La ministra de Salud Pública comparece este martes ante la Comisión de Salud del Senado para explicar por qué redujo de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista María Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. Legisladores blancos cuestionan la decisión y algunos dirigentes ya piden la renuncia de la jerarca.
Una comparecencia con varios frentes abiertos
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, vuelve este martes 16 de junio al Parlamento para dar explicaciones por una decisión que abrió un frente político, jurídico e institucional dentro de la cartera.
La comparecencia será ante la Comisión de Salud del Senado, a instancias de los senadores nacionalistas Martín Lema y Carlos Camy. El eje de la convocatoria es la resolución del MSP que redujo de cinco a tres años la sanción administrativa contra la anestesista María Inés Miralles.
Miralles fue condenada por la Justicia mediante proceso abreviado por homicidio culposo, en el marco del caso de Soledad Barrera, médica pediatra de 41 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio durante una operación de vesícula en 2023, quedó en estado vegetativo durante diez meses y falleció en agosto de 2024.
La sanción administrativa original había sido de cinco años de inhabilitación para el ejercicio profesional. Lustemberg resolvió bajarla a tres años, amparada —según explicó— en informes jurídicos del ministerio que aludían al criterio de gradualidad y a antecedentes de otros casos.
La renuncia de la Comisión Honoraria agravó el caso
El episodio no quedó limitado a una diferencia sobre la duración de una sanción. La decisión de la ministra provocó la renuncia de la mayoría de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, el órgano técnico que había intervenido en el expediente y que funciona como tribunal disciplinario para evaluar faltas cometidas por profesionales de la salud.
Ese punto es uno de los más sensibles. La oposición sostiene que Lustemberg se apartó del criterio técnico sin dar explicaciones suficientes. Desde el Partido Nacional también se cuestiona que el MSP haya respondido fuera de plazo una demanda presentada por la anestesista ante la Justicia Contencioso Administrativa, aspecto que los blancos consideran grave para la defensa institucional del Estado.
El caso además llegó al Colegio Médico. Rosario Barrera, madre de Soledad, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética Médica contra la anestesista y contra la ministra. En paralelo, familiares, colegas y allegados de la pediatra fallecida realizaron una marcha en Montevideo para reclamar justicia y pedir que se revierta la rebaja de la sanción.
En los últimos días, la presión política subió de tono. El diputado nacionalista Federico Casaretto pidió directamente la renuncia de Lustemberg y sostuvo que la ministra debería concurrir al Parlamento con la carta de renuncia. Lema, por su parte, afirmó que la situación es de “enorme gravedad” y que la ministra no ha estado a la altura de la responsabilidad del cargo.
Entre la explicación administrativa y el uso político del caso
Lustemberg ha rechazado que exista un interés personal en la resolución y aseguró que concurrirá a todos los ámbitos institucionales que correspondan. También sostuvo que el caso la afecta personalmente, por tratarse de una muerte vinculada a una colega médica y por el impacto sobre dos familias.
La ministra defendió que la resolución fue adoptada con asesoramiento jurídico de la cartera. Según su explicación, la Dirección Jurídica del MSP recomendó aplicar un criterio de gradualidad, ya que en antecedentes similares las sanciones no habrían superado los tres años de inhabilitación.
La comparecencia de este martes será clave para ordenar los hechos. La oposición tiene derecho a exigir explicaciones en un caso grave, con una persona fallecida, una profesional condenada y un órgano técnico que quedó fracturado. Pero también corresponde separar la fiscalización parlamentaria de la utilización política del dolor de una familia.
El punto central no es solamente si Lustemberg debe sostener o revisar la decisión. Lo que debe quedar claro es por qué el MSP redujo la sanción, qué peso tuvo el informe jurídico, por qué se apartó del criterio de la Comisión Honoraria, qué ocurrió con la respuesta fuera de plazo en el proceso contencioso y qué garantías ofrece el ministerio para que las decisiones sanitarias mantengan respaldo técnico, transparencia y confianza pública.
El caso Soledad Barrera ya no es solo un expediente administrativo. Es una prueba para la conducción del sistema de salud, para la responsabilidad política del ministerio y también para la seriedad con que el Parlamento trate un asunto donde hay una muerte, una condena judicial y una familia que reclama respuestas.