José Antonio Kast defendió ante el Congreso chileno un plan de ajuste de US$ 6.000 millones en 18 meses, mientras impulsa una megarreforma económica que reduce impuestos a grandes empresas y pide aumentar el endeudamiento fiscal en US$ 6.200 millones para 2026. En paralelo, anunció un registro de “vándalos e incivilidades” que podría quitar beneficios sociales como la gratuidad educativa, la Pensión Garantizada Universal y subsidios de arriendo.

José Antonio Kast llegó al gobierno chileno con el libreto clásico de la derecha dura: hablar de orden, prometer seguridad, denunciar el gasto público, instalar la idea de una herencia fiscal insoportable y presentar el ajuste como única salida posible. En su primera cuenta pública ante el Congreso, ese libreto apareció completo.

El presidente chileno defendió un plan de recorte de US$ 6.000 millones en 18 meses, con el argumento de corregir el déficit fiscal y recuperar credibilidad en las cuentas públicas. Pero al mismo tiempo su gobierno pidió autorización para aumentar el endeudamiento fiscal en US$ 6.200 millones adicionales durante 2026. Esa contradicción resume buena parte del problema: la derecha reclama sacrificio social en nombre del déficit, pero no deja de endeudarse cuando necesita sostener su propio programa.

El ajuste no cae en el vacío

El plan de Kast no aparece aislado. Forma parte de una estrategia económica más amplia, presentada bajo el nombre de Reconstrucción Nacional. La reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Entre sus medidas principales figuran la rebaja gradual del impuesto corporativo para medianas y grandes empresas, cambios en el régimen de inversiones, beneficios tributarios y normas destinadas a acelerar permisos ambientales y económicos.

El gobierno sostiene que el objetivo es recuperar crecimiento, atraer inversión y generar empleo. Es el argumento de siempre: primero se aliviana la carga a los de arriba y después, supuestamente, el beneficio derrama hacia el resto de la sociedad. América Latina conoce demasiado bien esa promesa. Casi siempre termina igual: menos recursos para políticas públicas, más presión sobre el gasto social y una transferencia silenciosa de costos hacia trabajadores, estudiantes, jubilados y sectores populares.

La discusión no es técnica solamente. Es política. El ajuste de US$ 6.000 millones no es una planilla de Excel. Son ministerios con menos recursos, programas con menos capacidad, educación bajo presión, salud exigida, vivienda recortada y familias que dependen de políticas públicas para sostener derechos básicos.

La derecha suele presentar el déficit fiscal como una verdad neutral, pero decide de manera muy ideológica quién debe pagarlo. No lo paga el capital concentrado. No lo pagan las grandes empresas beneficiadas con rebajas tributarias. No lo pagan los sectores que presionan por menos regulación. Lo pagan quienes dependen del Estado para estudiar, atenderse, alquilar, jubilarse o llegar a fin de mes.

Un registro para castigar pobreza y protesta

En la misma cuenta pública, Kast anunció la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades. La propuesta busca incluir a personas condenadas por determinados delitos y también por faltas o conductas calificadas como “incivilidades”, entre ellas rayados sin autorización, consumo de drogas en la vía pública, venta ilegal de alcohol o destrucción de equipamiento comunitario.

El punto más grave está en la consecuencia prevista: quienes ingresen a ese registro podrían perder beneficios sociales como la gratuidad en educación superior, la Pensión Garantizada Universal o el subsidio de arriendo. También se manejaron restricciones para trámites como licencias de conducir, pasaporte o transferencia de bienes.

La fórmula parece pensada para sonar simple: “el que rompe, paga”. Pero debajo de esa consigna hay una idea peligrosa. El Estado empieza a usar derechos sociales como castigo. La educación, la vivienda o una pensión dejan de ser derechos garantizados por una política pública y pasan a quedar condicionados por una lógica disciplinaria.

Ese mecanismo golpea de forma desigual. Una persona de altos ingresos difícilmente dependa de la gratuidad universitaria, de un subsidio de arriendo o de una pensión estatal complementaria. En cambio, una persona pobre, un estudiante de familia trabajadora o un adulto mayor con ingresos bajos sí puede quedar directamente afectado. La sanción, entonces, no pesa igual para todos. Tiene marca de clase.

Además, el concepto de “incivilidad” abre una zona riesgosa. No se trata solo de delitos graves. El registro también apunta a conductas menores o faltas administrativas que pueden mezclarse con control territorial, persecución selectiva y criminalización de la protesta. En un gobierno que combina ajuste social con mano dura, esa herramienta no puede leerse de manera inocente.

La primera gran marcha contra el ajuste

La respuesta social no demoró. A menos de tres meses de haber asumido, Kast enfrentó su primera gran protesta. Estudiantes, docentes y organizaciones sociales marcharon en Santiago contra los recortes presupuestarios, la reforma económica y el rumbo general del gobierno.

La movilización fue convocada en rechazo a medidas que afectan especialmente a la educación y a otros sectores sociales. El gobierno no autorizó el recorrido original y la marcha terminó con enfrentamientos, detenidos y heridos. Una estudiante universitaria resultó gravemente lesionada durante el operativo, en una imagen que generó fuerte impacto político dentro y fuera de Chile.

El gobierno defendió la actuación policial y acusó al movimiento estudiantil de victimizarse. Kast sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse por los canales institucionales y no “en la calle”. Su hijo, diputado del Partido Republicano, fue más lejos y acusó a los estudiantes de actuar como caja de resonancia de la izquierda.

Ese discurso también es conocido. Primero se recorta. Después se deslegitima la protesta. Luego se presenta la reacción social como desorden, vandalismo o amenaza. Finalmente se justifica más control policial y más castigo. El ajuste económico y el endurecimiento represivo no son dos caminos separados. Funcionan juntos.

El déficit como coartada política

La situación fiscal de Chile merece discusión seria. Ningún país puede sostener indefinidamente cuentas públicas deterioradas sin revisar ingresos, gastos, prioridades y modelo de desarrollo. Pero el problema aparece cuando la palabra déficit se usa como coartada para aplicar un programa que ya estaba escrito antes de mirar los números.

Kast no propone solamente ordenar las finanzas públicas. Propone reordenar el Estado en clave de derecha: menos presión tributaria sobre sectores empresariales, más control sobre la protesta, más castigo sobre quienes dependen de beneficios sociales y más autoridad policial frente al conflicto.

La paradoja es evidente. Mientras el gobierno promete austeridad, solicita aumentar el endeudamiento en US$ 6.200 millones. Mientras dice que hay que cuidar las cuentas públicas, impulsa cambios tributarios que reducen la recaudación. Mientras afirma que busca proteger a los ciudadanos, amenaza con quitar derechos sociales a quienes ingresen en un registro punitivo.

Ese es el centro político de la discusión. El déficit fiscal no es el verso. El verso es usar el déficit como argumento único para disciplinar a los de abajo, mientras se protegen los intereses de arriba. En Chile, ese programa acaba de empezar a mostrar sus primeras consecuencias: ajuste, protesta estudiantil, respuesta policial y una agenda de castigo social presentada como orden.

Fuentes:
Cámara de Diputadas y Diputados de Chile