El gobierno de Yamandú Orsi anunció un proyecto para reconocer la nacionalidad uruguaya de quienes nacieron en el extranjero y adquirieron la ciudadanía legal. La iniciativa busca terminar con una desigualdad que afecta desde hace décadas a miles de personas y que genera dificultades incluso para viajar con pasaporte uruguayo. Pero la reacción política no se hizo esperar: el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez adelantó su oposición antes de conocer el texto definitivo. Una vez más, una propuesta del Ejecutivo encuentra un rechazo anticipado desde la oposición, esta vez frente a una iniciativa que procura ampliar el reconocimiento de derechos.
Un país que reconoce ciudadanos, pero les niega la nacionalidad
El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley interpretativa de la Constitución para reconocer como nacionales uruguayos tanto a los ciudadanos naturales como a los legales. El anuncio fue realizado este viernes 9 de octubre por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien explicó que la propuesta será firmada en el Consejo de Ministros del lunes 12 antes de ingresar al Poder Legislativo.
La iniciativa responde a un reclamo de organizaciones de ciudadanos legales, personas nacidas en el extranjero que cumplieron las condiciones establecidas por la legislación uruguaya para adquirir la ciudadanía, pero que no son reconocidas como nacionales del país. La diferencia, sostenida durante décadas por una determinada interpretación constitucional, ha generado dificultades en la documentación y en el reconocimiento internacional de estas personas.
Díaz sostuvo que el asunto constituye una cuestión de derechos humanos y de justicia. La propuesta fue elaborada después de consultas con los constitucionalistas Rúben Correa Freitas y Martín Risso, quienes respaldaron la elaboración de una ley interpretativa. El artículo 85 de la Constitución atribuye expresamente a la Asamblea General la facultad de interpretarla.
El proyecto también contempla la situación de los menores de edad, habilitando que puedan acceder a la carta de ciudadanía mediante sus representantes legales, con posterior ratificación al alcanzar la mayoría de edad. Para quienes construyeron su vida en Uruguay, trabajan, forman familias y participan de la sociedad, la discusión va más allá de una definición jurídica: se trata de que el Estado reconozca plenamente el vínculo que esas personas establecieron con el país.
Los pasaportes y una desigualdad que llegó a las fronteras
Una de las consecuencias más visibles de la distinción entre ciudadanía y nacionalidad aparece en los pasaportes. Los ciudadanos legales uruguayos han enfrentado obstáculos en el extranjero debido a que su documentación no siempre permite identificar claramente su condición de nacionales uruguayos. La situación resulta especialmente delicada para quienes provienen de países que no admiten la doble nacionalidad y debieron renunciar a la de origen para adquirir otra.
El gobierno pretende que, una vez aprobada la ley, los documentos uruguayos reconozcan la nacionalidad tanto de ciudadanos naturales como legales. Díaz aclaró, sin embargo, que la iniciativa no resuelve por sí sola todos los problemas derivados de los requisitos internacionales de identificación y de las normas que aplican otros Estados.
En 2025, el Ministerio del Interior ya había modificado los pasaportes para incorporar el código URY a ciudadanos naturales y legales y retirar el campo correspondiente al lugar de nacimiento. Ahora se plantea consolidar mediante una interpretación legislativa el reconocimiento de nacionalidad que sustenta esa documentación.
La discusión tiene consecuencias concretas sobre la libertad de circulación, la seguridad jurídica y el trato que reciben ciudadanos uruguayos nacidos fuera del territorio nacional. También interpela la capacidad del sistema político para resolver una desigualdad histórica mediante los mecanismos previstos en la propia Constitución.
Rodríguez no esperó a leer el proyecto para anunciar su rechazo
La reacción del diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez llegó poco después del anuncio gubernamental. En sus redes sociales sostuvo que nacionalidad y ciudadanía tienen significados diferentes dentro de la Constitución y que existen razones jurídicas para cuestionar la propuesta. Pero el aspecto más revelador de su intervención estuvo en la propia secuencia de sus palabras: «Esperaremos leer el proyecto, pero adelantamos nuestra postura contraria, por razones de constitucionalidad».
Rodríguez invocó el artículo 81 de la Constitución, que establece diferencias entre la conservación de la nacionalidad y la pérdida de la ciudadanía legal por una naturalización posterior. Se trata de un argumento jurídico que merece discusión parlamentaria. Lo llamativo es que el legislador anunciara su posición contraria antes de examinar el articulado que pretende cuestionar.
Jorge Díaz había expresado su confianza en que todos los partidos pudieran acompañar una solución por tratarse de un problema de justicia y derechos humanos. La respuesta de Rodríguez puso rápidamente un límite a esa expectativa. La discusión constitucional recién comienza, pero el rechazo político ya fue anunciado.
El episodio vuelve a colocar sobre la mesa una dinámica de confrontación entre el gobierno y sectores de la oposición. La discrepancia es legítima y forma parte del funcionamiento democrático; otra cosa es convertir el rechazo anticipado en una forma habitual de relacionarse con las propuestas del Ejecutivo. Cuando el objeto de discusión es el reconocimiento de derechos de personas que viven en Uruguay y que el propio Estado reconoce como ciudadanos, el debate merece algo más que una negativa formulada antes de conocer el proyecto.
La cuestión de fondo es si el Parlamento será capaz de discutir una solución jurídica para miles de compatriotas o si volverá a imponerse la lógica de la confrontación política. El título de esta historia resume esa tensión: sobre el pucho, la escupida.
Quatroges