El gobierno argentino desplazó y despidió personal civil de la residencia presidencial y entregó a la Casa Militar un control mucho más amplio sobre el funcionamiento de la Quinta. La explicación oficial habla de seguridad y eficiencia, pero detrás de la decisión aparecen versiones sobre filtraciones internas, una millonaria licitación de alimentos que tomó estado público y un creciente cierre del círculo que rodea al Presidente.

De custodiar la Quinta a controlar su funcionamiento

Javier Milei dispuso una profunda reorganización de la Quinta Presidencial de Olivos. La Administración General de la Residencia Presidencial será disuelta y parte de sus trabajadores civiles fueron despedidos o reasignados, mientras la Casa Militar asumirá mayores responsabilidades sobre el complejo. El traspaso deberá completarse en un plazo máximo de 60 días. El número definitivo de trabajadores afectados no fue informado oficialmente: las distintas reconstrucciones conocidas hasta ahora hablan de entre diez y una veintena de despidos, además de reubicaciones.

El cambio va más allá de reforzar una guardia. La Casa Militar ya tenía legalmente a su cargo la protección del Presidente y la seguridad de Olivos. Sus competencias incluyen la planificación de la seguridad, el control de accesos y la coordinación de los distintos cuerpos que participan de la custodia presidencial. La novedad es que la estructura militar gana terreno sobre tareas vinculadas al funcionamiento cotidiano de la residencia, mientras desaparece la estructura civil que hasta ahora administraba el predio.

La Casa Militar está encabezada por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez y funciona dentro de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. Informaciones surgidas desde la propia Casa Rosada señalan que tareas de cocina, limpieza, atención y servicios que realizaba personal civil pasarán a quedar bajo esa estructura, y que algunos puestos comenzaron a ser cubiertos directamente por integrantes de las Fuerzas Armadas. Por eso, el cambio no consiste simplemente en modificar quién vigila las puertas de Olivos: reorganiza quién controla la vida interna de la residencia presidencial.

La explicación oficial: seguridad, eficiencia y la visita del Papa

La explicación difundida por el Gobierno sostiene que la reorganización busca fortalecer la seguridad presidencial y simplificar los procedimientos administrativos. Desde el entorno de Milei también se argumentó que existen mayores riesgos de seguridad a escala internacional y que se pretende elevar los estándares de protección tanto de la residencia de Olivos como de los lugares donde permanezcan temporalmente el Presidente y su familia.

Entre los argumentos utilizados apareció además la futura visita del papa León XIV a la Argentina. La eventual presencia de personal externo para trabajos y acondicionamiento vinculados con esa visita fue presentada como uno de los elementos que justificarían aumentar los controles. Sin embargo, la reorganización adoptada no fue anunciada como transitoria: elimina una estructura administrativa, modifica destinos laborales y entrega de manera permanente nuevas responsabilidades a la Casa Militar.

Tampoco se informó hasta ahora de un episodio concreto de seguridad ocurrido dentro de Olivos que explique por sí mismo la magnitud de la transformación. La normativa vigente ya otorgaba a la Casa Militar facultades amplias para proteger al Presidente, controlar los accesos y coordinar las fuerzas de seguridad dentro de la residencia. Lo que se modifica ahora es la frontera entre esa función de custodia y la administración civil de la Quinta.

Las filtraciones y lo que ocurrió dentro de Olivos

Detrás de la versión oficial aparece otro elemento repetido por distintas reconstrucciones de lo ocurrido: el malestar de Milei por información que salía desde el interior de Olivos. Fuentes del propio oficialismo señalaron la existencia de preocupación por posibles filtraciones sobre movimientos, reuniones y aspectos de la actividad privada del Presidente. El Gobierno no confirmó formalmente que esa fuera la causa de los despidos, pero tampoco desmintió que las filtraciones estuvieran entre las razones consideradas para restringir el número de personas con acceso cotidiano a la residencia.

Uno de los episodios que precedió inmediatamente a la decisión fue la difusión de una contratación de alimentos para Casa Rosada y Olivos. El expediente existe: la Secretaría General abrió la Licitación Pública 0016/2026 para adquirir productos cárnicos y de pescadería destinados a la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos. Fue publicada oficialmente el 31 de agosto y la apertura de ofertas estaba fijada para el 16 de septiembre, apenas un día antes de que trascendiera la reorganización de Olivos. La documentación difundida alrededor del proceso refiere a aproximadamente 29 toneladas de productos, aunque se trata de una modalidad de orden de compra abierta y esas cantidades no equivalen necesariamente a alimentos efectivamente comprados o consumidos.

Distintas versiones atribuyen a Milei un fuerte enojo por la difusión pública de esa contratación y agregan un segundo episodio: la descompostura de uno de sus perros, que habría requerido atención veterinaria en la residencia. Esas circunstancias fueron presentadas como posibles detonantes del desplazamiento del personal, pero hasta ahora no existe una confirmación oficial que permita establecerlas como causa probada. Lo comprobable es la secuencia: una estructura civil fue desmantelada, trabajadores fueron despedidos o reubicados y la Casa Militar amplió su presencia en ámbitos de Olivos que exceden la custodia tradicional del Presidente.