La ministra de Defensa, Sandra Lazo, salió a precisar el alcance de la decisión del gobierno de incorporar vehículos del Ejército a operativos contra el crimen organizado. Según la jerarca, no se trata de sacar militares a patrullar barrios ni de mezclar funciones entre Defensa e Interior, sino de aportar herramientas materiales para que la Policía pueda ingresar con mayor protección a zonas donde los operativos son más complejos.

Sandra Lazo buscó cerrar una confusión política sensible: la medida no implica que las Fuerzas Armadas pasen a cumplir tareas de seguridad pública en los barrios.

Defensa aporta vehículos, Interior mantiene el mando

“Esto no pasa por encima de ningún precepto constitucional”, sostuvo la ministra. En Uruguay, la separación entre Defensa Nacional y seguridad interior no es un detalle administrativo: es una frontera institucional cargada de historia, especialmente para la izquierda, para el movimiento de derechos humanos y para buena parte de la sociedad democrática.

Lazo afirmó que el gobierno tiene claro “cuál es el rol de la defensa nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública”. En ese marco, Defensa puede aportar vehículos, herramientas o capacidades logísticas, pero la conducción política y operativa de la seguridad pública sigue siendo del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.

La ministra también aclaró que todavía hay aspectos sin cerrar. No está definido de forma definitiva qué vehículos se utilizarán ni quiénes los conducirán en todos los casos. Según explicó, algunos vehículos podrían necesitar operadores militares por razones técnicas, mientras que otros podrían ser transferidos o utilizados por personal del Ministerio del Interior luego de una capacitación específica.

Ese punto es clave: si el vehículo se incorpora como herramienta logística, bajo mando policial y sin que el personal militar asuma funciones policiales, el gobierno sostiene que no hay militarización. Si, en cambio, los militares pasan a operar en el territorio con funciones propias de patrullaje, detención, control o intervención directa, la discusión jurídica y política cambia.

Qué función cumplirán los vehículos Mamba

La medida se vincula a los operativos policiales en zonas de Montevideo donde el Ministerio del Interior detecta mayor presencia de violencia armada, enfrentamientos entre bandas y actividad asociada al crimen organizado.

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó que el gobierno trabaja en un convenio con Defensa para incorporar vehículos Mamba del Ejército Nacional. Serían 12 unidades destinadas al patrullaje en zonas de mayor incidencia criminal, siempre bajo mando de la Policía Nacional.

Los Mamba MK7 son vehículos blindados de transporte de personal. Fueron incorporados por Defensa en 2024, originalmente para misiones de paz, y tienen capacidad de protección en contextos de riesgo, emboscadas o amenazas con artefactos explosivos. No son patrulleros comunes: son unidades diseñadas para proteger a quienes se desplazan en escenarios hostiles.

En este caso, su función no sería sustituir a la Policía ni convertir los barrios en zona militar. La función concreta sería otra: permitir que los efectivos policiales ingresen con mayor protección a lugares donde los patrulleros comunes quedan expuestos a disparos, daños o bloqueos. Es decir, blindaje, movilidad y seguridad para operativos policiales.

El punto que el gobierno deberá explicar con precisión es cómo se van a usar. No alcanza con decir que “son vehículos”. Debe quedar establecido:

• quién manda el operativo;
• quién conduce el vehículo;
• si habrá personal militar dentro del despliegue;
• qué facultades tendrá ese personal;
• qué armamento se utilizará o no se utilizará;
• qué protocolo regulará cada intervención;
• qué control civil y político tendrá la medida.

La diferencia entre apoyo logístico y militarización no está en la chapa del vehículo. Está en la cadena de mando, en las funciones asignadas y en el marco legal de actuación.

La izquierda, la seguridad y una frontera que no debe borrarse

La incomodidad de sectores de izquierda ante cualquier presencia militar en tareas vinculadas a seguridad pública no es una rareza ideológica ni una traba caprichosa. Tiene una base histórica y democrática. Uruguay conoce demasiado bien lo que ocurre cuando las Fuerzas Armadas se colocan por encima o por fuera de los controles civiles.

Por eso la prevención existe y es legítima.

Pero también es cierto que el crimen organizado modificó el escenario. Hay barrios donde la violencia armada, las economías ilegales y la disputa territorial entre bandas afectan directamente la vida cotidiana de vecinos, trabajadores, comercios, centros educativos y servicios públicos. El Estado no puede abandonar esos territorios ni responder con discursos vacíos.

La respuesta tampoco puede ser la vieja receta de la mano dura sin inteligencia, sin investigación financiera, sin control de armas, sin política social y sin presencia estatal sostenida. Pero usar un vehículo blindado como protección para un operativo policial no equivale automáticamente a militarizar la seguridad pública.

La clave está en no cruzar la línea.

Si los Mamba ingresan como apoyo material, bajo mando policial, con identificación clara, sin armamento de guerra desplegado para tareas internas y con protocolos públicos, la medida puede entenderse como un recurso logístico excepcional frente a una situación crítica.

Si la medida se transforma en presencia militar habitual en barrios pobres, con soldados ocupando funciones policiales o con una lógica de guerra interna, entonces el gobierno entraría en un terreno políticamente peligroso y constitucionalmente discutible.

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