El proyecto fue presentado en 2021 por el intendente blanco Alejo Umpiérrez ante Luis Lacalle Pou, pero la administración anterior terminó sin definir el terreno, el mecanismo de financiación, el concesionario ni el trámite ambiental. El gobierno de Yamandú Orsi incorporó la obra al Presupuesto, estableció las obligaciones de la empresa privada e inició el proceso administrativo. El avance enfrenta ahora una discusión necesaria por la localización propuesta entre las lagunas Garzón y de Rocha.
Una promesa de 2021 que nunca salió del discurso
El aeropuerto internacional de Rocha no nació durante el gobierno de Yamandú Orsi. La idea fue promovida públicamente durante la administración de Luis Lacalle Pou, cuando el Partido Nacional gobernaba simultáneamente el país y la Intendencia de Rocha.
El 27 de abril de 2021, el intendente blanco Alejo Umpiérrez fue recibido por Lacalle Pou en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. La propia Intendencia de Rocha informó que en la reunión se discutieron varios proyectos para el departamento: un hotel cinco estrellas, una doble vía entre Pan de Azúcar y Rocha, obras de regulación hídrica y la construcción de un aeropuerto.
Umpiérrez explicó entonces que uno de los problemas para captar inversiones turísticas era la distancia existente entre la costa rochense y los aeropuertos de Laguna del Sauce o de la frontera brasileña.
La propuesta era que los eventuales desarrolladores del hotel cinco estrellas también construyeran un aeropuerto privado destinado a vuelos chárter. El intendente anunció que trasladaría formalmente la idea al entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso.
El aeropuerto fue presentado como una obra capaz de atraer turismo de alto poder adquisitivo, inversiones privadas y nuevos emprendimientos inmobiliarios. Sin embargo, detrás del anuncio todavía no existía un proyecto concreto.
No se había definido:
- el terreno donde sería construido;
- el tamaño de la pista;
- las características de la terminal;
- el mecanismo de concesión;
- la empresa responsable;
- el régimen de propiedad;
- el cronograma de construcción;
- ni el procedimiento de autorización ambiental.
Tampoco existía una norma que obligara a una empresa a financiar, construir y poner en funcionamiento la terminal.
La administración de Lacalle Pou terminó el 1.º de marzo de 2025 sin que el aeropuerto hubiera salido del terreno de las declaraciones. No quedó una obra iniciada, una autorización ambiental presentada ni una ubicación formalmente seleccionada.
La derecha había hecho el anuncio. Faltaba convertirlo en política pública.
El gobierno de Orsi creó el mecanismo para hacerlo realidad
El cambio comenzó durante el primer año del gobierno de Yamandú Orsi.
En noviembre de 2025, durante la discusión del Presupuesto Nacional, el senador frenteamplista Aníbal Pereyra planteó la necesidad de crear una base legal para construir el aeropuerto de Rocha mediante inversión privada.
Pereyra reconoció que antes de la pandemia habían existido iniciativas privadas que proponían ampliar la concesión del Aeropuerto de Laguna del Sauce e incorporar una terminal en Rocha. También señaló que, pese a esos antecedentes, seguía faltando el marco jurídico necesario para desarrollar la obra.
La solución fue incorporada al Presupuesto Nacional 2025-2029 y contó con el respaldo de legisladores del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado.
El artículo 107 de la Ley 20.446 facultó al Poder Ejecutivo a ampliar el objeto de la concesión del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce y adjudicar al mismo concesionario la construcción, conservación y explotación del nuevo aeropuerto de Rocha.
La empresa involucrada es Corporación América Airports, que administra Laguna del Sauce y otras terminales integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales.
Como contrapartida por la nueva inversión, la concesión de Laguna del Sauce podrá prorrogarse hasta por 25 años. Pero la extensión no es automática ni constituye un cheque en blanco para la empresa.
La ley exige que el Poder Ejecutivo cuente previamente con una evaluación técnica y económica fundada, donde deberán detallarse:
- las obras previstas;
- el monto y las características de las inversiones;
- el cronograma de ejecución;
- la viabilidad económica;
- y las condiciones de funcionamiento del aeropuerto.
El nuevo contrato deberá obligar al concesionario a ejecutar completamente las obras, cumplir los plazos comprometidos, realizar todas las inversiones acordadas y poner efectivamente en funcionamiento la terminal.
Es decir, el gobierno de Orsi no se limitó a repetir el anuncio realizado cuatro años antes. Creó el instrumento legal que vincula la ampliación de una concesión privada con una obligación concreta de construcción.
Del anuncio a la ejecución
| Etapa | Gobierno de Lacalle Pou | Gobierno de Yamandú Orsi |
|---|---|---|
| Idea política | Presentada públicamente en abril de 2021 | Retomada como política nacional |
| Ubicación | Sin terreno definido | Dos padrones propuestos sobre ruta 10 |
| Empresa responsable | Sin concesionario definido | Corporación América Airports |
| Marco jurídico | No existía | Artículo 107 de la Ley 20.446 |
| Financiación | Intención genérica de inversión privada | Concesión condicionada a la construcción |
| Proyecto técnico | No se presentó | Pista, terminal, hangares y estacionamiento |
| Trámite ambiental | No iniciado | Presentado ante el Ministerio de Ambiente |
| Ordenamiento territorial | Sin expediente | Solicitud de recategorización del suelo |
| Estado del proyecto | Promesa política | Proyecto en proceso de evaluación |
El contraste es concreto: durante el gobierno anterior hubo una intención; durante el actual se aprobó la herramienta que puede hacerla ejecutable.
Prometer una obra no es lo mismo que establecer quién la construirá, cómo se financiará, qué obligaciones deberá cumplir y qué controles tendrá que superar.
Un proyecto concreto que todavía debe superar controles ambientales
Corporación América Airports presentó la propuesta ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.
El 16 de abril de 2026, Dinacia inició ante el Ministerio de Ambiente el trámite para obtener la Autorización Ambiental Previa.
La localización propuesta se encuentra sobre la ruta 10, con ingreso por Camino al Caracol, entre las lagunas Garzón y de Rocha. Comprende los padrones 69.929 y 69.930, que suman aproximadamente 209 hectáreas.
Los terrenos están frente a Las Garzas, un desarrollo inmobiliario de 240 hectáreas situado sobre dos kilómetros de costa atlántica.
El proyecto contempla:
- una pista inicial de 1.350 metros de largo;
- la posibilidad de ampliarla hasta 1.600 metros;
- 30 metros de ancho;
- dos sentidos de aterrizaje;
- una terminal con capacidad aproximada para 50 personas;
- hangares para almacenamiento y mantenimiento de aeronaves;
- instalaciones operativas;
- y estacionamiento público.
Según Dinacia, los terrenos serían adquiridos por la concesionaria y luego pasarían a integrar el patrimonio público. El aeropuerto sería estatal, aunque la explotación comercial quedaría temporalmente en manos de la empresa privada.
La terminal estaría orientada inicialmente a aeronaves privadas y vuelos chárter, pero tendría categoría internacional y podría ampliar su capacidad en el futuro.
El director de Dinacia, Alejandro Trujillo, afirmó que la obra podría construirse y ponerse en funcionamiento en un período de entre un año y medio y dos años, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias.
No obstante, la ubicación elegida abrió una controversia que el gobierno no puede ignorar.
Dinacia propuso inicialmente clasificar el proyecto dentro de la categoría ambiental B, correspondiente a obras con impactos moderados que pueden minimizarse mediante medidas conocidas.
El Ministerio de Ambiente rechazó esa valoración y consideró que corresponde la categoría C, reservada para proyectos que pueden producir impactos ambientales negativos significativos.
La cartera señaló que el predio se encuentra en un enclave sensible, a aproximadamente 1,4 kilómetros del Área de Manejo de Hábitats y Especies Laguna Garzón y a 1,5 kilómetros del Paisaje Protegido Laguna de Rocha.
Ambas zonas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y están comprendidas dentro de Bañados del Este y Franja Costera, un territorio reconocido internacionalmente por su biodiversidad y sus humedales.
El informe técnico advirtió sobre posibles:
- colisiones de aeronaves con aves;
- afectaciones a rutas de desplazamiento y migración;
- aumento de ruidos;
- contaminación lumínica;
- alteración de hábitats;
- introducción de especies exóticas;
- y molestias para habitantes de la zona.
La Laguna Garzón y la Laguna de Rocha son espacios de alimentación, descanso, reproducción y desplazamiento de aves acuáticas, flamencos, chorlos, playeros migratorios y otras especies consideradas prioritarias para la conservación.
El Ministerio de Ambiente también observó que los padrones están categorizados actualmente como suelo rural potencialmente transformable, pero que la construcción de un aeropuerto no es compatible con esa clasificación.
Por ese motivo, Dinacia solicitó a la Intendencia de Rocha que los terrenos sean recategorizados como suelo suburbano. El cambio deberá ser analizado por los técnicos departamentales y aprobado posteriormente por la Junta Departamental.
Sin esa modificación, el trámite ambiental no puede continuar.
Los ambientalistas no rechazan el aeropuerto, sino su ubicación
La Fundación Lagunas Costeras presentó una petición administrativa ante la Intendencia de Rocha para que no autorice la transformación del suelo ni la ejecución de obras en los dos padrones seleccionados.
La organización no se opone a la construcción de un aeropuerto en el departamento. Su reclamo es que la terminal sea instalada en otro punto que no comprometa el corredor ecológico situado entre las lagunas.
Los ambientalistas sostienen que existen emplazamientos alternativos capaces de mejorar la conectividad de Rocha sin afectar una zona protegida y estratégica para la biodiversidad.
También advierten que la presencia constante de aves no representa únicamente un problema ambiental. La posibilidad de colisiones puede convertirse en un riesgo para la propia seguridad operacional del aeropuerto.
El intendente Alejo Umpiérrez manejó públicamente una alternativa sobre la ruta 9, utilizando el mismo Camino al Caracol, pero más alejada de la costa y de las dos lagunas.
Sin embargo, Dinacia continuó hasta ahora el procedimiento de recategorización correspondiente a los terrenos ubicados sobre la ruta 10.
Este punto no puede quedar reducido a una falsa oposición entre desarrollo y ambiente. Un gobierno progresista no debe elegir entre generar infraestructura y proteger el territorio: debe encontrar una localización que permita ambas cosas.
El avance del aeropuerto demuestra que el gobierno de Orsi tomó una promesa abandonada y comenzó a convertirla en una obra posible. Pero llevarla a la realidad también supone respetar los informes técnicos, escuchar a la comunidad y evaluar seriamente otras ubicaciones.
Cumplir no significa construir a cualquier precio. Significa transformar los anuncios en políticas concretas, sometidas a la ley, al control público y a la protección del patrimonio natural.
La derecha prometió el aeropuerto cuando controlaba el gobierno nacional y la Intendencia de Rocha. Durante cuatro años no definió cómo, dónde ni bajo qué condiciones se construiría.
El gobierno de Orsi generó la base legal, vinculó la concesión a la ejecución de la obra, recibió el proyecto técnico e inició los trámites necesarios.
El aeropuerto todavía no está construido y su ubicación debe ser revisada con responsabilidad. Pero por primera vez dejó de ser solamente una frase pronunciada después de una reunión en la Torre Ejecutiva.
La promesa comenzó a tocar tierra.
El documento que convirtió la promesa en un proyecto
En noviembre de 2025, el Parlamento analizó la creación del marco jurídico necesario para incorporar el aeropuerto de Rocha a la concesión de Laguna del Sauce. El documento permite comprobar los antecedentes del proyecto y el mecanismo elegido para financiar y ejecutar la obra.