La detención en Bolivia del operador digital argentino Fernando Cerimedo abrió un nuevo frente político para el gobierno de José Antonio Kast en Chile. Diputados opositores comenzaron a reclamar información sobre eventuales contrataciones, pagos y relaciones entre el consultor y funcionarios del actual Ejecutivo, mientras nuevas investigaciones periodísticas muestran que al menos tres figuras que hoy o hasta hace pocos días ocuparon lugares relevantes alrededor de Kast coincidieron con Cerimedo en la campaña del Rechazo. El caso vuelve a colocar bajo discusión un problema que atraviesa a las nuevas derechas latinoamericanas: quién financia, dirige y controla las estructuras digitales capaces de instalar desinformación, hostigar adversarios y alterar el debate democrático.
De las encuestas del Rechazo a las oficinas de La Moneda
La presencia de Cerimedo en Chile está documentada desde 2020, cuando su consultora Numen difundió una encuesta sobre el primer plebiscito constitucional que mostraba una elección mucho más pareja que el resultado finalmente registrado: el Apruebo terminó imponiéndose con casi 78% de los votos. El sondeo había sido encargado por empresarios vinculados a «Casa Común por el Rechazo» y recibió cuestionamientos de la Asociación de Investigadores de Mercado de Chile por sus estándares de transparencia. Cerimedo volvió a reivindicar públicamente su participación en el triunfo del Rechazo de septiembre de 2022, mientras una investigación internacional publicada por CIPER documentó posteriormente su intervención en campañas de desinformación en Chile y Brasil. El punto que ahora adquiere otra dimensión es que integrantes de aquella estructura terminaron muy cerca del poder: Alejandro Irarrázaval se convirtió en jefe de asesores de Kast; Ignacio Dülger integró el Segundo Piso hasta su reciente renuncia; y este 25 de agosto se conoció que Felipe «Yeti» Costabal, actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, también formó parte de Casa Común y coincidió allí con Cerimedo.
La oposición quiere saber quién contrató, quién pagó y hasta dónde llegó la relación
El diputado Jaime Araya, de la bancada PPD, envió un oficio a Irarrázaval para que informe qué tipo de relación tuvo o mantiene con Cerimedo, si compartieron trabajos o espacios políticos y si existió alguna contratación directa o indirecta de sus servicios. El socialista Juan Santana anunció a su vez que pedirá al Servicio Electoral que determine si Numen o sociedades relacionadas aparecen en rendiciones de gastos de campañas chilenas y qué herramientas posee hoy el organismo para fiscalizar servicios digitales contratados en el extranjero. Daniel Manouchehri también reclamó esclarecer en qué campañas intervino Cerimedo, quién lo financió y qué dirigentes mantuvieron relaciones con él. Las preguntas adquirieron otra gravedad después de que autoridades bolivianas informaran haber encontrado en una vivienda que atribuyen al consultor una pequeña infraestructura destinada a la operación automatizada de cuentas digitales; la defensa de Cerimedo niega que esos elementos le pertenezcan. Cerimedo permanece detenido en Bolivia acusado de tentativa de femicidio contra su expareja Nadia Beller y enfrenta además otras investigaciones abiertas en ese país.
El problema es más grande que un consultor detenido
Hasta ahora no existe evidencia pública concluyente que permita afirmar que Cerimedo haya sido contratado directamente por la campaña presidencial de Kast en 2025, y justamente por eso los oficios parlamentarios apuntan a determinar hasta dónde llegaron las relaciones que sí están documentadas. Lo que ya resulta comprobable es que el consultor trabajó en Chile, que su empresa intervino en el proceso constitucional, que reivindicó su participación en el Rechazo y que personas que compartieron aquella experiencia llegaron después a puestos sensibles del gobierno de Kast. El fondo del asunto supera entonces la suerte judicial de Cerimedo: las democracias latinoamericanas siguen teniendo enormes dificultades para saber quién paga una campaña digital desde otro país, cómo se fiscalizan ejércitos de cuentas anónimas y dónde termina la propaganda política para comenzar una maquinaria organizada de manipulación. Cuando esas estructuras se mueven entre fronteras, campañas y gobiernos sin transparencia suficiente, ya no estamos solamente frente a una discusión sobre redes sociales, sino ante una cuestión central para la calidad de la democracia.