Antes de que el Estado firmara el contrato por las patrullas oceánicas, un informe del entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, ya había dejado una señal clara: Cardama no era la opción recomendada. El astillero aparecía al final de la evaluación, sin experiencia demostrada en construcción de OPV, con dudas sobre precio, plazos y respaldo técnico.

Una advertencia antes de la firma

La discusión por la compra de las patrullas oceánicas volvió a mostrar un dato que el gobierno anterior no puede esquivar: antes de adjudicar el contrato a Cardama, ya existía una advertencia técnica escrita dentro de la propia Armada.

El contraalmirante retirado Gustavo Musso, que fue jefe del Estado Mayor de la Armada hasta agosto de 2023, había elaborado un informe sobre las ofertas presentadas para la construcción de las OPV. Ese documento no colocaba a Cardama entre las opciones más sólidas. Al contrario: la dejaba en el último lugar.

El dato cambia el eje de la discusión. No se trata solamente de una compra que después terminó rodeada de cuestionamientos, garantías bajo sospecha y conflicto jurídico. Se trata de una decisión tomada pese a que una voz técnica de alto nivel había dejado por escrito una recomendación distinta.

Musso no planteó una objeción menor ni una diferencia administrativa. Señaló que Cardama era el único astillero presentado al llamado que no demostraba experiencia en la construcción de patrulleros oceánicos. Esa observación era central, porque la compra no era una operación común: Uruguay buscaba buques estratégicos para vigilancia, control marítimo, combate al narcotráfico, pesca ilegal, rescate y defensa de soberanía.

En ese tipo de adquisición, la experiencia previa no es un detalle. Es una garantía técnica, operativa y política. El Estado no compra solo un barco; compra capacidad de cumplimiento, respaldo, mantenimiento, trayectoria y certeza de que el proveedor puede entregar lo prometido.

Cardama, último en la evaluación

Según lo conocido hasta ahora, el informe de Musso ordenaba las ofertas con una prioridad distinta a la que finalmente adoptó el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En primer lugar aparecía Gondán. Luego figuraban otros astilleros con antecedentes en construcción naval. Cardama quedaba último.

La explicación del contraalmirante retirado fue directa: había oferentes con trayectoria específica y había uno que no podía demostrar experiencia en OPV. El elegido fue justamente ese.

Ese punto es clave porque desmonta una parte del relato que intenta presentar el caso como una discusión política posterior al cambio de gobierno. Las dudas no nacieron con la administración de Yamandú Orsi ni con la ministra Sandra Lazo. Ya estaban planteadas antes de la adjudicación, dentro de la propia Armada, por un jerarca técnico que conocía el proceso.

La pregunta de fondo es sencilla: si había un informe técnico que ubicaba a Cardama en el último lugar, ¿qué fundamentos escritos llevaron al Ministerio de Defensa a elegirlo igual?

Esa pregunta todavía pesa. Más aún si, tal como sostuvo Musso, no hubo una documentación sólida que explicara por qué la decisión final se apartó de su recomendación. En una compra millonaria, financiada con dinero público y vinculada a la defensa nacional, no alcanza con decir que hubo una decisión política. La decisión política también debe tener respaldo técnico, administrativo y documental.

La decisión del gobierno de Lacalle Pou

El contrato con Cardama fue firmado durante la gestión de Javier García al frente del Ministerio de Defensa, en el gobierno de Luis Lacalle Pou. La adjudicación se presentó entonces como un avance para dotar a la Armada de patrullas oceánicas largamente reclamadas.

Ese argumento tenía una base real: Uruguay necesitaba y necesita mejorar sus capacidades de control marítimo. La falta de OPV era un problema acumulado por años. Pero una necesidad legítima no justifica cualquier procedimiento ni cualquier proveedor.

El punto central no es si Uruguay debía comprar patrullas oceánicas. El punto es por qué el gobierno anterior terminó adjudicando el contrato a una empresa que había sido cuestionada en un informe técnico previo.

Ahí aparece la responsabilidad política. El gobierno de Lacalle Pou no puede presentar el caso solamente como una compra necesaria para la seguridad marítima. También debe responder por el camino elegido, por las advertencias desoídas y por las consecuencias posteriores.

Porque después de esa adjudicación llegaron los problemas: cuestionamientos sobre garantías, demoras, sospechas de fraude, pagos ya realizados y una rescisión que terminó abriendo un conflicto internacional. Todo eso no borra la necesidad de las OPV, pero sí obliga a mirar cómo se tomó la decisión original.

Una empresa con dudas desde el comienzo

Las dudas sobre Cardama no se concentraban en un solo aspecto. Musso advirtió sobre la falta de experiencia en construcción de OPV, pero también aparecieron señales sobre precio, plazos, respaldo y riesgos de cumplimiento.

La oferta baja, lejos de ser vista únicamente como una ventaja para el Estado, fue interpretada por Musso como un posible riesgo. Una propuesta barata puede parecer atractiva en el papel, pero en una compra estratégica también puede esconder problemas: menor capacidad real, plazos difíciles de cumplir, ajustes futuros, debilidad financiera o dificultades para sostener el mantenimiento.

También estaban los plazos. Una construcción naval de este tipo exige experiencia, planificación, cadena de proveedores, ingeniería, certificaciones y capacidad industrial. Si el astillero no tenía antecedentes claros en OPV, la promesa de entrega debía ser mirada con especial cuidado.

La advertencia no era ideológica. Era técnica. El Estado uruguayo estaba por comprometer decenas de millones de dólares en una compra sensible, y el proveedor elegido arrastraba dudas en los puntos más importantes: experiencia, precio, plazos y garantías.

Por eso el caso Cardama no empieza con la rescisión del contrato ni con la interpelación a Sandra Lazo. Empieza antes, en el momento en que una advertencia escrita quedó sobre la mesa y aun así el gobierno anterior avanzó en sentido contrario.