La comuna comenzó a despejar avenida Agraciada después de admitir que la venta callejera se desbordó tras la pandemia. El desafío será recuperar las veredas, garantizar reglas iguales para comerciantes y permisarios y, al mismo tiempo, evitar que quienes encontraron en la calle una forma de subsistencia terminen pagando solos el costo de años de falta de control.

La imagen de Paso Molino cambió en cuestión de horas. Desde el lunes 17 de agosto, buena parte de las grandes estructuras, carpas y puestos que permanecían instalados día y noche sobre avenida Agraciada comenzaron a desaparecer y las veredas recuperaron espacios que durante años habían quedado prácticamente incorporados a la venta callejera.

No se trata todavía de una prohibición general de vender. La Intendencia de Montevideo inició la primera etapa de un plan de ordenamiento que obliga a retirar al terminar cada jornada todas las estructuras utilizadas por los vendedores y volver a instalarlas al día siguiente.

La medida apunta además a despejar paradas de ómnibus, rampas para personas con discapacidad, rebajes de cordón y dársenas de estacionamiento. En algunos tramos de Agraciada los puestos habían llegado a reducir el espacio disponible para los peatones a poco más de un metro.

La reacción inicial fue visible. Durante lunes y martes disminuyó sensiblemente el número de puestos instalados, aunque algunos vendedores continuaron trabajando y optaron simplemente por llegar más temprano para montar nuevamente sus estructuras.

La Intendencia reconoce que la situación se desbordó

El origen del problema no está únicamente en quienes ocuparon las veredas. La propia Intendencia reconoce que durante los años posteriores a la pandemia existió una tolerancia excepcional hacia personas que encontraron en la venta callejera una salida frente a la pérdida de empleo y de ingresos.

El prosecretario de la comuna, Diego Olivera, admitió que sobre Agraciada se produjo una llegada masiva de personas que utilizaron la venta callejera como medio de subsistencia y que, ante la crisis social y laboral, la administración permitió durante años una situación diferente a la prevista para los vendedores formalmente registrados.

Aquella respuesta podía comprenderse en medio de una emergencia social extraordinaria. El problema fue que una excepción vinculada a la crisis sanitaria terminó prolongándose durante años sin que posteriormente llegara una regularización suficiente.

Así se fueron mezclando realidades muy diferentes.

En Paso Molino existen vendedores con permisos, personas que pagan mensualmente por utilizar el espacio público y trabajadores que llevan décadas instalados en el lugar. Algunos de ellos son precisamente quienes ahora reclaman que la Intendencia vuelva a controlar.

Al mismo tiempo crecieron puestos sin autorización, estructuras cada vez mayores y ocupaciones de lugares especialmente sensibles como refugios de ómnibus o sectores destinados al tránsito peatonal.

Comerciantes de la zona vienen denunciando la situación desde mucho antes del actual operativo. Ya en 2023 describían Paso Molino como una “zona liberada” y advertían sobre competencia informal, mercadería de origen desconocido y ausencia de inspecciones.

La existencia de irregularidades, sin embargo, no convierte automáticamente a cada vendedor callejero en contrabandista ni permite desconocer que para muchas familias el puesto constituye una fuente de ingresos. El problema que debe resolver el Estado es precisamente separar ambas situaciones.

No todos los puestos están en la misma situación

Las reglas existen.

La normativa montevideana establece límites para la cantidad de vendedores por cuadra, exige registro municipal y determina los rubros que pueden comercializarse. También fija dimensiones para los puestos y establece condiciones destinadas a evitar que interfieran con comercios, paradas o circulación peatonal.

Actualmente el permiso general para utilizar el espacio público tiene un costo mensual de $332 durante el segundo cuatrimestre de 2026.

Pero hay una particularidad importante: la propia información oficial de la Intendencia establece que actualmente no se conceden nuevos permisos de venta callejera sobre avenida Agraciada en Paso Molino ni en sus transversales hasta una cuadra hacia ambos lados.

Ese será uno de los principales problemas de la segunda etapa anunciada por la comuna.

A partir de setiembre comenzará una revisión individual de los vendedores. Quienes puedan regularizarse deberán hacerlo ante el Departamento de Desarrollo Económico y quienes se encuentren en lugares incompatibles con la normativa podrán ser trasladados.

La Intendencia asegura que el criterio no será expulsivo. Anunció alternativas que incluyen formalización, reubicación hacia sectores menos congestionados y programas destinados a vincular a algunas personas nuevamente con empleos formales.

El planteo resulta particularmente importante porque una política de ordenamiento urbano no debería convertirse simplemente en una operación de decomiso contra el eslabón más débil de la cadena.

Si existe mercadería de contrabando, detrás del vendedor minorista existe también quien la importa, distribuye y abastece. Ya en anteriores intervenciones la Dirección Nacional de Aduanas había señalado que retirar algunos productos de un puesto no resuelve el fenómeno si no se identifica a quienes abastecen esas redes.

Regularizar el espacio público supone entonces controlar tanto al pequeño vendedor como a quienes construyeron negocios informales de mayor escala utilizando la calle como punto final de comercialización.

Un barrio comercial que arrastra problemas desde hace años

Paso Molino tampoco comienza esta etapa desde cero.

La histórica feria San Miguel, ubicada junto al viaducto de Agraciada, atraviesa desde hace años una situación compleja. Llegó a tener alrededor de 50 puestos y actualmente sobreviven aproximadamente 20.

La propia Intendencia reconoció este año la caída de ventas y resolvió exonerar durante doce meses a sus permisarios del pago del canon.

El argumento oficial fue significativo: la comuna mencionó entre las causas de la crisis el crecimiento de las grandes superficies, las nuevas formas de comercio por internet y la competencia desleal de la venta ambulante.

A ello se suma una historia difícil de explicar.

En 2023 la Intendencia destinó $13,6 millones, unos US$360.000 de aquel momento, a construir 26 nuevos puestos, baños y una garita de seguridad para trasladar la feria debido a las obras del Ferrocarril Central.

Los locales fueron construidos bajo el viaducto, pero nunca pudieron utilizarse. Su ubicación generaba problemas de seguridad vial y obligaba a trabajadores y clientes a ingresar a un sector rodeado por el tránsito de avenida Agraciada.

Los contenedores permanecieron durante años vacíos hasta que finalmente comenzaron a ser retirados.

Ahora la Intendencia proyecta nuevamente intervenir la feria San Miguel. Los actuales puestos serían demolidos y reconstruidos, una obra que demandaría entre tres y cuatro meses y que se maneja para 2027.

El nuevo plan sobre Paso Molino pretende ir más allá de los vendedores. La comuna anunció reparación de veredas, nueva señalización, fortalecimiento del alumbrado, limpieza profunda e hidrolavado nocturno, algo que hasta ahora era muy difícil de realizar porque muchas estructuras permanecían instaladas durante las 24 horas.

Después de años de tolerancia y controles insuficientes, el ordenamiento parece inevitable.

Pero la medida será realmente exitosa si logra algo más que veredas despejadas durante unas semanas: recuperar el espacio público, proteger al comercio que cumple las reglas, garantizar derechos a los vendedores formalizados y ofrecer una salida real a quienes dependen del rebusque para vivir.

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