La oposición cabeceó de inmediato el centro de Mónica Ferrero y anunció que volverá a impulsar una reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. La iniciativa reinstala un debate sobre el que la ciudadanía ya se pronunció, mientras avanzan investigaciones que comprometen políticamente al gobierno anterior, como la contratación del astillero Cardama y la presunta destrucción de documentación pública vinculada al caso Marset.
La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, planteó durante su comparecencia ante el Parlamento que Uruguay debería habilitar los allanamientos nocturnos como herramienta para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico. También propuso conformar una especie de “GACH jurídico” que revise el funcionamiento del Código del Proceso Penal.
Pocos días después, el senador Javier García anunció que el Partido Nacional buscará promover una nueva reforma constitucional para permitir los procedimientos nocturnos. La oposición transformó así una opinión institucional de Ferrero en una nueva ofensiva política sobre seguridad pública.
La lectura política del movimiento resulta inevitable. Mientras la atención parlamentaria y judicial comienza a concentrarse en las decisiones tomadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Partido Nacional intenta trasladar el debate hacia un terreno que considera más favorable: la inseguridad, el narcotráfico y el endurecimiento de las potestades policiales.
Es la vieja estrategia del tero: cantar lejos del nido.
Un debate sobre el que Uruguay ya votó
Los allanamientos nocturnos no son una propuesta novedosa ni una herramienta que nunca haya sido considerada por la sociedad uruguaya.
En 2019 formaron parte de la reforma constitucional “Vivir sin Miedo”, promovida por Jorge Larrañaga. El proyecto, que incluía además otras medidas de seguridad, obtuvo alrededor del 46% de los votos y no alcanzó la mayoría necesaria.
En octubre de 2024 la ciudadanía volvió a votar, esta vez sobre una propuesta específicamente dirigida a modificar el artículo 11 de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. La papeleta amarilla obtuvo aproximadamente el 39,35% de los votos: más de diez puntos por debajo de lo necesario para aprobar la reforma.
La sociedad no ignoró el asunto. Lo discutió durante una campaña electoral, escuchó argumentos a favor y en contra y tomó una decisión.
Naturalmente, ningún resultado electoral impide que una fuerza política vuelva a presentar una propuesta. Pero cuando un tema rechazado en las urnas es reabierto apenas dos años después, corresponde preguntarse qué cambió realmente y qué evidencia nueva justifica desconocer, en los hechos, una decisión tan reciente.
La Constitución uruguaya define al hogar como un “sagrado inviolable”. Su artículo 11 establece que durante la noche solamente puede ingresarse con el consentimiento de quien se encuentre al frente de la vivienda. No se trata de una concesión a los narcotraficantes, sino de una garantía creada para proteger a todas las personas frente a errores, abusos o intervenciones desproporcionadas del Estado.
Cardama entra en una etapa decisiva
La reaparición de los allanamientos nocturnos tampoco ocurre en cualquier momento.
La comisión investigadora sobre la contratación del astillero español Cardama atraviesa una fase particularmente delicada. El cuerpo analiza el proceso mediante el cual el gobierno anterior adjudicó la construcción de dos patrulleras oceánicas, las sucesivas prórrogas concedidas a la empresa y la aceptación de garantías cuya validez terminó severamente cuestionada.
El contrato fue firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou, cuando Javier García se desempeñaba como ministro de Defensa. Posteriormente, el gobierno de Yamandú Orsi denunció irregularidades y fuertes indicios de fraude vinculados con las garantías presentadas por la empresa.
La investigación dejó al descubierto que Cardama presentó distintas alternativas antes de alcanzar una garantía que permitió considerar vigente el contrato. También surgieron cuestionamientos sobre la solvencia económica del astillero, los controles realizados por el Ministerio de Defensa y las decisiones políticas adoptadas para mantener el negocio en pie.
Ahora el caso dejó de ser únicamente una disputa parlamentaria. El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez solicitó al Parlamento el testimonio íntegro de las actuaciones de la comisión investigadora. El pedido demuestra que la documentación y las declaraciones recogidas pueden tener relevancia para la investigación penal.
Este lunes 27 de julio está prevista, además, la comparecencia del exministro de Defensa Armando Castaingdebat. Su declaración será importante para determinar qué ocurrió con las prórrogas y las garantías presentadas por Cardama durante la etapa final del gobierno anterior.
Javier García, principal defensor político de aquella contratación, aparece ahora como el dirigente que pretende devolver los allanamientos nocturnos al centro de la agenda.
La coincidencia no prueba una coordinación secreta, pero sí produce un efecto político evidente: mientras los medios discuten nuevamente si la Policía puede entrar a una vivienda durante la madrugada, el caso Cardama pierde espacio en las portadas.
El documento destruido que la oposición preferiría olvidar
Cardama no es el único asunto incómodo.
La Fiscalía también investiga la presunta destrucción de un documento público relacionado con el pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset.
La investigación se originó a partir de las declaraciones de la excanciller Carolina Ache, quien sostuvo que en una reunión desarrollada en la Torre Ejecutiva se ordenó eliminar documentación y conversaciones vinculadas con el caso. El episodio involucró al exasesor presidencial Roberto Lafluf y a jerarcas del anterior gobierno.
La causa analiza específicamente la destrucción de un documento protocolizado que contenía conversaciones entre Ache y el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. También se ha previsto recabar declaraciones para determinar qué conocimiento tuvieron las máximas autoridades de la administración anterior.
Aquí aparece una contradicción política difícil de ignorar.
Los mismos sectores que reclaman ampliar las facultades del Estado para ingresar de noche a los hogares deben responder por qué, durante su gobierno, documentación relacionada con uno de los mayores escándalos institucionales del período terminó destruida.
Exigen más instrumentos para perseguir el narcotráfico, pero todavía no han explicado satisfactoriamente la cadena de decisiones que permitió entregar un pasaporte a Marset ni las posteriores acciones dirigidas a ocultar comunicaciones sobre el caso.
Piden ingresar a las casas de los ciudadanos, pero evitan mantener la atención sobre lo ocurrido dentro de la Torre Ejecutiva.
Cantar lejos del nido
La seguridad pública merece un debate serio. Uruguay enfrenta organizaciones criminales con mayor capacidad económica, circulación de armas y mecanismos de intimidación que alcanzaron incluso a la propia fiscal de Corte.
Pero la gravedad del narcotráfico no convierte automáticamente cualquier reforma punitiva en una buena política pública. Tampoco debería utilizarse el miedo como herramienta para desplazar otras discusiones democráticas.
Los allanamientos nocturnos pueden ser debatidos nuevamente, pero quienes los impulsan tienen la obligación de presentar evidencia sobre su eficacia, explicar qué cambió desde el rechazo de 2024 y detallar cómo evitarían errores, abusos policiales y procedimientos contra familias ajenas a cualquier actividad delictiva.
No alcanza con repetir que los narcotraficantes trabajan de noche. También debe explicarse por qué las herramientas de inteligencia, vigilancia, investigación financiera y seguimiento policial no permiten solicitar una orden y actuar durante el día.
La ciudadanía ya expresó su posición. Reabrir el asunto inmediatamente después de que Cardama ingresara en una etapa decisiva y la Fiscalía reclamara la documentación parlamentaria tiene una utilidad política concreta: cambiar el tema.
La oposición canta fuerte sobre los allanamientos nocturnos mientras en el nido permanecen Cardama, las garantías cuestionadas, las prórrogas concedidas, el pasaporte de Marset y un documento público que alguien decidió destruir.
La estrategia del tero puede generar ruido. Lo que no debería conseguir es que el país deje de mirar dónde están las responsabilidades.