Vecinos denunciaron que las precipitaciones del sábado 18 de julio volvieron a transportar balastro, sedimentos y restos de obras hacia la Playa de los Pescadores. El reclamo apunta a una intervención de la Intendencia de Rocha cuestionada por el Ministerio de Ambiente, la Universidad de la República, la Institución Nacional de Derechos Humanos y una resolución judicial.

La lluvia volvió a exponer un problema denunciado desde 2024

Las lluvias registradas el sábado 18 de julio volvieron a dejar al descubierto los problemas de drenaje que atraviesa Punta del Diablo. Imágenes difundidas por el colectivo Ambiente Punta del Diablo y la radio Esteña FM muestran corrientes de agua que bajan desde las calles hacia la costa, arrastrando balastro, sedimentos, escombros y restos de intervenciones realizadas en el entorno de la Playa de los Pescadores.

Los vecinos sostienen que no se trató de un episodio excepcional, sino de la repetición de un proceso conocido: cada precipitación intensa erosiona las calles, concentra el agua en determinados puntos y deposita material sobre la arena.

“Cada lluvia se va a llevar todo el material a la playa”, advirtió el colectivo, que también cuestionó la escasa duración de algunas estructuras de madera colocadas en la zona y la permanencia de restos de construcciones y demoliciones en el frente costero.

El conflicto comenzó a adquirir dimensión pública en 2024, cuando la Intendencia de Rocha puso en marcha un proyecto para pavimentar con adoquines la calle que conduce hacia la Playa de los Pescadores.

La iniciativa original contemplaba unos 700 metros de extensión, seis metros de ancho y la utilización de aproximadamente 55.000 adoquines. Posteriormente, el tramo habría sido reducido a unos 480 metros. El entonces intendente Alejo Umpiérrez estimó una inversión cercana a los 600.000 dólares y presentó la obra como una mejora turística y una solución al arrastre de tosca hacia la playa.

El planteo de los vecinos nunca fue dejar las calles en las condiciones existentes. Reconocen que el balastro también termina sobre la costa, pero sostienen que pavimentar sin resolver previamente el drenaje puede acelerar la velocidad del agua, concentrar los escurrimientos y trasladar el problema hacia viviendas, comercios y sectores particularmente sensibles de la playa.

Una obra cuestionada por Ambiente y detenida por la Justicia

En octubre de 2024, organizaciones vecinales presentaron una denuncia ante el Ministerio de Ambiente. Cuestionaron que el proyecto avanzara sin consulta pública, sin un análisis integral del drenaje y sin una evaluación ambiental adecuada para una intervención ubicada dentro de la faja de defensa de costas.

Inspectores del Ministerio de Ambiente determinaron que, al menos para el sector más cercano a la costa, la Intendencia debía presentar el proyecto y obtener autorización ambiental.

La comuna rechazó esa interpretación. Sostuvo que se trataba de una calle pública ya abierta y pavimentada desde hacía años y que, por tanto, estaba comprendida en una de las excepciones previstas por el Código de Aguas.

La controversia llegó a la Justicia. El 31 de marzo de 2025, el juez Alejandro Recarey dispuso la detención completa e inmediata de las obras de adoquinado hasta que la Intendencia contara con la correspondiente autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente.

La resolución aplicó el principio precautorio y consideró que existían elementos suficientes para advertir una posible afectación ambiental. El fallo tomó en cuenta un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que señaló riesgos de inundaciones y daños sobre viviendas o comercios, y otro análisis de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que advirtió sobre la eventual ausencia de un manejo adecuado de las aguas pluviales.

La intervención de esos organismos no quedó limitada a referencias periodísticas. El informe anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos correspondiente a 2025 confirma que la institución asesoró al Poder Judicial en la causa identificada como IUE 2-10080/2025 y elaboró la Resolución 1542/2025 específicamente sobre las obras de adoquinado en Punta del Diablo.

Pese a la orden judicial, el conflicto no quedó resuelto. Los vecinos afirman que los problemas vinculados a las intervenciones, el movimiento de materiales y la falta de drenaje continúan. No surge de las publicaciones oficiales consultadas una respuesta específica de la Intendencia de Rocha o del Ministerio de Ambiente sobre las imágenes difundidas después de las lluvias del 18 de julio.

Un plan de drenaje que permanece sin ejecución

El colectivo vecinal reclama que, antes de avanzar con nuevas pavimentaciones, se implemente un plan de drenaje sustentable para toda la localidad. La propuesta contempla recuperar cauces naturales, distribuir los escurrimientos, instalar cruces con caños y badenes, construir zonas de decantación para retener el balastro y conducir el agua hacia puntos rocosos menos vulnerables a la erosión.

En una sesión de la Junta Departamental realizada en Punta del Diablo, representantes del colectivo señalaron que existe un documento de unas 40 páginas con propuestas técnicas. Sin embargo, explicaron que nunca se avanzó hacia el proyecto ejecutivo necesario para presupuestar y ejecutar las obras.

“Cada lluvia copiosa tira el balastro a la playa”, sostuvo uno de los vecinos ante los ediles. También reclamó recuperar las cañadas naturales que fueron modificadas por el crecimiento urbano y dejar de utilizar la reposición permanente de material como única respuesta al deterioro de las calles.

El drenaje está directamente relacionado con otra carencia estructural: Punta del Diablo no posee un sistema general de saneamiento acorde con el crecimiento registrado durante las últimas décadas y con la multiplicación de su población durante el verano.

Vecinos y comerciantes han denunciado desbordes de aguas residuales, pozos saturados y líquidos que durante lluvias intensas alcanzan las calles y terminan desplazándose hacia la playa. Advierten que una superficie adoquinada podría ocultar o dificultar el acceso a algunas instalaciones sin solucionar el problema sanitario de fondo.

La localidad tenía 2.014 habitantes permanentes según el censo de 2023, pero durante la temporada recibe una población muy superior. En la Junta Departamental, integrantes del colectivo afirmaron que los servicios educativos, sanitarios, viales y ambientales ya muestran signos de saturación.

El debate, por tanto, no enfrenta a quienes quieren obras con quienes pretenden impedirlas. El reclamo vecinal exige infraestructura, pero demanda que sea planificada con participación comunitaria, respaldo técnico y protección del ecosistema costero.

Las imágenes del 18 de julio volvieron a mostrar el costo de postergar las soluciones estructurales. Mientras se discute el adoquinado, el agua continúa bajando sin control y transportando hacia la playa los materiales que encuentra en su recorrido.

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