afectados, se los trata como daños colaterales.
El déficit del pórtland existe. ANCAP informó que en 2025 la empresa cerró con ganancia global, pero la división pórtland volvió a registrar pérdidas millonarias. Ese dato debe estar en la discusión. Pero también debe estar la otra parte: una empresa pública no puede evaluarse como si fuera una firma privada cualquiera, sin considerar su papel en la obra pública, el empleo, la soberanía productiva y el desarrollo territorial.
La pregunta real no es si el pórtland de ANCAP tiene problemas. Los tiene. La pregunta es qué se hace con esos problemas. Gurméndez y los diputados colorados eligieron la receta conocida: sacar al Estado del camino. Una receta vieja, presentada como novedad, que en América Latina ya tuvo suficientes ejemplos de fracaso social, concentración económica y pérdida de patrimonio público.
Uruguay necesita discutir cómo hacer eficiente a ANCAP, cómo invertir mejor, cómo bajar costos y cómo sostener una industria pública sin convertirla en un agujero de recursos. Pero una cosa es transformar y otra muy distinta es entregar. El proyecto colorado se ubica en esa segunda tradición: la de un Estado que sirve para pagar sueldos políticos, pero que molesta cuando produce, emplea y conserva bienes estratégicos.