El presidente brasileño defendió la soberanía de su país tras la decisión de Estados Unidos de clasificar al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital como organizaciones terroristas. El cruce se produce en pleno año electoral y después de gestiones de Flávio Bolsonaro en Washington.

Brasil responde a una decisión unilateral de Washington

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, conocido como PCC, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y comenzará a regir el 5 de junio.

La respuesta de Lula fue directa. El mandatario afirmó que Brasil no acepta ser tratado “como una republiquita” y sostuvo que el combate contra las facciones criminales debe darse dentro del marco legal, institucional y soberano del propio Estado brasileño.

El gobierno brasileño no negó la gravedad de esas organizaciones. Por el contrario, reconoció que actúan con violencia sobre comunidades, barrios populares y territorios donde millones de personas viven bajo presión del crimen organizado. Pero marcó una diferencia política y jurídica central: una cosa es combatir facciones dedicadas al narcotráfico, al tráfico de armas, al lavado de dinero y al control territorial; otra muy distinta es aceptar que una potencia extranjera defina desde afuera cómo debe clasificar Brasil sus problemas internos de seguridad.

Esa diferencia es el punto de fondo. Para Brasilia, la clasificación estadounidense no solo toca el debate sobre seguridad pública. También abre una puerta peligrosa a sanciones, presiones financieras, afectación de instituciones nacionales y eventuales formas de intervención política bajo el argumento del combate al “narcoterrorismo”.

Soberanía, crimen organizado y cooperación internacional

El Gobierno de Brasil sostuvo que el país combate de forma permanente al PCC, al Comando Vermelho y a otras facciones y milicias. También recordó que aprobó una legislación más dura contra esas estructuras criminales, con penas que pueden llegar hasta 80 años de prisión.

La posición brasileña no rechaza la cooperación internacional. Al contrario, Brasil planteó que el combate al crimen organizado exige trabajo conjunto, especialmente en áreas sensibles como lavado de dinero, tráfico de armas e inteligencia financiera. La diferencia está en el método: cooperación entre Estados soberanos, sí; medidas unilaterales usadas como presión externa, no.

Lula también apuntó contra una contradicción evidente. Si Estados Unidos quiere ayudar a Brasil en serio, dijo, debería colaborar con la entrega de criminales brasileños que viven en territorio estadounidense y con el control del flujo de armas que terminan alimentando la violencia en América Latina.

El mensaje brasileño busca ordenar el debate. Las facciones criminales producen terror en los territorios donde actúan, pero su lógica principal es económica: control de negocios ilegales, expansión territorial, narcotráfico, armas, lavado y poder local. Equipararlas automáticamente con organizaciones terroristas internacionales puede servir más a una agenda geopolítica que a una estrategia eficaz de seguridad.

Flávio Bolsonaro y el uso electoral de la seguridad

La decisión de Washington también cayó en medio de la campaña presidencial brasileña. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y figura de la derecha brasileña, viajó a Estados Unidos, se reunió con Donald Trump y mantuvo contactos con Marco Rubio. En ese marco, defendió la clasificación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas.

Lula acusó al bolsonarismo de buscar respaldo extranjero para intervenir en asuntos internos de Brasil. La crítica tiene un peso político fuerte: en vez de disputar la seguridad pública desde las instituciones brasileñas, sectores de la extrema derecha aparecen otra vez mirando hacia Washington para ganar fuerza dentro de su propio país.

El movimiento también ocurre en un momento incómodo para Flávio Bolsonaro, golpeado por cuestionamientos vinculados al escándalo del Banco Master y por el desgaste de su candidatura. La seguridad pública aparece, entonces, como una bandera útil para intentar recuperar iniciativa política, endurecer el discurso y colocar a Lula a la defensiva.

Pero el problema de fondo no desaparece detrás de la foto en Washington. Brasil enfrenta organizaciones criminales reales, violentas y poderosas. La pregunta es si ese combate se hará fortaleciendo al Estado brasileño, sus leyes, su sistema judicial, su inteligencia financiera y sus políticas de seguridad, o aceptando que una potencia extranjera use sus propias categorías para presionar a un país soberano.

Fuentes

Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Brasil
Agência Brasil