Una nota de The Intercept señala que la presión diplomática, militar y de inteligencia de Estados Unidos sobre América Latina no está desarmando al crimen organizado, sino empujando nuevas formas de violencia, fragmentación de cárteles y expansión de políticas de seguridad militarizadas en la región.
Una doctrina vieja con nombre nuevo
The Intercept publicó un análisis sobre la llamada “Doctrina Donroe”, el nombre con el que se viene identificando la política de Donald Trump hacia el hemisferio occidental. No se trata de una simple ocurrencia verbal: detrás de esa fórmula aparece una actualización agresiva de la vieja Doctrina Monroe, aquella idea imperial de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos.
La nota sostiene que la administración Trump convirtió esa mirada en una política concreta: operaciones militares, ataques contra embarcaciones, presión sobre gobiernos latinoamericanos, acciones de inteligencia y una agenda de seguridad presentada como combate al crimen organizado.
El punto central del artículo es que esa ofensiva no necesariamente reduce la violencia. Al contrario, según el análisis citado por The Intercept, la presión de Washington está acelerando la expansión de “enfoques de seguridad militarizados” en la región.
Desde una mirada latinoamericana, el problema es evidente. Estados Unidos vuelve a colocar a América Latina bajo una lógica de tutela: define amenazas, marca enemigos, empuja respuestas militares y deja que los pueblos de la región paguen el costo social y humano de esa estrategia.
Cárteles fragmentados, más violencia y menos control civil
Uno de los aspectos más fuertes de la nota es la advertencia sobre los efectos contraproducentes de las políticas de mano dura. Golpear a las jefaturas criminales, capturar líderes o eliminarlos no siempre destruye el negocio ilegal. Muchas veces rompe equilibrios internos y abre paso a grupos más pequeños, más violentos y más difíciles de controlar.
The Intercept menciona el caso de Ecuador como ejemplo. La captura o muerte de líderes de bandas habría generado una proliferación de organizaciones escindidas. Según los datos citados en la nota, el número de bandas registradas en ese país pasó de 24 en 2023 a 37 a fines del año pasado.
También se señala el caso de José Adolfo Macías, líder de Los Choneros, cuya extradición a Estados Unidos permitió que Los Lobos avanzaran sobre territorios de su rival. Es decir: la intervención sobre una estructura criminal no eliminó el conflicto, sino que abrió una nueva disputa.
Ese fenómeno desarma el relato cómodo de la derecha continental, que suele presentar la militarización como solución rápida y ordenadora. La experiencia regional muestra otra cosa: cuando se aplica mano dura sin políticas sociales, sin control civil y sin inteligencia democrática, el resultado puede ser más violencia, más fragmentación y más impunidad.
La guerra cambia de forma: drones, ataques a distancia y civiles muertos
The Intercept también advierte sobre una transformación en las tácticas del crimen organizado. Grupos de México y Colombia estarían utilizando drones armados contra fuerzas de seguridad, siguiendo una lógica de ataques de bajo costo y alto impacto.
Según los datos citados en la nota, en México los ataques con drones atribuidos a cárteles aumentaron 567% entre 2023 y 2025. En Colombia, el salto fue mucho mayor: de un solo evento en 2023 a por lo menos 107 en 2025.
La militarización no queda solo en manos de los Estados. Cuando el conflicto se organiza bajo lógicas de guerra, los grupos criminales también aprenden, copian y adaptan métodos. La consecuencia es una región más peligrosa, con más tecnología aplicada a la violencia y con poblaciones civiles cada vez más expuestas.
La nota también menciona la campaña estadounidense contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Desde septiembre de 2025, se habrían registrado 59 ataques contra esas embarcaciones, con 195 civiles muertos.
Ese dato es central. Bajo el discurso de la seguridad, Estados Unidos avanza sobre operaciones que bordean o cruzan los límites del derecho internacional. La pregunta no es solo si esas acciones reducen el narcotráfico. La pregunta de fondo es quién controla ese poder, quién rinde cuentas y quién responde por las muertes.
América Latina frente a una nueva ofensiva de Washington
La nota de The Intercept ubica esta política dentro de un mapa más amplio de presiones sobre la región. Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Cuba y otros países aparecen atravesados por una estrategia estadounidense que mezcla diplomacia agresiva, inteligencia, operaciones militares y amenazas.
En el caso de Cuba, el artículo señala que sectores del gobierno estadounidense intentan presentar a la isla como una amenaza militar. Esa construcción fue cuestionada incluso por legisladores demócratas, que advirtieron sobre el riesgo de fabricar pretextos para una escalada.
La historia latinoamericana obliga a mirar estos movimientos con desconfianza. Cada vez que Washington definió que América Latina era un problema de seguridad nacional, la región recibió intervenciones, golpes, bloqueos, operaciones encubiertas o gobiernos condicionados.
La llamada “Doctrina Donroe” aparece, entonces, como una versión actualizada de una vieja política imperial: Estados Unidos habla de seguridad, pero actúa como potencia tutelar. Habla de combatir al crimen, pero empuja una militarización que puede multiplicar la violencia. Habla de democracia, pero presiona gobiernos, territorios y decisiones soberanas.
La advertencia de The Intercept no debería leerse solo como una nota sobre Trump. Es una señal sobre el lugar que Washington pretende reservarle a América Latina: subordinación política, vigilancia permanente y respuestas militares para problemas que también son sociales, económicos y estructurales.