El diputado argentino Juan Marino presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y varios integrantes de su gobierno por autorizar ejercicios militares con Estados Unidos sin una ley aprobada por el Congreso. La causa cuestiona el ingreso de tropas extranjeras, el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz y el creciente alineamiento de las Fuerzas Armadas argentinas con el Comando Sur.
Una denuncia penal por haber desplazado al Congreso
El presidente argentino Javier Milei fue denunciado penalmente por la realización de los ejercicios militares “Daga Atlántica” y “PASSEX”, desarrollados junto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante abril, mayo y junio de 2026.
La presentación fue realizada por el diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. La acción judicial apunta también contra el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Distintos medios argentinos informaron que la denuncia incluye, además, al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y al exsecretario de Comunicación Javier Lanari.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 10, a cargo del juez Julián Ercolini, bajo el expediente 3303/2026.
Los delitos denunciados son abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, de manera subsidiaria, traición a la patria. Esto significa que la figura más grave fue planteada por los denunciantes como una calificación alternativa que deberá ser evaluada por la Justicia, y no como un delito ya acreditado.
La Constitución argentina define la traición de forma restrictiva: tomar las armas contra la Nación, unirse a sus enemigos o prestarles ayuda. El Código Penal también contempla penas agravadas cuando los actos están dirigidos a someter total o parcialmente al país al dominio extranjero o menoscabar su independencia. La inclusión de esa figura en la denuncia no implica que exista hasta el momento una condena ni una resolución judicial que la confirme.
El eje principal de la acusación es institucional: el Gobierno habría utilizado un Decreto de Necesidad y Urgencia para apropiarse de una facultad que la Constitución concede expresamente al Congreso.
El artículo 75, inciso 28, establece que corresponde al Poder Legislativo permitir la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales. La Ley 25.880 dispone, además, que el Poder Ejecutivo debe solicitar esa autorización mediante un proyecto de ley e informar los países participantes, la cantidad de efectivos, el armamento, los costos, el financiamiento y las inmunidades requeridas.
Más de 350 participantes y casi 900 millones de pesos
El 16 de abril, Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 264/2026. La norma reconoció que el proyecto correspondiente había sido enviado al Congreso, pero todavía no había sido tratado por la Cámara de Diputados.
En lugar de convocar al Parlamento o esperar una ley, el Poder Ejecutivo sostuvo que existían circunstancias excepcionales que impedían seguir el procedimiento legislativo ordinario y habilitó las actividades mediante un DNU.
El decreto autorizó el ingreso de medios y personal militar estadounidense para “Daga Atlántica”, realizado en la Base Naval Puerto Belgrano, la Base de Infantería de Marina Baterías, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno.
También autorizó el despliegue de fuerzas argentinas para el ejercicio naval “PASSEX”, desarrollado entre el 26 y el 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva argentina, durante el paso del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y el destructor USS Gridley.
El Gobierno justificó la decisión por la necesidad de aumentar la “interoperabilidad”, actualizar doctrinas militares y preparar a las Fuerzas Armadas argentinas para futuras operaciones multinacionales. El propio decreto destacó la experiencia de las fuerzas especiales estadounidenses en contextos de combate y presentó a Estados Unidos como un “socio estratégico”.
Esa fundamentación es uno de los elementos cuestionados por la denuncia. Para Marino y Barcesat, no se trató simplemente de una capacitación técnica, sino de un proceso de integración doctrinaria y operativa bajo los estándares militares de Washington.
De acuerdo con la información oficial difundida al finalizar “Daga Atlántica”, las actividades duraron 42 días, reunieron a más de 350 efectivos militares y civiles y utilizaron cerca de 70 vehículos tácticos y logísticos, helicópteros, sistemas de comunicaciones y puestos de comando desplegables.
Las tropas se entrenaron en escenarios urbanos, rurales, costeros y portuarios mediante procedimientos de combate y una metodología empleada en ejercicios multinacionales como PANAMAX y UNITAS.
La planificación inicial contemplaba unos 150 efectivos argentinos y 50 estadounidenses para “Daga Atlántica”. Estados Unidos aportaría aeronaves de transporte, personal de operaciones especiales, sistemas aéreos no tripulados, dispositivos de visión nocturna, equipos de comunicaciones, armas y protección balística.
El costo proyectado para ese ejercicio fue de 428,7 millones de pesos argentinos. El “PASSEX”, en el que participaron unos 350 efectivos argentinos a bordo del destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales, tenía un costo estimado de 466,7 millones.
En conjunto, las dos operaciones representaron un gasto previsto cercano a los 895,4 millones de pesos, financiado con recursos del Ministerio de Defensa argentino.
Durante el “PASSEX”, unidades argentinas realizaron maniobras junto con el grupo aeronaval estadounidense. Participaron aviones F/A-18, helicópteros MH-60 Seahawk, una aeronave argentina P-3C Orion y helicópteros Sea King. También se efectuaron ejercicios simulados de defensa aérea.
Milei aterrizó sobre el USS Nimitz en un avión estadounidense Grumman C-2 Greyhound y presenció las operaciones acompañado por integrantes de su gobierno, autoridades militares y representantes diplomáticos de Estados Unidos.
El Atlántico Sur y la sombra del Comando Sur
La denuncia no analiza los ejercicios como acontecimientos aislados. Los vincula con una estrategia más amplia de acercamiento entre el gobierno de Milei, el Pentágono, la Cuarta Flota y el Comando Sur estadounidense.
Según la presentación judicial, la incorporación de oficiales argentinos a estructuras multinacionales dirigidas por Estados Unidos, el empleo de tecnología extranjera de vigilancia y el intercambio de información sensible pueden reducir la capacidad del Estado argentino para controlar de forma autónoma sus Fuerzas Armadas y sus recursos estratégicos.
Los denunciantes también cuestionan un acuerdo de cooperación firmado entre la Armada Argentina y el Comando Sur para fortalecer durante cinco años las tareas de vigilancia y control marítimo.
El programa contempla la provisión estadounidense de sensores multiespectrales, comunicaciones, sistemas de enlace de datos, aeronaves especializadas, drones de despegue vertical y capacitación militar.
Washington presentó la iniciativa bajo la denominación “Protección de los Bienes Comunes Globales”. La expresión generó rechazo en sectores políticos y sociales argentinos porque la Zona Económica Exclusiva y los espacios vinculados al Atlántico Sur no son territorios disponibles para la administración de una potencia extranjera.
Desde la oposición se advierte que describir esos espacios como “bienes comunes globales” puede debilitar la posición argentina sobre la soberanía marítima, sus recursos pesqueros y energéticos y el histórico reclamo por las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El Reino Unido, aliado central de Estados Unidos dentro de la OTAN, mantiene una base militar en las islas ocupadas.
El Gobierno sostiene, por el contrario, que la cooperación permitirá mejorar la capacidad argentina para detectar actividades ilegales, vigilar sus aguas y modernizar una Armada afectada durante años por la falta de inversión.
Sin embargo, la discusión no se reduce a la necesidad de equipamiento. La pregunta central es quién controla la tecnología, quién procesa la información obtenida y bajo qué orientación estratégica se reorganizan las Fuerzas Armadas.
El decreto también abrió una controversia parlamentaria. Diputados de la oposición presentaron proyectos para anularlo, rechazarlo y exigir información al Ministerio de Defensa. La Cámara de Diputados registró iniciativas específicas contra el DNU 264/2026, al considerar que el Ejecutivo había invadido una competencia constitucional del Congreso.
La Constitución permite utilizar decretos de necesidad y urgencia únicamente cuando circunstancias excepcionales hacen imposible seguir el procedimiento legislativo habitual. Pero también establece que el Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas como regla general y que los DNU deben ser controlados inmediatamente por el Congreso.
La falta de tratamiento de un proyecto no significa automáticamente que el presidente pueda sustituir al Poder Legislativo. Ese será uno de los puntos centrales de la investigación judicial y del debate político que rodea la causa.
La llegada del USS Nimitz, el entrenamiento bajo estándares estadounidenses y los acuerdos con el Comando Sur muestran hasta qué punto Milei profundizó el alineamiento militar y geopolítico con Washington.