El gobierno resolvió usar vehículos militares en operativos policiales en zonas de alta violencia. La oposición que durante años reclamó más presencia militar en seguridad celebró la medida. Pero apenas empezó la implementación, aparecieron los problemas: los primeros blindados cedidos por el Ejército no convencen al Ministerio del Interior,no son los solicitados y la discusión dejó al desnudo una vieja contradicción política.
La seguridad como consigna y la gestión como problema
Durante años, buena parte de la derecha uruguaya convirtió la seguridad pública en una bandera de “mano dura”. Desde la reforma “Vivir sin miedo”, que proponía una Guardia Nacional con militares para tareas de seguridad interna, hasta los discursos más recientes sobre narcotráfico, barrios críticos y presencia territorial, el mensaje fue casi siempre el mismo: más fuerza, más despliegue, más intervención militar.
Ahora el gobierno de Yamandú Orsi tomó una decisión fuerte: incorporar hasta 12 vehículos blindados del Ministerio de Defensa a operativos policiales en zonas de alta violencia. Según Presidencia, la medida fue resuelta por el presidente, refrendada por el Consejo de Ministros y presentada como apoyo logístico a la Policía, no como militarización. El ministro Carlos Negro sostuvo que los vehículos estarán destinados a zonas complejas, mientras Sandra Lazo remarcó que no se trata de mezclar funciones militares con seguridad ciudadana, sino de poner recursos del Estado al servicio de la protección policial y territorial.
Los Cóndor no convencen a Interior
El primer movimiento concreto fue el traslado de cuatro vehículos RPZ Cóndor desde el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 15, en Florida, hacia Montevideo. El Ejército informó que los acondicionó para entregarlos en calidad de préstamo al Ministerio del Interior y aseguró que su objetivo era dejarlos en condiciones óptimas para uso de la Policía.
Sin embargo las autoridades del Ministerio del Interior no tienen interés en usar esos blindados en particular. La razón es operativa: los Cóndor tienen poca visibilidad lateral, casi sin ventanas hacia los costados, y la Policía considera que para patrullar barrios se necesitan vehículos con visión amplia, comodidad y capacidad real de observación. Una fuente policial resumió el problema con una frase clara: se necesitan “ventanas a los 360 grados”.
Un vehículo blindado puede proteger, pero también puede volverse inútil si impide ver lo que ocurre alrededor. La seguridad pública no se resuelve solo con volumen, chapa y blindaje. También requiere inteligencia, movilidad, conocimiento territorial y condiciones reales de operación.
Interior mira con más interés otros modelos, especialmente los Mamba MK7, donados por Estados Unidos, y también procura acelerar la cesión de vehículos Vodnik. Pero ahí aparecen otros límites: autorizaciones, capacitación, disponibilidad, mantenimiento y discusiones sobre quién conduce los vehículos. El convenio oficial prevé que, si la Policía no está capacitada todavía para manejar alguna unidad, pueda hacerlo personal militar en comisión de servicio. Ese punto abrió reparos políticos y jurídicos.
Cuando la mano dura se encuentra con la realidad
La discusión desnuda una contradicción de fondo. La oposición —en especial sectores del Partido Nacional, el Partido Colorado y la derecha más dura— celebró la medida como si fuera una victoria discursiva propia. Algunos dirigentes la presentaron como un giro de 180 grados del gobierno. Otros pidieron ir más lejos, con propuestas de comandos militares, francotiradores o mayor despliegue armado.
Pero cuando la medida entra en terreno concreto, aparecen las preguntas que la consigna de mano dura siempre evita: qué vehículos sirven, quién los conduce, bajo qué mando, con qué marco jurídico, con qué capacitación, en qué barrios, con qué límites y con qué responsabilidad política.
El PIT-CNT rechazó que militares conduzcan blindados en patrullajes policiales y planteó que, si los vehículos pertenecen al Estado uruguayo, deberían pasar al Ministerio del Interior para ser operados por policías capacitados. La central sindical ubicó el problema en un punto sensible: la seguridad es un derecho, pero las Fuerzas Armadas tienen funciones de defensa nacional y la Policía tiene funciones de seguridad ciudadana.
Ahí está el nudo. La derecha pidió durante años que los militares entraran en la seguridad interna. Ahora que el gobierno utiliza recursos militares bajo mando policial, el debate deja de ser consigna y pasa a ser administración concreta del Estado. Y en ese pasaje se ve la diferencia entre gobernar y agitar.
El gobierno tiene que cuidar dos fronteras al mismo tiempo: no dejar zonas populares libradas al dominio del narcotráfico y no convertir la respuesta estatal en una postal de militarización. La oposición, mientras tanto, debería responder una pregunta simple: si durante años pidió más intervención militar, ¿va a colaborar para que los recursos públicos se usen con eficacia o va a transformar cada detalle operativo en otra disputa mezquina?
La seguridad no puede ser un botín político. Tampoco puede ser una foto de campaña con blindados de fondo. Si el Estado va a entrar donde el crimen organizado dispara, tiene que hacerlo con mando civil, conducción policial, control democrático y recursos que realmente sirvan. Lo demás es ruido.