La directora de Promoción Social fue sancionada por cuatro días tras enviar de forma directa a la Fundación A Ganar un pedido vinculado a suplencias en centros CAIF. El intendente Nicolás Olivera defendió la medida, pero el Frente Amplio cuestionó las explicaciones y pidió investigar.
Una sanción que abrió una discusión mayor
La suspensión de la directora de Promoción Social de la Intendencia de Paysandú, Guadalupe Caballero, dejó de ser un episodio administrativo aislado y volvió a colocar en discusión el funcionamiento interno del gobierno departamental, el respeto a las jerarquías y el vínculo con la Fundación A Ganar.
Caballero fue sancionada con cuatro días de suspensión sin goce de sueldo. La explicación oficial apuntó a un error administrativo y jerárquico: la jerarca habría enviado directamente a la Fundación A Ganar un pedido relacionado con suplencias en cuatro centros CAIF, además de cursarlo por las vías internas de la Intendencia.
Para el intendente Nicolás Olivera, la actuación excedió la órbita de competencia de la directora y no respetó los canales correspondientes. En la Junta Departamental, el jefe comunal defendió la sanción y sostuvo que el ejemplo debe comenzar por los jerarcas. También afirmó que la valoración personal y profesional hacia Caballero permanecía intacta.
La secretaria general de la Intendencia, Gabriela Gómez, buscó cerrar la polémica al señalar que se trató de un error administrativo, no de otra situación. Rechazó versiones que circularon en redes sociales y sostuvo que la medida no afecta la gestión del área de Promoción Social.
El punto sensible: los CAIF y la Fundación A Ganar
El episodio toca una zona especialmente sensible en Paysandú: la presencia de la Fundación A Ganar en la gestión de recursos humanos vinculados a centros CAIF y otros servicios sociales. Ese vínculo ya había sido cuestionado en años anteriores por la oposición departamental, que denunció presuntas irregularidades, pérdida de derechos laborales y falta de transparencia en la contratación.
El problema de fondo no se agota en si una directora envió una nota por el canal correcto o incorrecto. Lo que vuelve relevante el caso es que el pedido estaba relacionado con suplencias en servicios de atención a la infancia y que la respuesta debía pasar por una fundación externa, contratada por la Intendencia para operar áreas sensibles de la política social.
En ese punto aparece una discusión política más amplia: qué lugar ocupa el Estado en la gestión de servicios sociales, qué controles existen sobre las tercerizaciones y qué garantías tienen trabajadores, familias y niños vinculados a esos centros.
La tercerización de tareas públicas a través de fundaciones suele presentarse bajo argumentos de eficiencia, ahorro o flexibilidad administrativa. Pero también puede abrir zonas grises: menor claridad sobre responsabilidades, condiciones laborales más frágiles, dificultad para acceder a información pública y una distancia mayor entre la decisión política y la ejecución concreta del servicio.
La oposición no quedó conforme
En la Junta Departamental, la mayoría integrada por el Partido Nacional y un edil colorado declaró satisfactorias las explicaciones de Olivera. El Frente Amplio, en cambio, rechazó la respuesta del intendente, la consideró insuficiente y reclamó más transparencia.
La oposición pidió la renuncia de Caballero y cuestionó que el gobierno departamental intentara reducir el episodio a una falta administrativa menor. Además, se resolvió avanzar con comisiones preinvestigadoras por la situación de Caballero y por otro caso vinculado a un exjerarca de la administración departamental.
El caso deja planteada una pregunta que va más allá de una sanción de cuatro días: si el gobierno departamental de Paysandú tiene un sistema claro, transparente y controlable para manejar áreas sociales tercerizadas, o si la estructura actual genera conflictos que recién salen a la luz tras episodios internos.
La respuesta oficial insiste en que hubo un error administrativo, una sanción ajustada a derecho y una gestión social que sigue funcionando. La oposición sostiene que las explicaciones no alcanzan y que el vínculo entre la Intendencia, los servicios sociales y la Fundación A Ganar requiere mayor investigación pública.
Fuentes:
El Telégrafo
Somos de Acá
la diaria
M24
LARED21