La ministra de Defensa, Sandra Lazo, cuestionó con dureza a quienes todavía retienen información sobre detenidos desaparecidos y planteó avanzar sobre predios militares. Sus dichos llegaron después de que el comandante del Ejército, Mario Stevenazzi, afirmara que la institución “no esconde nada”.

Una frase que cambia el tono del reclamo

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, elevó el tono político e institucional sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado. En un momento marcado por la Marcha del Silencio y por nuevos datos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Lazo apuntó directamente contra quienes todavía conocen información y no la entregan.

“Quienes tienen la verdad y no la dan son traidores a la patria”, afirmó la jerarca, en una definición que golpea en el centro de una herida abierta desde hace décadas. La frase no estuvo dirigida a soldados de hoy ni a la institución militar en su conjunto, sino a quienes participaron, encubrieron o heredaron información sobre crímenes de Estado y mantienen el silencio.

Lazo también marcó una idea fuerte sobre el camino que, a su juicio, debería seguir el Estado: ingresar con maquinaria de ingenieros a los predios militares y revisar hasta el último tramo de tierra. La ministra reconoció que una medida así no puede aplicarse de manera inmediata ni sin los pasos institucionales correspondientes, pero dejó claro cuál es el sentido político de su posición: buscar, abrir archivos, remover obstáculos y no seguir aceptando que la verdad dependa de silencios privados.

El Ejército dice que no oculta nada

Las declaraciones de Lazo llegaron después de que el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, asegurara que la institución “no esconde nada” en relación con el paradero de detenidos desaparecidos. El jerarca sostuvo que el Ejército entregó documentación disponible a la INDDHH y que mantiene un vínculo fluido con el organismo.

Stevenazzi también admitió un punto relevante: en una organización grande puede haber información que el mando superior no conozca. Esa diferencia es central. Una cosa es afirmar que la conducción actual no tiene una orden de ocultamiento. Otra muy distinta es dar por cerrado el problema de los archivos, los predios, las memorias institucionales y las redes de silencio que sobrevivieron al terrorismo de Estado.

El Estado democrático no puede conformarse con una declaración de buena voluntad. La búsqueda de los desaparecidos necesita archivos abiertos, acceso irrestricto, cooperación real, revisión de predios y una política sostenida que no dependa de la voluntad individual de mandos o retirados.

La verdad sigue siendo una deuda democrática

La discusión se da en un momento especialmente sensible. La INDDHH informó que trabaja sobre 243 investigaciones por denuncias de desaparición forzada. De ese total, 162 son casos activos y 81 están en análisis. Además, la lista reconocida de detenidos desaparecidos pasó de 197 a 205 casos, luego de la incorporación de ocho situaciones nuevas.

No se trata de una discusión simbólica ni de una disputa del pasado. Uruguay todavía busca restos, reconstruye trayectorias, revisa archivos y espera respuestas. En predios militares ya hubo hallazgos fundamentales. En el Batallón 13, por ejemplo, fueron encontrados los restos de Fernando Miranda y Eduardo Bleier, en un lugar señalado como centro clandestino de detención y tortura.

Por eso el reclamo de Lazo tiene un peso político mayor. La democracia uruguaya no se fortalece protegiendo pactos de silencio. Se fortalece mirando de frente lo ocurrido, separando a las Fuerzas Armadas actuales de los crímenes del terrorismo de Estado y exigiendo que quienes tienen información cumplan con una obligación histórica, jurídica y humana.