La polémica por la camioneta Hyundai que compró Yamandú Orsi sumó un elemento relevante: Oliva Automotores ya había recibido beneficios fiscales durante el gobierno de Luis Lacalle Pou por un proyecto de inversión promovido en enero de 2024. El dato no prueba una relación indebida, pero obliga a ordenar la discusión con más precisión y menos oportunismo político.

La discusión por la camioneta Hyundai adquirida por Yamandú Orsi volvió a abrir otro capítulo. La operación con Oliva Automotores, cuestionada por el descuento de unos 25.000 dólares respecto al precio de mercado, quedó ahora cruzada por un dato anterior: en enero de 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Ministerio de Economía y Finanzas declaró promovido un proyecto de inversión presentado por esa misma empresa.

La resolución oficial del 3 de enero de 2024 declaró promovida la actividad del proyecto de inversión de Oliva Automotores S.R.L. por un monto de UI 3.388.083. Ese monto ronda el medio millón de dólares, aunque conviene precisar el dato: no significa que el Estado haya entregado directamente medio millón de dólares ni que toda esa cifra sea una exoneración impositiva líquida. Se trata de un proyecto de inversión amparado en el régimen de promoción, con beneficios fiscales específicos.

Entre esos beneficios aparecen exoneraciones vinculadas a tributos de importación, crédito fiscal de IVA, exoneración de IRAE por UI 1.372.174 y beneficios en el Impuesto al Patrimonio sobre bienes incorporados al proyecto.

Ese elemento importa porque desordena el relato simplificado que intentó instalar una parte de la discusión pública. Oliva no aparece por primera vez vinculada al Estado a partir de la compra de Orsi. Ya había tenido una resolución favorable bajo la administración anterior, dentro de un régimen legal utilizado por numerosas empresas.

El proyecto promovido bajo Lacalle Pou

La resolución del MEF fue firmada el 3 de enero de 2024, en plena administración de Luis Lacalle Pou. El proyecto de Oliva Automotores tenía como objetivo la adquisición de equipamiento, instalaciones, vehículos eléctricos de pasajeros y realización de obra civil.

La empresa se comprometía a generar indicadores vinculados a descentralización y tecnologías limpias. Ese tipo de formulación es habitual en proyectos presentados ante COMAP, donde las empresas buscan beneficios fiscales a cambio de inversiones que el Estado considera promovibles.

El punto político no está en decir que ese beneficio fuera ilegal. No hay elementos públicos para sostener eso. El punto está en la doble vara.

Si se pretende analizar con lupa cada vínculo posterior entre Oliva y Orsi, también corresponde recordar que la misma empresa fue beneficiaria de una resolución tributaria bajo el gobierno anterior. Esa resolución no fue firmada por Orsi, ni por su equipo, ni por el Frente Amplio. Fue parte de la política económica aplicada por el gobierno de Lacalle Pou.

Por eso la discusión necesita salir del barro. Una cosa es preguntar si el descuento a un presidente electo fue prudente, conveniente o suficientemente explicado. Otra cosa es convertir el tema en una operación política como si la automotora hubiera nacido públicamente el día que vendió una camioneta a Orsi.

La compra de la camioneta y los documentos presentados

La compra cuestionada se concretó en febrero de 2025, pocos días antes de la asunción presidencial. Orsi adquirió una Hyundai Santa Fe 2024 por US$ 54.000, cuando el precio de mercado informado para ese modelo rondaba los US$ 79.000.

Según la documentación exhibida por el presidente ante medios de prensa, la operación se integró con la entrega de dos vehículos y un saldo en dinero. La automotora tomó una Hyundai Santa Fe 2020, propiedad de Orsi, en US$ 22.000, y una Renault Stepway en US$ 17.000. El saldo restante fue de US$ 15.000, abonado mediante dos transferencias.

La Renault Stepway había sido donada por Car One durante la campaña electoral del Frente Amplio. Según las explicaciones brindadas, ese vehículo fue utilizado en una campaña de bonos de colaboración, pero el número ganador no había sido vendido, por lo que la camioneta quedó en manos del comité de campaña. Orsi sostuvo que luego compensó al Frente Amplio por ese valor dentro de la entrega general de fondos realizada por su comando.

Esa parte del caso sigue siendo una de las zonas que requiere documentación clara. No alcanza con que la explicación sea políticamente razonable; también debe quedar respaldada de forma verificable, porque se trata de bienes vinculados a una campaña presidencial.

Orsi, por su parte, negó haber cometido una ilegalidad. También afirmó que la elección del vehículo respondió a razones de seguridad y a su decisión de no generar al Estado el costo de comprarle una camioneta presidencial. Además, resolvió donar la Hyundai a la ANEP para el traslado de estudiantes, especialmente en el interior.

La diferencia entre preguntar y ensuciar

El caso tiene preguntas legítimas. Un presidente electo debe cuidar no solo la legalidad de sus actos, sino también las apariencias institucionales. Un descuento grande, recibido pocos días antes de asumir, merece explicación. En eso no hay que ponerse nervioso.

Pero tampoco se puede aceptar que la discusión sea usada para construir sospechas sin prueba o para borrar los datos incómodos del período anterior. La resolución de enero de 2024 muestra que Oliva ya tenía relación con el Estado bajo el gobierno de Lacalle Pou. Recibió beneficios fiscales dentro de un régimen promovido por el MEF de aquel momento, para un proyecto vinculado a equipamiento, instalaciones, vehículos eléctricos y obra civil.

Esa información no demuestra que la compra de Orsi haya sido correcta o incorrecta. Lo que demuestra es que el vínculo entre una empresa privada y el Estado debe mirarse siempre con el mismo criterio, gobierne quien gobierne.

Si la oposición quiere discutir ética pública, debe hacerlo con todos los expedientes sobre la mesa. También con los beneficios fiscales, las resoluciones COMAP, las compras estatales, los proveedores registrados y las decisiones adoptadas durante su propio gobierno.

Fuentes:
Ministerio de Economía y Finanzas
Jutep