La pobreza entre los menores de seis años pasó de 30,5% en 2019 a 32,2% en 2024 y llegó a 35,5% en 2023. Ahora una medición más amplia ubica en 45% la pobreza entre niños de 0 a 3 años, mientras los partidos Nacional, Colorado e Independiente votaron contra el proyecto que agrega US$ 31 millones para reforzar y unificar las transferencias.
Una recuperación que dejó atrás a los más chicos
La derecha uruguaya volvió a declarar que la infancia es una prioridad y, al mismo tiempo, se negó a dar el voto general a la Rendición de Cuentas que contiene la principal reforma de las transferencias destinadas a combatir su pobreza. Para medir la dimensión de esa doble vara conviene empezar por el resultado del último gobierno de coalición.
La nueva línea de pobreza, basada en los patrones de consumo de 2017, permite comparar todo el período con una misma regla. La pobreza total era de 17,3% en 2019 y terminó en el mismo 17,3% en 2024. Ese empate, sin embargo, desaparece al mirar a los niños más pequeños: entre los menores de seis años la incidencia pasó de 30,5% a 32,2%. En 2023 había alcanzado 35,5%.
El resultado final equivale a un aumento de 1,7 puntos porcentuales y de 5,6% en términos relativos. La brecha entre la pobreza total y la de los menores de seis años también se amplió: era de 13,2 puntos en 2019 y terminó en 14,9 puntos en 2024.
La pandemia explica el salto de 2020, pero no borra el balance. Al finalizar el quinquenio, la pobreza total había regresado a su nivel de partida y la primera infancia no. La recuperación existió, pero se repartió de forma desigual.
La distribución del ingreso confirma el mismo patrón. Entre 2019 y 2024 el ingreso promedio de los hogares aumentó levemente en términos reales, mientras el ingreso del primer decil —el 10% más pobre— cayó. El promedio mejoró y el piso retrocedió. Allí viven, de manera desproporcionada, los hogares con más niños.
La pobreza infantil no nació con Lacalle Pou y sería falso atribuirle cinco años de historia a un problema estructural. La responsabilidad de su coalición es otra: gobernó todo un período sin revertirlo y terminó dejando una tasa mayor en la primera infancia. Cuando en 2022 la pobreza de los menores de seis años saltó de 16,1% a 22,5% entre primeros semestres bajo la metodología anterior, Lacalle Pou respondió que afirmar que había aumentado era “una lectura” y que dependía del semestre elegido. La pobreza de un niño no era una lectura: era la falta de ingresos suficientes en su hogar.
En 2025 la pobreza monetaria de los menores de seis años bajó a 29,1%. El descenso es relevante, aunque todavía insuficiente y no agota un problema que también comprende vivienda, educación, empleo, protección social, servicios básicos y cuidados.
El 45% que no cabe en un eslogan
La medición presentada por el Cinve permite ver la parte que la pobreza exclusivamente monetaria deja fuera. Entre los niños menores de tres años, 32,8% vive en pobreza por ingresos, 31,4% en pobreza multidimensional y 20% padece las dos simultáneamente. Al contar a quienes sufren una, la otra o ambas, el universo alcanza al 45%. El mismo ejercicio para toda la población de 0 a 17 años da 40%.
Son dos fotografías diferentes y no corresponde confundirlas: el 32,2% refiere a pobreza monetaria entre menores de seis años en 2024; el 45% combina pobreza monetaria y multidimensional en menores de tres años en el ejercicio del Cinve. La comparación revela precisamente el problema: medir solamente el ingreso deja fuera a miles de niños que padecen otras privaciones decisivas.
Los datos presentados por las organizaciones sociales completan el cuadro: unos 160.000 niños, niñas y adolescentes viven en pobreza monetaria y uno de cada cinco nace en un contexto de privación material extrema. No se trata de hogares ajenos al trabajo. La pobreza infantil uruguaya está asociada a empleos informales, inestables, de pocas horas y con salarios insuficientes, además de un sistema de protección social históricamente mucho más eficaz para amparar a los adultos mayores que a la infancia.
El crecimiento económico, por sí solo, tampoco resolvió el problema. La pobreza total promedió 17% entre 2015 y 2019 y volvió a promediar 17% en 2024-2025, pese a que el producto creció cerca de 10% en esa década. Sin mecanismos de redistribución, una economía puede crecer mientras la pobreza permanece quieta y la desigualdad decide quién recibe los frutos.
Por eso la reforma propuesta no es beneficencia ni un premio otorgado por el gobierno. Es una corrección parcial de una desigualdad generacional. El sistema vigente combina asignaciones contributivas, Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social y Bono Crianza, con reglas, organismos, montos y formas de pago diferentes. Aunque 452.000 menores reciben alguna transferencia, unos 90.000 pertenecientes a la mitad de menores ingresos quedan fuera, mientras alrededor de 70.000 ubicados en la mitad superior sí acceden a alguna prestación.
El nuevo régimen comenzaría en 2027 con unos 54.000 niños nacidos desde 2025. En los dos primeros deciles la prestación llegaría a $ 10.000 mensuales por niño; en el tercero y el cuarto, a $ 6.600; y en el quinto, a $ 3.300. Para los niños de 0 a 3 años, el aumento promedio sería de 84%.
El Presupuesto 2025-2029 ya había previsto un incremento de US$ 50 millones para 2027 y la Rendición agrega otros US$ 31 millones destinados principalmente a la unificación y el fortalecimiento de las transferencias. Esta última inversión equivale a $ 1.240 millones, apenas 0,035% del producto y 6,5% de lo que ya se gasta en transferencias.
El sistema vigente reduce la pobreza monetaria de 0 a 3 años en unos seis puntos. La simulación oficial proyecta que el nuevo esquema duplicaría esa capacidad y, una vez extendido, reduciría 25% la incidencia en ese grupo.
Rechazar ahora y prometer otra ley después
Los partidos Nacional, Colorado e Independiente votaron en contra de la Rendición de Cuentas en general en comisión y anunciaron que mantendrían esa posición en el plenario, aunque acompañaron parte del articulado y dijeron estar dispuestos a aprobar las políticas de infancia mediante otra fórmula o una ley separada.
La precisión importa: no votaron contra todos los artículos destinados a los niños. Hicieron algo políticamente más revelador: negaron el voto que habilitaba a tratar el proyecto completo y dejaron su aprobación al borde del fracaso.
El argumento fue que las transferencias podían financiarse mediante mayores ingresos, reasignaciones o una norma posterior. En los hechos, la coalición que gobernó mientras crecía la pobreza en la primera infancia decidió derribar el vehículo legislativo que ya estaba en el Parlamento y prometió que después ayudaría a construir otro. La urgencia quedó subordinada a la estrategia opositora.
La Rendición logró una salida cuando Cabildo Abierto anunció que aportaría sus dos votos tras negociar modificaciones. El acuerdo también mostró otra pulsión recurrente de la derecha: antes de reconocer una prestación como derecho del niño, exige controlar a su familia. Se pactó canalizar los pagos mediante la Tarjeta Uruguay Social y elevar de 20% a 40% la reducción por incumplimientos vinculados a la asistencia educativa, mientras las organizaciones especializadas advirtieron que quitar ingresos a hogares extremadamente precarios no logra revincular a un niño con la educación o la salud.
La reforma tampoco basta por sí sola. Reducir la pobreza infantil exige transferencias suficientes y protegidas contra la inflación, pero también alimentación, vivienda digna, salud, educación pública, cuidados, empleo estable y recuperación de los salarios más bajos. Acelerar la incorporación de las cohortes anteriores a 2025 es tan importante como evitar que el sistema quede sometido a la discrecionalidad de cada gobierno.
La doble vara queda expuesta en los números y en los votos. Durante el gobierno de Lacalle Pou la pobreza total terminó donde había empezado, la primera infancia terminó peor y el ingreso del 10% más pobre cayó. Ahora, ante una inversión adicional equivalente a 0,035% del producto, su coalición eligió negar el voto general y ofrecer una solución futura. Para la derecha, la infancia siempre es una prioridad; el problema empieza cuando hay que poner los recursos.