El primer proyecto de construcción impulsado por la llamada Junta de Paz para Gaza apunta a instalar una base para tropas marroquíes dentro del territorio controlado por Israel. La obra fue adjudicada a una empresa estadounidense con experiencia en Irak y forma parte de un esquema que podría escalar hasta una fuerza de 5.000 efectivos. El anuncio llega mientras millones de palestinos continúan desplazados, con viviendas destruidas, servicios básicos colapsados y nuevas operaciones militares israelíes.
La llamada Junta de Paz para Gaza, presidida por Donald Trump y creada para supervisar la etapa posterior a la guerra y la reconstrucción del enclave palestino, puso en marcha su primer proyecto de infraestructura: una instalación militar destinada inicialmente a alojar a unos 150 soldados marroquíes.
La adjudicación fue otorgada a Arkel International, una empresa radicada en Luisiana que ya trabajó anteriormente para el gobierno de Estados Unidos en escenarios de conflicto como Irak. Sin embargo, la propia Junta aclaró que los contratos se encuentran todavía en su fase final de preparación y que la firma definitiva continúa pendiente.
El dato central es político: la primera obra concreta vinculada a la nueva administración internacional de Gaza no será una vivienda, un hospital, una escuela, una planta de agua ni una infraestructura civil, sino una instalación para fuerzas armadas extranjeras.
Una base dentro de la zona controlada por Israel
El proyecto inicial contempla un recinto de aproximadamente 100 por 120 metros, ubicado cerca de la frontera israelí y dentro del área de Gaza que continúa bajo control directo de las fuerzas israelíes.
La instalación tendría capacidad para 150 efectivos marroquíes, que rotarían desde una base ubicada en Israel, y dispondría de una ruta rápida de evacuación hacia territorio israelí.
Documentos anteriores conocidos sobre el proyecto muestran que esa instalación pequeña fue concebida como la primera fase de una base mucho mayor, capaz de albergar hasta 5.000 integrantes de una Fuerza Internacional de Estabilización.
Los planes incluían posiciones para vehículos de combate, perímetros defensivos, alojamientos temporales, servicios sanitarios y otra infraestructura militar.
Marruecos comprometió un primer contingente para esa fuerza internacional, aunque el marco jurídico definitivo para su despliegue todavía está en construcción y tampoco existe una fecha pública definitiva para el ingreso de las tropas a Gaza.
De reconstruir Gaza a instalar una fuerza internacional
La evolución del proyecto expone un cambio sustancial respecto de las promesas iniciales.
Cuando Trump presentó la Junta de Paz, el discurso estaba centrado en la reconstrucción del territorio palestino, destruido después de años de bombardeos y operaciones militares israelíes.
En enero, Jared Kushner llegó a presentar una propuesta de “Nueva Gaza” con grandes edificios, desarrollo costero, infraestructura y proyectos comerciales.
Meses después, aquella reconstrucción integral fue reducida a un programa piloto mucho más limitado en el sur de la Franja, mientras el primer contrato de construcción que avanza está destinado a infraestructura militar.
La Junta está presidida por Trump y tiene entre sus principales operadores a Jared Kushner y Steve Witkoff, dos figuras centrales de la política de la Casa Blanca hacia Medio Oriente.
El nuevo esquema prevé además la participación del Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por tecnócratas palestinos, y de una fuerza internacional encargada de tareas de seguridad y de acompañar una eventual reorganización institucional del enclave.
Más del 80% de los edificios de Gaza fueron dañados o destruidos
La prioridad militar contrasta con la dimensión de las necesidades civiles.
Más del 80% de los edificios de Gaza resultaron dañados o destruidos y gran parte de sus aproximadamente dos millones de habitantes continúa viviendo en campamentos improvisados y en condiciones sanitarias extremadamente precarias.
Los informes de Naciones Unidas describen una población sometida a desplazamientos reiterados, dificultades para acceder a alimentos, agua, medicamentos y refugio, mientras las restricciones israelíes continúan condicionando el ingreso y distribución de ayuda humanitaria.
OCHA señaló además que las operaciones militares y las zonas de acceso restringido siguen provocando nuevos desplazamientos dentro de Gaza y deteriorando las condiciones de vida de una población que ya había sido desplazada en su mayoría.
La organización también informó que la cantidad de familias que recibieron asistencia para refugio cayó 37% entre mayo y junio, principalmente por falta de financiación.
Mientras se construye una base, cientos de miles siguen viviendo en tiendas
La propia ONU continúa reclamando recursos para atender una emergencia habitacional de enorme escala.
Para 2026, Naciones Unidas calculó que 1,5 millones de personas en Gaza necesitan asistencia vinculada a refugio y alojamiento, con familias viviendo al aire libre, en tiendas improvisadas, edificios dañados o lugares sobrepoblados.
El llamamiento humanitario de la ONU solicitó US$ 165 millones únicamente para atender las necesidades de refugio en Gaza.
Esa realidad vuelve especialmente significativo que el primer proyecto asociado al nuevo modelo de administración internacional sea una instalación militar.
La distancia entre la emergencia humanitaria y las prioridades presupuestales empieza así a quedar expuesta: mientras centenares de miles de familias continúan sin una vivienda segura, los primeros recursos movilizados dentro del esquema de la Junta apuntan a consolidar una estructura de seguridad internacional.
Ocho países musulmanes denuncian que Israel pone en riesgo la nueva etapa política
El avance de este esquema se produce además en un contexto de nuevas tensiones militares.
Los cancilleres de Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto emitieron una declaración conjunta cuestionando los ataques israelíes contra civiles e infraestructura de Gaza y advirtiendo que esas operaciones ponen en riesgo la aplicación de la siguiente etapa del proceso político.
Los ocho gobiernos sostienen que la continuidad de las operaciones militares puede hacer fracasar el proceso, reactivar la escalada y profundizar la crisis humanitaria. La declaración también vincula la situación en Gaza con el avance de los asentamientos y la violencia de colonos en Cisjordania.
El pronunciamiento adquiere especial relevancia porque varios de estos países participan directamente en las negociaciones diplomáticas que acompañan el proyecto estadounidense.
Una reconstrucción subordinada a la seguridad
La instalación destinada a las tropas marroquíes permite observar hacia dónde está desplazándose el proyecto impulsado desde Washington.
La reconstrucción civil integral anunciada inicialmente fue reducida, mientras adquiere protagonismo una arquitectura de seguridad apoyada en fuerzas extranjeras, bases militares y mecanismos de administración internacional.
La Fuerza Internacional de Estabilización aparece como una pieza central de esa estrategia: deberá acompañar los cambios en la seguridad interna de Gaza y operar mientras se redefine la presencia israelí y el futuro político del territorio.
Pero la discusión fundamental permanece abierta: quién controlará Gaza, durante cuánto tiempo y con qué participación efectiva de los propios palestinos.