El Ministerio de Salud Pública abrió una investigación administrativa para esclarecer demoras y trabas en la atención prevista por la Ley 18.596. La norma reconoce el derecho a reparación integral, atención médica gratuita y prestaciones de salud mental, odontológica y farmacológica para víctimas de la actuación ilegítima del Estado.

Una investigación sobre derechos que no podían quedar en espera

El Ministerio de Salud Pública abrió una investigación administrativa para esclarecer atrasos en las prestaciones de salud destinadas a víctimas del terrorismo de Estado y de la actuación ilegítima del Estado. La medida apunta a revisar qué ocurrió durante el período anterior con beneficios reconocidos por ley y vinculados a una de las políticas reparatorias más sensibles del país.

La investigación se enmarca en la Ley 18.596, aprobada en 2009, que reconoce el derecho a la reparación integral de personas afectadas por violaciones cometidas por el Estado entre el 13 de junio de 1968 y el final de la dictadura, el 28 de febrero de 1985. Esa reparación incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

El punto central no es solamente administrativo. Se trata de prestaciones sanitarias vinculadas a daños provocados por prisión política, tortura, persecución, exilio, lesiones, secuestros, cautiverio y otras formas de violencia estatal. En ese marco, la demora en una prestación de salud no es un trámite más: puede afectar directamente a personas que ya cargan con secuelas físicas, psíquicas y familiares de largo plazo.

Reclamos, datos personales y facturas pendientes

La investigación se abrió luego de reclamos de la organización Crysol, que nuclea a ex presos políticos, sobre trabas para acceder a prestaciones gratuitas. Según la información publicada, durante la administración anterior se habrían generado dificultades para validar la condición de beneficiario, lo que obligaba a víctimas a presentar documentación que muchas no conservaban.

El MSP también pidió información al Banco de Previsión Social por el manejo de listados de beneficiarios y datos personales. Según la información disponible, durante el período anterior el BPS entregó datos a solicitud de la cartera y el expediente fue catalogado con acceso público. La actual administración volvió a restringir ese acceso y pidió fundamentos jurídicos sobre la entrega de esa información.

Otro aspecto relevante son las facturas pendientes. La cartera solicitó créditos al Ministerio de Economía por unos 17 millones de pesos para afrontar deudas vinculadas a prestaciones. Parte de esos montos correspondería a servicios de salud mental y a proveedores de atención odontológica y óptica.

La discusión también incluye el cambio de prestadores. Crysol y referentes de la Comisión Especial de Reparación cuestionaron la licitación que asignó al Casmu la atención en salud mental, sin puntuar la experiencia previa de la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, que había trabajado en convenios anteriores. Desde la administración pasada se había señalado, en otro momento, la existencia de observaciones del Tribunal de Cuentas sobre documentación vinculada a convenios previos.

Reparación integral, salud y memoria democrática

La Ley 18.596 no fue pensada solo para reconocer hechos del pasado. También estableció obligaciones concretas para el presente. Las víctimas comprendidas en la norma tienen derecho a recibir prestaciones médicas gratuitas y vitalicias, incluidas asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica.

Ese derecho fue ampliado luego por la Ley 19.859, que aclaró que la atención integral de salud gratuita y vitalicia alcanza también a personas beneficiarias de la Ley 18.033 y a hijos y nietos, biológicos o adoptivos. La reparación sanitaria quedó así integrada al Sistema Nacional Integrado de Salud.

ASSE tiene una Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado, encargada de gestionar y coordinar servicios para personas amparadas por las leyes 18.033 y 18.596. Esa oficina reconoce el derecho a asistencia integral de salud gratuita y vitalicia, con prestaciones psicológicas, psiquiátricas, odontológicas y farmacológicas.

En mayo, el presidente Yamandú Orsi firmó una resolución para asignar a ASSE la responsabilidad de brindar atenciones de salud mental y odontológicas dentro de la atención integral, bajo la extensión que defina el MSP. La resolución parte de una constatación relevante: el MSP no tiene entre sus competencias directas brindar prestaciones de salud, y el esquema anterior, sostenido mediante prestadores privados, había mostrado dificultades de gestión.