El diputado frenteamplista Joaquín Garlo sostuvo a que la compra de las patrulleras oceánicas fue diseñada de forma favorable a Cardama. El contrato, firmado en diciembre de 2023 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, comprometía 82.372.000 euros por dos buques para la Armada. El actual gobierno rescindió el acuerdo por incumplimientos graves, denunció indicios de fraude o estafa contra el Estado y busca recuperar dinero público ya transferido.
El caso Cardama volvió a ocupar el centro de la discusión política después de que el diputado frenteamplista Joaquín Garlo, integrante de la comisión bicameral que investiga la compra de las patrulleras oceánicas, afirmara que “el proceso de compra fue armado prácticamente de forma tal que fuera beneficioso para los intereses de Cardama”.
La frase apunta al corazón del expediente: una contratación millonaria realizada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, defendida en su momento por el entonces ministro de Defensa, Javier García, y luego rescindida por el gobierno de Yamandú Orsi tras detectar incumplimientos graves, irregularidades en las garantías y fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo.
El contrato fue firmado el 15 de diciembre de 2023 entre el Ministerio de Defensa Nacional y Astilleros Cardama. Lo rubricaron el entonces ministro Javier García y el presidente de la empresa española, Mario Cardama. La operación establecía la construcción de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional por un monto total de 82.372.000 euros. El primer buque debía entregarse en 18 meses y el segundo 12 meses después, a partir de la entrada en vigor del contrato.
En aquel momento, el Ministerio de Defensa presentó la compra como el cierre de un proceso de más de 20 años de intentos frustrados para dotar a la Armada de patrulleros oceánicos. García sostuvo que la decisión se apoyaba en razones técnicas aportadas por la Armada, en el precio y en los plazos. También dijo que los buques eran “cero kilómetro, cero millas” y que permitirían recuperar capacidades para la vigilancia del mar, el cuidado de los recursos naturales y el cumplimiento de las misiones de soberanía.
La información oficial del propio Ministerio de Defensa señalaba que el contrato incluía la participación de un clasificador internacional para controlar la construcción, además de la presencia de un representante de la Armada Nacional durante el seguimiento de obra. Cardama, por su parte, informó que los buques tendrían 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga.
La denuncia política de Garlo
Garlo colocó el foco en la forma en que se llegó a esa adjudicación. En declaraciones recogidas por la diaria, el legislador sostuvo que el proceso fue armado de manera prácticamente favorable a los intereses de Cardama. Esa afirmación no es un dato judicial probado, sino una acusación política formulada por un integrante de la comisión investigadora. Pero se apoya en una serie de elementos que ya forman parte del debate parlamentario, administrativo y público.
Desde el Movimiento de Participación Popular, sector al que pertenece Garlo, se difundió que el diputado considera que la comisión investiga un contrato con “incumplimientos graves” que comprometió más de 80 millones de euros. También señaló que la rescisión no responde a una disputa política, sino a fundamentos jurídicos vinculados a incumplimientos graves y sistemáticos por parte de la empresa contratada.
En esa misma línea, Garlo sostuvo que las embarcaciones adquiridas eran prototipos que no habían sido construidos ni probado su funcionamiento. Para el diputado, el país terminó expuesto a un riesgo significativo: Uruguay sigue sin patrulleras oceánicas, con dinero público comprometido y con una investigación abierta sobre las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales.
Otro dato importante de fuente partidaria es que Garlo marcó una diferencia entre el proceso seguido durante gobiernos del Frente Amplio y la decisión adoptada luego por el gobierno de Lacalle Pou. Según su planteo, en etapas anteriores se había avanzado sobre alternativas basadas en productos probados y astilleros con experiencia internacional, mientras que la contratación con Cardama terminó orientada hacia una embarcación sin antecedentes operativos.
El propio Garlo afirmó que Uruguay ya había gastado más de 20 millones de euros y seguía sin patrulleras oceánicas. Esa cifra aparece en su planteo político como parte del problema central: no se discute la necesidad de contar con buques para controlar el mar territorial, combatir la pesca ilegal, enfrentar el narcotráfico y proteger recursos naturales; lo que se investiga es cómo se eligió a Cardama, bajo qué condiciones y con qué controles.
Garantías, plazos y una empresa que no aparecía
El punto que terminó detonando la crisis fue el sistema de garantías. La compra requería garantías para proteger al Estado ante posibles incumplimientos. Una de ellas era la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del contrato. En una operación de 82.372.000 euros, ese porcentaje equivale a unos 4,1 millones de euros.
Según la información oficial difundida por Presidencia, el gobierno de Orsi instruyó en octubre de 2025 al embajador uruguayo en Reino Unido para que se presentara en las oficinas de Eurocommerce, la empresa que aparecía vinculada a la garantía. El diplomático encontró que allí no funcionaba esa compañía, sino una inmobiliaria perteneciente a una persona de nacionalidad rusa residente en su país natal.
Presidencia informó además que Eurocommerce había tenido solo un empleado en 2022, 2023 y 2024, que no registraba prácticamente actividad, que su único director era un ciudadano ruso residente en su país natal y que en su página web aparecían datos falsos y engañosos.
El gobierno sostuvo que existían indicios fuertes de que se trataba de una empresa de papel y que la garantía no existiría. También cuestionó que la documentación se hubiera presentado en inglés, sin apostilla y sin la acreditación correspondiente. La garantía debía cubrir un plazo de 42 meses, pero alcanzaba solamente un año y debía ser renovada 30 días antes del vencimiento.
Otro dato clave es el tiempo. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que al astillero elegido por la administración anterior le llevó 11 meses constituir garantías que debían presentarse en un plazo inicial de 45 días. Esa diferencia entre el plazo contractual y la realidad posterior quedó como uno de los elementos más fuertes del caso.
El gobierno anunció entonces que iniciaría acciones administrativas, civiles y penales. El presidente Yamandú Orsi habló de “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo” y comunicó la decisión de avanzar hacia la rescisión del contrato.
La rescisión del contrato
El 13 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros encabezado por Yamandú Orsi resolvió rescindir el contrato con Astilleros Cardama. La decisión fue tomada por incumplimientos contractuales graves y se apoyó, entre otros puntos, en la situación de la garantía de fiel cumplimiento y en irregularidades posteriores detectadas en la garantía de reembolso.
Orsi sostuvo que, al intentar ejecutar la garantía, el gobierno se encontró con que esa garantía no existía o que el documento era falso. Luego, según Presidencia, el propio astillero admitió que la garantía era inexistente. El gobierno también señaló que la garantía de reembolso no cumplía con lo establecido en el contrato: no era una póliza, sino un escrito de términos y condiciones.
La resolución de Presidencia rescindió el contrato celebrado el 15 de diciembre de 2023 entre la República Oriental del Uruguay y Francisco Cardama S.A., al amparo del artículo 70 del TOCAF. Además, otra resolución encomendó al Ministerio de Defensa Nacional iniciar acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales para preservar los intereses del Estado, tanto en el ámbito nacional como internacional.
El gobierno anunció cuatro líneas de acción: rescindir el contrato de suministro por incumplimientos graves e iniciar acciones por daños y perjuicios; recuperar patrimonio del Estado uruguayo; definir responsabilidades institucionales e individuales; y procurar nuevas alternativas para adquirir patrulleras oceánicas para la defensa de la soberanía nacional.
Hasta ese momento, según la información oficial difundida por Presidencia en octubre de 2025, el Estado uruguayo ya había realizado tres transferencias al astillero por una suma cercana a los 30 millones de dólares. Ese dato transforma el caso en algo más que una discusión administrativa: hubo dinero público transferido, patrulleras no entregadas y una contratación que terminó bajo investigación.
Una comisión con 127 votos y seis meses de plazo
El Parlamento también abrió su propio camino de investigación. La Asamblea General aprobó por unanimidad, con 127 votos en 127, la creación de una comisión investigadora bicameral para analizar el proceso de adquisición de patrullas oceánicas.
La comisión está integrada por 17 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria y tiene seis meses para expedirse. Su alcance comprende el período 2010-2026, lo que permite revisar tanto los intentos anteriores de compra como la adjudicación a Cardama y la posterior rescisión del contrato.
La investigadora quedó con nueve integrantes del Frente Amplio y ocho de la oposición. Entre los representantes oficialistas está Joaquín Garlo, quien viene insistiendo en que la discusión no debe limitarse al momento de la rescisión, sino al proceso completo que llevó a comprometer más de 80 millones de euros con un astillero que, según los cuestionamientos planteados, no tenía antecedentes suficientes para una obra de esa magnitud.
La aprobación unánime de la comisión muestra que el caso ya no puede ser tratado como una disputa menor entre gobierno y oposición. Todos los partidos votaron investigar. La diferencia está en el énfasis: el oficialismo pone el foco en la adjudicación realizada durante el gobierno anterior, mientras sectores de la oposición también buscan revisar la actuación del actual gobierno en la rescisión y en el manejo posterior del contrato.
El testimonio de Gustavo Musso
Uno de los testimonios más relevantes en la comisión fue el del contralmirante retirado Gustavo Musso, exjefe del Estado Mayor de la Armada. Musso había cuestionado la adjudicación a Cardama y, según informó Montevideo Portal, declaró que ir por ese astillero era “temerario”.
De acuerdo con esa cobertura, Musso sostuvo que Cardama no tenía antecedentes en la construcción de buques similares a una OPV y que existían embarcaciones sin entregar con más de una década de demora. También afirmó que él votó en contra de adjudicar a Cardama.
Otro punto sensible fue la modificación de prestaciones. Musso señaló que la propuesta final redujo la velocidad de 23 a 21 nudos, algo que, según su visión, beneficiaba al astillero y no a la Armada. Al mismo tiempo, el precio subía de 68 millones a 82,5 millones de euros.
Ese dato es especialmente relevante para la línea planteada por Garlo. Si el proceso terminó aceptando menos capacidad técnica y más costo, la pregunta política es inevitable: quién tomó esa decisión, con qué respaldo técnico, con qué advertencias disponibles y por qué se avanzó igual.
Un informe administrativo que habló de “decisión política”
La investigación administrativa también dejó elementos fuertes. A partir del informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la adjudicación a Cardama fue otorgada por “decisión política” y no midió adecuadamente los riesgos operativos, financieros y contractuales.
El documento señaló que la decisión careció de un análisis suficiente sobre la viabilidad constructiva, la experiencia previa, la solvencia y la capacidad real de Cardama para ejecutar un proyecto de esas características. También indicó que el Ministerio de Defensa contó con asesoramiento jurídico especializado, pero que ese asesoramiento no se integró adecuadamente al proceso decisorio.
El informe agregó que las prórrogas otorgadas a Cardama para presentar garantías se dieron “sin sustento jurídico claro” y que la empresa no tenía antecedentes en construir OPV similares, carecía de infraestructura para buques de gran porte y presentaba riesgos financieros importantes.
También se informó que la Armada recomendó tres astilleros que cumplían requisitos mínimos, pero que no decidió ni adjudicó. Según ese análisis, distintos jerarcas militares advirtieron sobre las capacidades técnicas, la solvencia y los riesgos de Cardama, pero esas advertencias no fueron incorporadas en la decisión final de la cartera.
La lectura política de estos elementos coincide con el planteo de Garlo: el problema no está solamente en la garantía irregular detectada después, sino en la forma en que se eligió al proveedor, en las advertencias que habrían sido dejadas de lado y en el diseño de un proceso que terminó comprometiendo al Estado en una contratación de alto riesgo.
Un país sin patrulleras y con dinero comprometido
El caso Cardama concentra varios planos al mismo tiempo. Uruguay necesita patrulleras oceánicas para controlar su mar territorial, combatir la pesca ilegal, enfrentar rutas del narcotráfico y proteger recursos naturales. Esa necesidad fue reconocida por gobiernos de distintos partidos y no está en discusión.
Lo que está bajo investigación es otra cosa: cómo se pasó de una necesidad real de la Armada a un contrato de más de 82 millones de euros con un astillero cuestionado; por qué se aceptaron prórrogas durante meses para garantías que debían presentarse en 45 días; por qué se transfirieron decenas de millones de dólares antes de que el país tuviera los buques; y qué responsabilidades políticas, administrativas o empresariales pueden surgir de ese recorrido.
La afirmación de Garlo sobre un proceso armado en beneficio de Cardama debe leerse en ese marco. No sustituye a la investigación judicial ni a la investigación parlamentaria. Pero marca una línea política clara: para el oficialismo, el caso no empezó con la rescisión decidida por Orsi, sino con la adjudicación realizada durante el gobierno de Lacalle Pou.
Fuentes:
Ministerio de Defensa Nacional,La Diaria.