La tecnológica enfrenta en California uno de los mayores procesos judiciales de su historia. Los estados sostienen que Meta diseñó mecanismos destinados a prolongar compulsivamente el tiempo de permanencia de menores en sus plataformas y que recopiló datos de niños de menos de 13 años sin consentimiento parental. La empresa rechaza las acusaciones y prepara su defensa mientras Mark Zuckerberg y Adam Mosseri se encaminan a declarar ante el tribunal.

Meta deberá defender desde el próximo 18 de agosto el funcionamiento de Facebook e Instagram ante un tribunal federal de Oakland, California, en un juicio que puede convertirse en un punto de inflexión para la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas frente a niños y adolescentes.

El proceso involucra reclamaciones de 29 estados y será presidido por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. La primera fase pondrá especialmente bajo examen las acusaciones formuladas por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, mientras también se analizarán las denuncias de los estados por la presunta recopilación ilegal de información personal de menores de 13 años. El juicio está previsto para extenderse entre seis y ocho semanas.

La causa nació de una investigación multiestatal que desembocó en 2023 en una demanda federal. El planteo central no consiste solamente en cuestionar los contenidos que circulan por las redes sociales. Los fiscales apuntan directamente al diseño de los productos y al modelo empresarial utilizado para mantener la atención de los usuarios el mayor tiempo posible.

Scroll infinito, reproducción automática y notificaciones bajo la lupa

La demanda identifica una extensa lista de mecanismos que, según los estados, fueron diseñados para dificultar que niños y adolescentes abandonen las aplicaciones: recomendaciones algorítmicas, conteo público de “me gusta”, filtros de imagen corporal, alertas audiovisuales y vibraciones, contenido efímero, reproducción automática y scroll infinito.

El expediente sostiene que el scroll infinito elimina los puntos naturales en los que una persona podría decidir dejar de mirar contenido y que la reproducción automática mantiene una sucesión permanente de videos. También cuestiona las notificaciones que vuelven a atraer a los jóvenes hacia la aplicación durante el día, la noche e incluso mientras están en clase.

La acusación incorpora además una dimensión fundamental para comprender el negocio: la atención tiene valor económico. Cuanto más tiempo permanece una persona dentro de Facebook o Instagram, mayor es la posibilidad de mostrar publicidad, obtener información sobre sus preferencias y alimentar los sistemas que seleccionan el contenido destinado a retenerla.

Para los fiscales, esa lógica adquirió una gravedad especial cuando fue aplicada sobre cerebros en desarrollo y sobre usuarios cuya capacidad para controlar impulsos todavía no está plenamente formada. La demanda acusa a Meta de conocer esa vulnerabilidad y utilizar características de diseño capaces de inducir un uso prolongado y compulsivo.

Otro frente del caso es la privacidad infantil. Los 29 estados sostienen que Meta tuvo conocimiento de la presencia de usuarios menores de 13 años y recopiló información personal sin obtener previamente el consentimiento verificable de sus padres, una obligación establecida por la ley federal de protección de la privacidad infantil, conocida como COPPA.

Meta rechaza esa descripción. La compañía sostiene que atribuir los problemas de salud mental juvenil exclusivamente a las redes sociales simplifica un fenómeno complejo y asegura haber desarrollado durante años mecanismos de protección, controles parentales y herramientas específicas para adolescentes.

La empresa ha ampliado además sus “Teen Accounts”, utiliza inteligencia artificial para detectar usuarios que podrían estar mintiendo sobre su edad y durante 2026 extendió configuraciones más restrictivas de contenido para adolescentes en Instagram, Facebook y Messenger.

La discusión judicial será precisamente determinar si esas medidas desmontan las acusaciones o si llegaron después de años durante los cuales el modelo de maximización de la atención predominó sobre la protección de los menores.

Meta advierte que las sanciones podrían llegar a US$ 1,4 billones

El tamaño económico del litigio es excepcional. Meta sostuvo en una presentación judicial que la metodología de cálculo propuesta por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey podría generar sanciones de hasta US$ 1,4 billones, una cifra cercana al valor bursátil total que tenía la compañía cuando realizó esa estimación. Los fiscales no han divulgado públicamente una reclamación final por ese monto y Meta utiliza precisamente esa proyección para argumentar que las penalidades serían desproporcionadas.

Los estados pretenden algo más que dinero. También buscan modificaciones estructurales en las plataformas para los menores: restricciones relacionadas con la edad, eliminación de determinadas características de diseño, límites de tiempo, cambios en las notificaciones y en el scroll infinito, y modificaciones en los sistemas que ordenan y recomiendan contenido.

La jueza Gonzalez Rogers adoptó además una modalidad poco habitual: habrá un jurado asesor que deberá pronunciarse sobre determinadas cuestiones, pero sus conclusiones no serán vinculantes. La decisión definitiva quedará en manos de la magistrada. Se espera que durante el proceso declaren el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri.

Un precedente de US$ 942 millones en Nuevo México

Meta no llega a Oakland sin antecedentes. Apenas días antes, un tribunal de Nuevo México ordenó a la compañía aportar US$ 567 millones a un fondo destinado a enfrentar los daños vinculados a la salud mental juvenil. Esa resolución se sumó a una condena anterior de US$ 375 millones dentro del mismo proceso, elevando a US$ 942 millones el impacto económico acumulado del caso. Meta anunció que apelará.

El fallo de Nuevo México fue más allá del dinero. Dispuso medidas como mayores controles de edad, restricciones a las notificaciones durante determinadas horas, límites de utilización para menores y nuevas protecciones frente a interacciones sexuales o inapropiadas. Algunas de las modificaciones reclamadas por el estado sobre algoritmos, scroll infinito y reproducción automática fueron rechazadas por el juez por razones constitucionales y legales.

La presión judicial tampoco se limita a estas causas. Más de 3.000 demandas de particulares, familias, distritos escolares y otras organizaciones contra Meta, TikTok, YouTube y Snapchat fueron centralizadas ante la justicia federal, mientras miles de litigios adicionales avanzan en tribunales estatales de California. Esta semana una corte federal de apelaciones rechazó un intento de las tecnológicas de detener anticipadamente buena parte de esos procesos.

Lo que se discutirá en Oakland trasciende por eso a una sola empresa. Durante años, las grandes plataformas construyeron buena parte de su poder económico sobre una materia prima extraordinariamente rentable: el tiempo y la atención de miles de millones de personas.

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