El gobierno de Luis Lacalle Pou recibió un sistema penitenciario con 11.525 personas privadas de libertad y lo entregó con 16.124, casi un 40% más. Durante el quinquenio, la Ley de Urgente Consideración endureció disposiciones penales y restringió mecanismos alternativos a la prisión, mientras la dotación de personal permaneció prácticamente estancada. Los datos oficiales y los informes del comisionado parlamentario permiten reconstruir las condiciones en que el gobierno de Yamandú Orsi recibió las cárceles uruguayas.
Cinco años, 4.599 presos más y prácticamente los mismos funcionarios
La reciente publicación de información sobre la distribución del personal penitenciario volvió a colocar bajo examen las condiciones de funcionamiento de las cárceles uruguayas. Un relevamiento del Ministerio del Interior, realizado en 2025 y divulgado en agosto de 2026, permitió al Sindicato de Trabajadores Penitenciarios estimar que en la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez, ex Comcar, hay aproximadamente 30,6 personas privadas de libertad por cada funcionario disponible por turno, considerando policías y operadores penitenciarios. La cifra, difundida por Búsqueda a partir del trabajo sindical, expone la dimensión de una insuficiencia de recursos humanos que puede analizarse a la luz de las decisiones adoptadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
En diciembre de 2019, inmediatamente antes de la llegada de Lacalle Pou a la Presidencia, Uruguay tenía 11.525 personas privadas de libertad. Al cierre de diciembre de 2024, último año completo de su administración, la población penitenciaria había alcanzado las 16.124 personas. En cinco años se incorporaron 4.599 presos a un sistema que ya enfrentaba dificultades para proporcionar condiciones adecuadas de reclusión. El incremento fue del 39,9%, de acuerdo con los registros del propio Ministerio del Interior. El crecimiento se produjo de manera sostenida: 13.039 presos al finalizar 2020, 13.835 en 2021, 14.497 en 2022, 15.414 en 2023 y 16.124 en 2024.
La evolución del personal siguió un camino muy diferente. Según los datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil recogidos por el comisionado parlamentario penitenciario, el Instituto Nacional de Rehabilitación tenía 4.117 vínculos laborales en 2019. Al finalizar 2024 registraba 4.151, apenas 34 más. Durante 2020 llegó a contar con 4.280 vínculos, cifra que posteriormente descendió. La población carcelaria aumentó casi un 40% entre los cierres de 2019 y 2024, mientras el número global de vínculos laborales permaneció prácticamente incambiado. Esos registros incluyen distintas categorías de funcionarios y no representan exclusivamente al personal que realiza tareas de custodia directa.
También se redujeron los recursos disponibles por persona encarcelada. El informe del comisionado parlamentario establece que el gasto anual por preso pasó de aproximadamente 639.000 pesos en 2020 a 499.000 pesos en 2024, expresados en valores constantes de ese último año. La reducción fue cercana al 22%. Mientras crecía la población bajo responsabilidad del Estado, disminuía el gasto por persona destinado al funcionamiento del conjunto del sistema penitenciario.
La LUC: más restricciones, penas más severas y menos alternativas
La Ley de Urgente Consideración, aprobada en julio de 2020, introdujo modificaciones relevantes en el funcionamiento del sistema penal uruguayo. Entre ellas estuvo la eliminación de la suspensión condicional del proceso, la reorganización del régimen de libertad a prueba, la ampliación de restricciones para acceder a determinados beneficios y las modificaciones en las condiciones para la redención de penas mediante trabajo o estudio. Estas decisiones formaron parte de la política de seguridad impulsada por el gobierno de coalición y tuvieron consecuencias directas sobre las posibilidades jurídicas de evitar el encarcelamiento o reducir su duración.
Uno de los cambios de mayor importancia fue el artículo 86 de la LUC, que modificó el régimen de redención de penas y estableció restricciones y exclusiones para determinados delitos. El trabajo y el estudio, dos instrumentos vinculados con la rehabilitación penitenciaria, dejaron de producir los mismos efectos sobre el cumplimiento de condenas en todos los casos. A su vez, las modificaciones procesales limitaron posibilidades de aplicar soluciones alternativas al encierro. El resultado fue un marco normativo más restrictivo en materia de cumplimiento de penas y mecanismos de salida de prisión.
El artículo 74 también modificó el tratamiento penal de determinadas actividades vinculadas con las drogas. La utilización de una vivienda como lugar de venta, depósito o distribución de sustancias pasó a quedar comprendida en una figura agravada castigada con penas de cuatro a quince años de penitenciaría. Esta modificación adquirió particular relevancia para las mujeres involucradas en delitos de drogas, muchas de ellas situadas en los eslabones de menor jerarquía de las redes de comercialización. Al comenzar la gestión de Lacalle Pou, el INR registraba 633 mujeres privadas de libertad. En agosto de 2024 eran 1.312, según información difundida por las propias autoridades penitenciarias. En poco más de cuatro años la población carcelaria femenina se había duplicado.
El endurecimiento penal convivió así con un aumento sostenido del encarcelamiento. La evolución también depende de las prácticas de persecución penal, las decisiones judiciales y otros factores que determinan los ingresos y egresos de las cárceles. Sin embargo, las disposiciones de la LUC que restringieron alternativas, elevaron mínimos de penas y modificaron mecanismos de reducción de condenas constituyen cambios legislativos concretos que deben ser considerados al examinar el crecimiento del sistema penitenciario entre 2020 y 2025.
Las cárceles que recibió Orsi: hacinamiento, deterioro y una reforma pendiente
El cierre del quinquenio dejó una situación documentada por los organismos de supervisión penitenciaria. De acuerdo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, Uruguay terminó 2024 con 16.124 personas privadas de libertad para una capacidad oficial de 13.658 plazas, equivalente al 118% de ocupación. En algunos establecimientos la situación era considerablemente más grave. La Unidad Nº 13 de Maldonado, por ejemplo, alojaba 1.177 personas para 691 plazas, mientras Santiago Vázquez concentraba más de 5.000 internos.
El informe anual correspondiente a 2024 del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit estimó que el 46% de las personas privadas de libertad, unas 7.299, se encontraba en establecimientos con condiciones crueles, inhumanas o degradantes. Otro 37% estaba recluido en centros con condiciones insuficientes para la rehabilitación y solamente el 17% disponía de oportunidades socioeducativas consideradas suficientes. El mismo informe registró 57 fallecimientos bajo custodia durante 2024 y detectó negligencias asistenciales o fallas institucionales vinculadas con el resultado letal en 27 casos. Las cifras describen las condiciones de vida de miles de personas bajo responsabilidad directa del Estado al concluir la gestión de Lacalle Pou.
Durante ese gobierno se incorporaron plazas penitenciarias y se promovieron intervenciones edilicias y programas de rehabilitación. En diciembre de 2024, el Ministerio del Interior también presentó, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Libro blanco de reforma penitenciaria, un documento que reconoció expresamente el agotamiento estructural del modelo, las carencias de personal, el hacinamiento, las dificultades de acceso a programas de tratamiento y la debilidad de las medidas alternativas a la prisión. El diagnóstico fue elaborado y publicado por la propia administración que estaba finalizando su mandato.
Yamandú Orsi asumió la Presidencia el 1º de marzo de 2025 con ese panorama penitenciario. Meses después, el ministro del Interior, Carlos Negro, vinculó parte de la situación con la orientación de la política penal del gobierno anterior y planteó la necesidad de una reforma estructural. La insuficiencia de funcionarios que hoy vuelve a quedar expuesta mediante las estimaciones sindicales permite observar uno de los problemas centrales de aquella herencia: el Estado multiplicó su población carcelaria sin acompañar ese crecimiento con una dotación equivalente de personal ni con condiciones suficientes de rehabilitación. La LUC dejó modificaciones concretas en el régimen penal, pero su huella también debe examinarse en las cárceles que el gobierno de Lacalle Pou entregó al finalizar sus cinco años de administración.
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