La senadora Constanza Moreira afirmó que el gobierno no contará con su apoyo ni con el de Casa Grande para avanzar en una política que considere de militarización de la seguridad pública. La discusión se abrió después de que el Ejecutivo anunciara el uso de vehículos blindados Mamba del Ejército en patrullajes policiales en zonas de Montevideo con alta incidencia delictiva.
El gobierno defiende apoyo militar bajo mando policial
El Ministerio del Interior trabaja con el Ministerio de Defensa Nacional en un convenio para incorporar vehículos blindados Mamba del Ejército Nacional a tareas de patrullaje en barrios de Montevideo.
La información conocida hasta ahora indica que serían 12 vehículos, destinados a zonas con mayor incidencia criminal y vinculados a los operativos Dominio y Atenea. Los puntos mencionados son Marconi y Cerro, dos territorios donde el gobierno viene desplegando estrategias focalizadas por enfrentamientos entre bandas, homicidios y ataques a móviles policiales.
El argumento del Ejecutivo es que no se trataría de una operación militar autónoma, sino de apoyo logístico a la Policía Nacional. Los vehículos estarían bajo mando policial y serían utilizados en operativos definidos por Interior. Los militares cumplirían funciones de conducción o apoyo técnico, porque son quienes están capacitados para manejar ese tipo de blindados.
Los Mamba llegaron a Uruguay en 2024 por una donación de Estados Unidos, valuada en torno a US$ 14 millones. Son blindados de transporte de personal, diseñados para resistir ataques, emboscadas, minas o artefactos explosivos. Tienen casco reforzado en forma de V, capacidad para transportar efectivos y pueden incorporar torretas o sistemas de armas, aunque desde el oficialismo se señaló que deberán adecuarse al trabajo policial y no operar como en una misión militar internacional.
El presidente Yamandú Orsi defendió la medida y sostuvo que el país no puede tener recursos parados si pueden ser usados para mejorar la capacidad operativa del Estado. También dijo que todavía debe resolverse la forma jurídica concreta y el esquema de compensación para los militares que participen.
El tema será analizado en el Consejo de Ministros previsto para el viernes 26 de junio.
Moreira marca el límite: seguridad civil, no lógica de guerra
Constanza Moreira salió a cuestionar la medida desde dentro del Frente Amplio. La senadora de Casa Grande sostuvo que no acompañará una política que implique militarizar la seguridad pública y advirtió que trasladar conflictos sociales y criminales a una lógica militar supone pasar a una lógica de guerra.
Su posición apunta al centro del problema político: el combate al crimen organizado puede requerir inteligencia, recursos, presencia estatal y capacidad operativa, pero no debería confundirse con una intervención militar en barrios pobres.
Moreira también cuestionó la forma en que el tema se comunicó. El anuncio no apareció inicialmente como una política explicada de forma integral por el gobierno, sino como una información conocida a partir de versiones parlamentarias y filtraciones de prensa. Para la senadora, el Ejecutivo subestimó la sensibilidad que genera la presencia de militares y blindados en las calles, especialmente dentro del electorado frenteamplista.
La discusión no es menor para el Frente Amplio. El partido llegó al gobierno con una tradición política crítica de la militarización de la seguridad interior. Esa tradición convive ahora con un gobierno que enfrenta homicidios, crimen organizado y presión territorial en algunos barrios, pero que al mismo tiempo debe evitar que la respuesta estatal derive en símbolos de ocupación sobre comunidades ya castigadas por pobreza, violencia y abandono.
Moreira no negó la gravedad de los problemas de seguridad. Su punto es otro: el Estado debe enfrentar al crimen organizado desde instituciones civiles, con investigación, inteligencia financiera, Policía fortalecida, políticas sociales y recuperación territorial, no con una imagen de blindados militares entrando a barrios populares.
Una medida que tensiona el Plan Nacional de Seguridad
El gobierno presentó en marzo el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 como una estrategia de largo plazo. Ese plan habla de prevención, inteligencia, presencia territorial, reducción de homicidios, control de armas, combate a economías criminales, fortalecimiento policial, reinserción social y coordinación institucional.
La aparición de los Mamba introduce una señal distinta. Aunque el Ejecutivo insiste en que los operativos serán policiales, la imagen pública de blindados del Ejército patrullando barrios de Montevideo cambia el tono de la política de seguridad.
Ahí está la diferencia entre el argumento del gobierno y la advertencia de Moreira. Para el Ejecutivo, se trata de usar infraestructura disponible para proteger a la Policía y disuadir ataques en zonas críticas. Para Casa Grande, el riesgo es abrir una puerta peligrosa: naturalizar la presencia militar en tareas de seguridad interior y convertir los barrios pobres en escenarios de intervención excepcional.
El antecedente de Uruguay muestra que las Fuerzas Armadas ya participan en tareas internas específicas, como la vigilancia de frontera o la guardia perimetral de cárceles. Pero el patrullaje urbano en barrios de Montevideo toca una frontera política más sensible: la separación entre defensa nacional y seguridad pública.
El caso también golpea dentro del propio Frente Amplio porque la oposición recordó que planteos similares de participación militar en seguridad fueron rechazados históricamente por la izquierda, en particular cuando provenían de sectores blancos o colorados. Orsi respondió que como presidente debe proponer lo que considere mejor para el país en cada momento.
La decisión final todavía debe ordenarse jurídicamente y pasar por el Consejo de Ministros. Pero el costo político ya apareció: el gobierno busca mostrar firmeza ante el crimen organizado, mientras una parte de su propia base advierte que la seguridad pública no puede construirse con símbolos de guerra sobre los sectores más pobres.