El documento oficial del Ministerio de Defensa dice que, por Resolución del Poder Ejecutivo, número interno 98.436, de 21 de enero de 2025, se adjudicó a Lutrucks S.A.S. la compra de 84 vehículos tácticos 4×4 multipropósito y 5 ambulancias tácticas, por un total CIP de US$ 9.206.047.

La administración anterior adjudicó la compra de 84 todoterreno y cinco ambulancias tácticas para el Ejército por más de nueve millones de dólares, pero las unidades no quedaban comprendidas en las excepciones ambientales vigentes. Tras meses de bloqueo, el Ministerio de Ambiente modificó el reglamento de calidad del aire y agregó a los vehículos tácticos militares como excepción

Una compra millonaria del gobierno anterior terminó convertida en un problema administrativo, ambiental y político para el gobierno actual. El Ejército Nacional tenía 89 vehículos tácticos Agrale Marruá adquiridos durante la administración de Luis Lacalle Pou, pero esas unidades no estaban habilitadas para circular bajo la normativa vigente de calidad del aire. Para poder utilizarlas, el Ministerio de Ambiente debió modificar el decreto que regulaba las excepciones.

El caso expone una contradicción difícil de disimular: el propio Estado compró vehículos que no encajaban en las reglas que el Estado ya tenía aprobadas. No se trataba de una norma nueva ni de una exigencia sorpresiva posterior a la compra. El Reglamento de Calidad del Aire estaba vigente desde mayo de 2021, durante el propio gobierno de Lacalle Pou. Pese a eso, en 2024 se convocó la licitación y en enero de 2025 se adjudicó la adquisición.

La compra incluyó 84 vehículos tácticos 4×4 multipropósito y cinco ambulancias tácticas 4×4. El monto adjudicado fue de US$ 9.206.047, en condiciones CIP, a la empresa Lutrucks S.A.S. El objetivo declarado era renovar la flota táctica del Ejército y atender requerimientos operativos vinculados al plan “Fronteras Seguras”.

Una compra hecha bajo una norma que ya existía

El problema no apareció por falta de utilidad de los vehículos. Las unidades podían servir para patrullaje, tareas en frontera, apoyo logístico, emergencias, evacuación sanitaria y operaciones militares. El punto central era otro: el pliego exigía vehículos con nivel de emisiones Euro III, mientras el régimen ambiental uruguayo ya había avanzado en estándares más exigentes para fuentes móviles.

El decreto de calidad del aire fijaba límites y condiciones para proteger el ambiente y reducir riesgos para la salud humana y los ecosistemas. En su redacción anterior, la normativa exceptuaba de su alcance a aeronaves, buques y artefactos navales, pero no incluía a los vehículos tácticos de empleo militar. Esa omisión dejó a los Agrale en una zona de bloqueo: habían sido comprados por el Estado, pero no podían incorporarse normalmente a la circulación

La primera partida de estos vehículos comenzó a llegar al país en octubre de 2025. Para mayo de 2026, el tema seguía sin solución plena. Incluso el senador nacionalista Javier García presentó un proyecto para habilitarlos “de forma urgente” y sostuvo que las primeras unidades llevaban siete meses sin poder ser utilizadas. Esa intervención política no borra el dato de fondo: la adquisición fue definida por el gobierno anterior, con la normativa ambiental ya vigente.

El decreto que debió cambiar el nuevo gobierno

El Ministerio de Ambiente, encabezado por Edgardo Ortuño, modificó el alcance del Decreto N° 135/021. La nueva redacción agrega a los “vehículos tácticos de empleo militar” dentro de las excepciones al reglamento de calidad del aire. Con ese cambio, los 89 vehículos del Ejército dejan de quedar por fuera del marco normativo y podrán ser liberados para su uso.

La modificación también incorpora una condición para el futuro: una vez que esos vehículos sean desafectados de su uso militar y de sus funciones específicas, deberán ser desmotorizados, y sus motores no podrán destinarse a otros usos o funciones. Es decir, el gobierno no solo abrió una salida para aprovechar la compra ya realizada, sino que intentó cerrar la puerta a que esos motores terminen circulando luego por fuera del destino militar que justificó la excepción.

El propio fundamento del cambio marca que la excepción no supone un giro sustancial en la política nacional de calidad del aire. El mensaje político, sin embargo, es claro: hubo que adaptar el decreto para salvar una compra que la administración anterior dejó trancada.

El costo político de comprar primero y revisar después

La defensa de la compra puede apoyarse en la necesidad operativa del Ejército. Las Fuerzas Armadas necesitan equipamiento, la vigilancia fronteriza requiere movilidad y las ambulancias tácticas pueden cumplir funciones relevantes en zonas complejas. Pero esa discusión no elimina la responsabilidad administrativa de haber adquirido vehículos sin resolver antes su encaje normativo.

El Estado no puede funcionar con la lógica de comprar primero y corregir después. Menos aún si se trata de una operación de más de nueve millones de dólares. La administración Lacalle Pou avanzó con una adquisición destinada al Ejército, adjudicada sobre el final del período, que terminó dependiendo de un cambio posterior del gobierno siguiente para poder ser utilizada.

El resultado fue una flota nueva atrapada entre la urgencia operativa y la normativa ambiental. El gobierno actual optó por modificar el decreto para no dejar inmovilizados recursos ya comprados con dinero público. Pero la salida práctica no cambia el origen del problema: los vehículos fueron adquiridos por el gobierno anterior sin que estuviera resuelta su habilitación bajo las reglas vigentes.

Fuentes:

Presidencia publicó la resolución de junio de 2024 que convocó la licitación para adquirir vehículos tácticos multipropósito y ambulancias tácticas, con destino al Ejército y vinculada al plan “Fronteras Seguras”.

Una resolución oficial de 2025 confirma que la Licitación Pública N° 350/SMA/2024 fue adjudicada a Lutrucks S.A.S. por 84 vehículos tácticos 4×4 y cinco ambulancias, por un total CIP de US$ 9.206.047