Apareció el patriota: Guido Manini Ríos respaldó el uso de vehículos del Ejército en patrullajes policiales, pero su preocupación principal no fue la seguridad de los vecinos ni el control democrático de la medida, sino las garantías legales para los militares que participen en los operativos.
El apoyo de Manini llegó con una condición
Guido Manini Ríos volvió a intervenir en el debate sobre la participación de recursos militares en tareas de seguridad interna.
El líder de Cabildo Abierto respaldó la utilización de vehículos del Ejército en operativos policiales en barrios de Montevideo, pero reclamó que exista un marco legal claro para proteger a los efectivos militares que conduzcan o participen en esos despliegues.
El planteo aparece después de que el Ministerio del Interior anunciara un convenio con el Ministerio de Defensa para incorporar vehículos blindados Mamba del Ejército a patrullajes en zonas de alta criminalidad.
La explicación oficial es que los operativos seguirán bajo mando de la Policía Nacional. Los vehículos militares serán utilizados como apoyo logístico y de protección, especialmente en zonas donde ya funcionan los operativos Atenea y Dominio.
Manini buscó marcar esa diferencia. Dijo que no se trata de “patrullajes militares” autónomos, sino de vehículos del Ejército puestos al servicio de una operación policial. Sin embargo, inmediatamente colocó el centro de su preocupación en los efectivos militares: qué pueden hacer, hasta dónde pueden intervenir y bajo qué garantías actuarían si portan armas.
La seguridad pública no puede reducirse a blindaje jurídico para uniformados
Cuando el Estado decide sumar recursos militares a tareas de seguridad interna, aunque sea bajo mando policial, no alcanza con discutir quién maneja el vehículo o qué uniforme lleva puesto. Hay que discutir el alcance de la medida, los controles, los límites y las responsabilidades.
Manini eligió otro eje. Su énfasis estuvo en evitar que los militares “terminen responsabilizados” si deben usar su arma. Es decir: antes que hablar de prevención, derechos de los vecinos, protocolos de actuación, rendición de cuentas o riesgos de militarizar barrios populares, puso el foco en blindar legalmente a los efectivos.
Ese enfoque no sorprende. Cabildo Abierto construyó buena parte de su identidad política alrededor de la defensa corporativa del mundo militar. Cada vez que una discusión toca a las Fuerzas Armadas, Manini aparece para exigir protección, garantías y respaldo para los uniformados.
El problema es que la seguridad pública no puede pensarse desde una sola vereda. Si el Estado despliega vehículos militares en barrios donde viven trabajadores, gurises, jubilados y familias que ya cargan con violencia, pobreza y ausencia de servicios, las garantías deben ser para todos.
Para los efectivos, sí. Pero también para los vecinos. Para quienes son detenidos. Para quienes circulan por la zona. Para quienes viven en barrios que no pueden ser tratados como territorio enemigo.
El riesgo de naturalizar la presencia militar en los barrios
El Ministerio del Interior sostiene que los vehículos Mamba estarán bajo mando policial y que su uso se limitará a zonas con mayor incidencia delictiva. El argumento oficial es reforzar la presencia estatal frente al crimen organizado.
Pero la presencia de vehículos militares en barrios de Montevideo no es un dato neutro. Tiene peso simbólico, político y social. Para muchos vecinos puede transmitir protección. Para otros puede significar intimidación, control territorial y profundización de una lógica de seguridad basada en fuerza visible antes que en inteligencia, prevención y políticas sociales.
Ahí está el punto de fondo. La lucha contra el crimen organizado exige Estado. Pero Estado no es solo patrullaje. Estado también es escuela, salud, trabajo, vivienda, iluminación, espacios públicos, cultura, tratamiento de adicciones y presencia institucional permanente.
Si el único rostro estatal que llega a determinados barrios es un blindado, el mensaje es pobre y peligroso.
Manini, en cambio, eligió una lectura más estrecha: defender que los militares tengan respaldo jurídico si participan. Otra vez, su brújula política apunta hacia el cuartel antes que hacia la comunidad.
El país necesita una discusión seria sobre seguridad. Eso incluye proteger a quienes trabajan en operativos, pero también impedir que la respuesta al delito derive en militarización de la vida cotidiana en los barrios más golpeados.