Carlos Enciso rechazó quedar arrastrado a una confrontación automática con el gobierno por la represa de Casupá. El intendente de Florida admitió reclamos dentro del Partido Nacional para endurecer la postura, pero sostuvo que las intendencias tienen poco margen institucional para incidir en la obra y que su prioridad es conseguir resultados para el departamento.
Una obra estratégica convertida en campo de disputa
La represa de Casupá volvió a ordenar una parte del debate político. OSE lanzó la licitación pública internacional para construir la presa sobre el arroyo Casupá, en Florida, una obra financiada con 130 millones de dólares por CAF y pensada para fortalecer la seguridad hídrica del sistema metropolitano.
El proyecto prevé almacenar 118 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce. Sumada a las reservas actuales de Paso Severino y Canelón Grande, la capacidad total pasaría de unos 80 millones a cerca de 200 millones de metros cúbicos. El gobierno sostiene que la obra es clave para evitar problemas de abastecimiento como los ocurridos durante la crisis hídrica de 2023.
El proceso licitatorio ya tiene cuatro consorcios precalificados, que deberán presentar sus ofertas hasta el 18 de agosto. La expectativa oficial es adjudicar la obra hacia fines de 2026, iniciar los trabajos en los primeros meses de 2027 y tener la represa pronta para comenzar su llenado hacia mediados o el tercer trimestre de 2029. Durante los 30 meses de construcción, OSE estima que se generarán unos 700 empleos directos e indirectos.
En términos de infraestructura pública, Casupá no es una obra menor. Tampoco es una discusión abstracta. Uruguay ya vivió una crisis de agua potable en el área metropolitana, con Paso Severino al límite, aumento de salinidad y una población obligada a convivir con un suministro deteriorado. La pregunta de fondo debería ser cómo se garantiza agua segura para más de un millón y medio de personas. Sin embargo, para una parte del Partido Nacional, el tema se convirtió en otro frente de choque contra el gobierno.
Enciso no quiso ser usado como ariete
En ese escenario apareció Carlos Enciso, intendente de Florida, blanco y dirigente con peso propio en el departamento donde se proyecta la obra. En una entrevista con El País, Enciso reconoció que dentro del Partido Nacional hubo planteos para que los intendentes adoptaran posturas más duras frente al gobierno por Casupá.
Su respuesta fue política y territorial. Dijo que la intendencia tiene un margen legal e institucional acotado para incidir en una obra nacional de esta magnitud. También señaló que una postura más confrontativa puede servir para “quedar simpático con la tribuna”, pero no necesariamente produce efectos reales.
Enciso no se alineó sin matices con el gobierno. Planteó dudas sobre el impacto ambiental, reclamó mayor información y sostuvo que el diálogo con las autoridades se fue enfriando. También marcó que Casupá le parece positivo, aunque originalmente lo veía como un proyecto complementario a Neptuno y no como sustituto.
Pero el punto político más fuerte estuvo en otro lado: rechazó que los gobiernos departamentales sean empujados a una lógica de enfrentamiento permanente. Dijo que los intendentes no pueden ser “furgón de cola” de agendas legislativas nacionales y advirtió que el Partido Nacional no debería “amputarse” la posibilidad de conseguir mejoras para sus departamentos.
Esa frase rompe la comodidad del libreto opositor. Enciso no defendió al Frente Amplio. Defendió el margen de gobierno de una intendencia. Y en esa diferencia dejó al desnudo una tensión dentro del Partido Nacional: una cosa es controlar al gobierno; otra es exigir que cada actor blanco convierta cualquier política pública en una trinchera.
El trasfondo: Neptuno, Arazatí y la disputa por el relato
Casupá llega después de la caída del proyecto Neptuno-Arazatí, impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Aquel plan proponía una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, sobre el Río de la Plata, con participación privada y una toma alternativa para abastecer el área metropolitana.
El gobierno de Yamandú Orsi descartó ese camino y optó por reforzar el sistema público desde la cuenca del Santa Lucía: nueva planta en Aguas Corrientes, mejoras de bombeo, obras en la Costa de Oro y la represa de Casupá. La oposición defendió Neptuno y cuestionó el cambio de rumbo. Sus principales dirigentes llegaron a advertir por un “peligroso y grave fracaso” si el país avanzaba con Casupá sin mantener la toma del Río de la Plata.
La discusión técnica existe y no debe ser negada. Hay debates sobre diversificación de fuentes, dependencia del Santa Lucía, impacto ambiental, expropiaciones, monte nativo, productores afectados y tiempos de autorización ambiental. Pero una cosa es discutir esos puntos con seriedad y otra distinta es presionar a intendentes para que endurezcan el tono aunque no tengan herramientas efectivas para cambiar el curso de la obra.
Enciso se paró justo en esa frontera. No dijo que todo esté bien. Dijo que Florida necesita información, diálogo y capacidad de incidencia. Pero también dejó claro que su departamento no puede quedar subordinado a una estrategia nacional de desgaste político.
Cuando la oposición pesa más que el territorio
El episodio muestra una forma de hacer oposición donde la prioridad no siempre parece ser el resultado concreto para la gente. Casupá puede tener efectos económicos inmediatos para Florida y la región: empleo, movimiento local, inversión y una obra de infraestructura que el país viene postergando desde hace años. También puede generar impactos ambientales y sociales que deben ser estudiados, mitigados y discutidos con la población afectada.
La responsabilidad política sería ordenar esas dos dimensiones: defender el ambiente y a los productores, exigir información, controlar el proceso licitatorio y, al mismo tiempo, reconocer que el país necesita obras para asegurar el agua potable. Pero el reflejo partidario empuja en otra dirección: convertir Casupá en un símbolo contra Orsi, aunque eso tensione a los propios intendentes blancos.
Enciso marcó un límite. Su mensaje fue simple: un intendente gobierna un territorio, no una consigna nacional. Necesita canales abiertos con el Poder Ejecutivo, con ministerios, con OSE y con OPP. Si rompe todos los puentes para satisfacer el clima interno de su partido, puede ganar aplausos en redes, pero pierde capacidad de gestión.
Ese es el punto que incomoda. Porque cuando una obra pública se transforma en munición partidaria, el territorio queda en segundo plano. Florida pasa a ser escenario. Casupá pasa a ser excusa. Y la seguridad hídrica de la zona metropolitana queda atrapada entre el cálculo electoral y la necesidad real de planificar agua para las próximas décadas.
Una señal interna para el Partido Nacional
La postura de Enciso también habla del momento interno blanco. El Partido Nacional salió del gobierno y todavía busca cómo ejercer la oposición. En ese tránsito, algunos dirigentes empujan una línea de confrontación dura con el Frente Amplio, especialmente en temas donde se revisan decisiones de la administración Lacalle Pou.
Pasó con Neptuno. Pasó con Casupá. Pasó también con otros asuntos en los que la oposición intentó instalar la idea de que el gobierno actúa por “capricho refundacional” o por voluntad de deshacer lo anterior. Pero el caso de Enciso muestra que no todo el Partido Nacional está dispuesto a pagar el mismo costo.
Para un legislador nacional, confrontar puede ser rentable. Para un intendente, puede ser un problema. El legislador discute en clave de relato político. El intendente tiene que gestionar caminos, servicios, inversiones, obras y relaciones cotidianas con el gobierno central. Esa diferencia explica por qué Enciso no aceptó quedar arrastrado.
Casupá deja, entonces, dos discusiones abiertas. La primera es técnica y social: cómo se construye una obra estratégica con información, controles ambientales, participación local y garantías para la población afectada. La segunda es política: si la oposición va a controlar al gobierno con argumentos o si va a intentar bloquear cualquier iniciativa que no lleve su firma.
En una obra vinculada al agua potable, esa diferencia no es menor. Después de la crisis hídrica, el país no puede darse el lujo de discutir infraestructura como si fuera solo una pelea de aparato.