La Justicia peruana revisará el 28 de mayo las apelaciones contra el archivo definitivo del proceso por lavado de activos y organización criminal. La audiencia no reabre automáticamente el juicio, pero puede definir si el caso queda cerrado o vuelve a activarse en plena segunda vuelta presidencial.

Una audiencia clave en medio de la campaña

El Poder Judicial de Perú revisará el próximo 28 de mayo las apelaciones presentadas contra la resolución que archivó el proceso contra Keiko Fujimori por el llamado caso Cócteles, vinculado al presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

La audiencia será realizada de forma virtual por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Allí se escucharán los argumentos de la Fiscalía, de la Procuraduría y también de Mark Vito Villanella, exesposo de Fujimori, quien sigue procesado en la causa.

El punto central es simple: la Justicia no decidió todavía reabrir el juicio. Lo que hará será revisar si el archivo definitivo dispuesto en enero fue correcto o si debe anularse. Si la apelación de la Fiscalía y la Procuraduría prospera, el expediente podría volver a moverse. Si la sala confirma el archivo, Keiko Fujimori mantendría cerrado el tramo más pesado del caso, con la excepción de la imputación por falsedad de declaraciones.

La fecha tiene un peso político evidente. La audiencia se realizará pocos días antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que Fujimori enfrentará al candidato de izquierda Roberto Sánchez. La dirigente de Fuerza Popular llega a esa instancia electoral con una larga historia judicial detrás y con el apellido Fujimori nuevamente colocado en el centro de la disputa política peruana.

Qué se había archivado y qué reclama la Fiscalía

El 13 de enero, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso el sobreseimiento definitivo del proceso por lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular.

Esa decisión ejecutó una sentencia del Tribunal Constitucional que había ordenado archivar el proceso por esos delitos y mantener vigente únicamente la imputación por falsedad de declaraciones. El efecto práctico fue enorme: el caso que durante años persiguió a la heredera política de Alberto Fujimori quedó desactivado en su parte principal.

La Fiscalía y la Procuraduría cuestionan esa interpretación. Sostienen que la resolución de primera instancia tuvo defectos de motivación y que aplicó de forma equivocada el fallo del Tribunal Constitucional. Para ambas instituciones, la causa no debía cerrarse definitivamente, sino retroceder a una fase inicial de investigación.

Ese matiz técnico tiene consecuencias políticas y judiciales de primer orden. No es lo mismo devolver un expediente a una etapa anterior que enterrarlo por completo. La Fiscalía busca que el caso recupere trámite judicial y que vuelva a discutirse la acusación por los presuntos aportes irregulares a las campañas fujimoristas.

Mark Vito Villanella, en cambio, pidió que los efectos del fallo del Tribunal Constitucional también lo alcancen a él. Su defensa cuestiona que la investigación continúe en su contra mientras otros implicados quedaron beneficiados por el archivo.

Fujimorismo, poder judicial y segunda vuelta

El caso Cócteles marcó durante años la vida política de Keiko Fujimori. La investigación apuntó al financiamiento de sus campañas presidenciales y al funcionamiento de Fuerza Popular, el partido que concentró buena parte del poder de la derecha peruana durante la última década.

Para el fujimorismo, el archivo del proceso fue presentado como una victoria judicial. Para sus críticos, significó una nueva señal de impunidad en un país donde las élites políticas, económicas y judiciales han tenido una enorme capacidad para protegerse entre sí.

La revisión del 28 de mayo vuelve a colocar ese debate en el centro. Perú llega a la segunda vuelta con una sociedad polarizada, golpeada por años de crisis institucional, presidentes destituidos, represión social, persecución política y un sistema democrático muy debilitado.

Keiko Fujimori representa una derecha dura, heredera directa del proyecto político de Alberto Fujimori, cuyo gobierno quedó asociado al autoritarismo, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción. Su nueva candidatura presidencial reabre una pregunta de fondo para Perú: si el país puede construir una salida democrática con memoria, justicia y representación popular, o si vuelve a quedar atrapado entre el poder económico, la mano dura y los pactos de impunidad.

La decisión judicial que se tome después de la audiencia no resolverá por sí sola el futuro político peruano. Pero sí puede incidir en la recta final de una elección especialmente sensible, donde el nombre Fujimori vuelve a cargar con el peso de la historia.

Fuentes:EFE,RPP