La denuncia impulsada en 2022 por el entonces ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, contra la Coordinadora Popular y Solidaria terminó archivada por Fiscalía. Aquella ofensiva sirvió para desacreditar públicamente a las ollas populares que habían sostenido la alimentación de miles de personas durante la pandemia, mientras el Mides tercerizaba buena parte de su respuesta territorial. Cuatro años después, la investigación penal no encontró documentación que respaldara las acusaciones centrales y detectó que algunos de los testimonios utilizados estaban atravesados por “desavenencias personales”. La denuncia que políticamente presentó a los organizadores de las ollas como sospechosos terminó sin prueba suficiente para sostener una causa penal.
Una ofensiva política que terminó en Fiscalía
En noviembre de 2022, Martín Lema convocó a una conferencia para anunciar lo que presentó como el resultado de una investigación “minuciosa y seria” del Ministerio de Desarrollo Social sobre la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS).
El entonces ministro fue mucho más allá de señalar problemas administrativos. Afirmó que estaba “totalmente probado” que la Coordinadora era una organización con fines políticos y sostuvo que había realizado maniobras capaces de perjudicar a personas que necesitaban alimentos. El gobierno aseguró haber realizado unas 200 visitas y recogido 53 declaraciones.
Las acusaciones fueron explosivas. Lema sostuvo que por lo menos 68 ollas no funcionaban o nunca habían funcionado, que se habían inflado cantidades de beneficiarios y porciones, que faltaban alimentos, que existía venta de mercadería y que algunos referentes eran presionados para participar de plenarios de las redes.
No se trató de una actuación silenciosa destinada simplemente a entregar antecedentes a la Justicia. El gobierno convirtió aquella investigación administrativa en un episodio político de primera magnitud.
En esos mismos días, la discusión pública estaba cruzada por la intención del oficialismo de combatir lo que calificaba como un “relato” de la izquierda sobre el hambre y la emergencia alimentaria. Una reconstrucción periodística de octubre de 2022 describió explícitamente cómo el gobierno había salido a la ofensiva contra las ollas después de una semana marcada por el caso Astesiano.
La Coordinadora fue apartada de la distribución y la operativa terminó en manos de Uruguay Adelante y posteriormente de las Fuerzas Armadas. La organización social denunció entonces “hostigamiento”, “engaños”, “mala fe en el uso de datos” y una estrategia destinada a desacreditar el trabajo territorial de las ollas y merenderos.
Cuatro años después, las pruebas no aparecieron
El desenlace judicial dejó aquella espectacular puesta en escena en una situación muy diferente.
La fiscal de Flagrancia Graciela Peraza resolvió archivar la denuncia. La comunicación llegó al Mides el 16 de diciembre de 2025 y el contenido de la resolución se conoció públicamente ahora.
Uno de los señalamientos más contundentes de Fiscalía refiere justamente a los testimonios que habían sustentado buena parte de la denuncia.
El Ministerio Público determinó que respecto de esas declaraciones “no se cuenta con ningún tipo de documentación que pueda acreditar sus dichos”. También constató que en algunos casos existían “desinteligencias o desavenencias personales” vinculadas a cuestiones distintas de la distribución de alimentos.
Es una distancia enorme respecto de lo que el gobierno había comunicado en 2022. Entonces se hablaba públicamente de hechos “contundentes y comprobados”. Cuando el expediente llegó al terreno penal, la documentación capaz de acreditar aquellas afirmaciones no estaba.
La propia Fiscalía realizó además verificaciones sobre lugares, horarios y días de funcionamiento publicados por la Intendencia de Montevideo y constató coincidencias respecto de la existencia de las iniciativas cuestionadas.
Otro elemento golpea directamente sobre la forma en que el propio Estado administró la ayuda. La fiscal encontró una “deficiente organización” tanto en el Mides como en la Coordinadora.
La mercadería entregada no tenía numeración ni distintivos que permitieran seguirla adecuadamente, los remitos eran genéricos y no existía un protocolo suficientemente detallado para registrar usuarios, locales y responsables. Los controles que posteriormente fueron exigidos comenzaron a reclamarse una vez iniciada la investigación administrativa.
Es decir, algunas de las deficiencias de trazabilidad utilizadas políticamente para poner bajo sospecha a las organizaciones territoriales también estaban vinculadas al sistema de control que el propio ministerio había diseñado.
Las ollas hicieron lo que el Estado no alcanzaba a hacer
La confrontación tampoco puede separarse de lo ocurrido durante la pandemia.
Las ollas y merenderos se multiplicaron desde marzo de 2020 como respuesta comunitaria a una emergencia social que dejó a miles de familias dependiendo de un plato de comida. Un relevamiento de la Universidad de la República contabilizó alrededor de 700 ollas y merenderos en el país durante 2020 y estimó millones de platos servidos y más de un millón y medio de horas de trabajo voluntario.
El propio Mides reconoció oficialmente que las ollas populares contribuyeron al acceso a los alimentos de los sectores vulnerables durante la pandemia. Sin embargo, buena parte de la respuesta estatal fue articulada mediante terceros. En Montevideo y el área metropolitana el gobierno contrató a Uruguay Adelante para comprar, suministrar, transportar y registrar alimentos; para el interior utilizó gobiernos departamentales.
En abril de 2021, más de un mes después de que el gobierno anunciara $200 millones de apoyo, los recursos todavía no habían llegado y un convenio anterior con el INDA había vencido sin renovación. Hasta ese momento, las principales fuentes de sostenimiento de muchas ollas habían sido vecinos y organizaciones sociales.
Ese contexto es fundamental para entender lo ocurrido después.
Las organizaciones que habían puesto trabajo voluntario, infraestructura barrial y miles de horas para responder a una emergencia alimentaria terminaron bajo sospecha pública del mismo ministerio que debía garantizar el derecho a la alimentación.
En 2022, Lema afirmó que la Coordinadora había convertido la alimentación en una herramienta política y trasladó las acusaciones al terreno penal. La denuncia contribuyó a instalar públicamente sospechas de apropiación de alimentos, manipulación de cifras y utilización partidaria.
Fiscalía investigó.
No encontró respaldo documental suficiente para las acusaciones testimoniales, detectó conflictos personales detrás de algunas declaraciones, señaló deficiencias de control del propio Mides y terminó archivando.
La denuncia consiguió durante años una condena pública que el expediente penal nunca consiguió transformar en responsabilidad penal.
Y esa es, finalmente, la prueba del lawfare: cuando una denuncia lanzada desde el poder político produce primero el daño público y la resolución judicial que la desarma llega cuando aquel daño ya fue hecho.