La respuesta de José Antonio Kast ante el temporal que golpeó a Chile comienza a tener un costo político similar al que enfrentó Javier Milei después de las catástrofes en Bahía Blanca. Mientras alcaldes chilenos denuncian demoras, abandono territorial y trabas para recibir ayuda, el presidente argentino había viajado a la ciudad bonaerense para decir que confiaba en que resolverían la emergencia “con los recursos existentes”. Dos gobiernos unidos por una misma lógica: ajustar al Estado y trasladar a las comunidades el peso de reconstruir lo destruido.
Cuando Javier Milei llegó a Bahía Blanca después del temporal de diciembre de 2023, no anunció un programa extraordinario de reconstrucción. Frente a una ciudad golpeada por la muerte de 13 personas, techos arrancados, cortes de energía y una infraestructura devastada, dijo que confiaba en que las autoridades locales podrían resolver la situación “con los recursos existentes”.
Casi tres años después, José Antonio Kast enfrenta en Chile una crisis política provocada por una respuesta gubernamental que alcaldes, comunidades afectadas y una parte creciente de la población consideran insuficiente.
La desaprobación al presidente chileno aumentó dos puntos y llegó al 54%, según la encuesta Agenda Criteria realizada el 23 de julio. Su aprobación se ubicó en el 36%, mientras otro 10% no expresó una posición definida.
El deterioro de la imagen presidencial ocurrió en medio de la emergencia ocasionada por el sistema frontal que atravesó el norte chico, la zona central y el sur del país.
La comparación con Milei no surge solamente de una coincidencia temporal. Ambos gobiernos construyeron buena parte de su discurso alrededor de la reducción del gasto público, el achicamiento del Estado y la disciplina fiscal. Cuando una catástrofe exige recursos inmediatos, presencia territorial y capacidad de coordinación, esa doctrina muestra su rostro más concreto: municipios desbordados, comunidades aisladas y una reconstrucción condicionada por el argumento de que el dinero no alcanza.
El temporal dejó muertos, desaparecidos y miles de viviendas destruidas
El sistema frontal, acompañado por un río atmosférico, dejó en Chile un saldo de 13 personas fallecidas, 18 desaparecidas, más de 13.500 damnificadas y alrededor de 40.000 aisladas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que unas 1.600 viviendas fueron completamente destruidas, más de 5.000 sufrieron daños mayores y otras 27.290 registraron afectaciones menores.
La emergencia atravesó buena parte del territorio chileno con inundaciones, deslizamientos, desbordes de cursos de agua, caminos cortados y localidades incomunicadas.
La magnitud de la destrucción también comenzó a reflejarse en la opinión pública. El 43% de las personas consultadas por Criteria consideró incorrecta la respuesta del gobierno de Kast, cinco puntos más que en la medición anterior.
Solo el 36% respaldó la gestión del Ejecutivo frente a la emergencia, mientras el 21% afirmó no tener una opinión.
La caída en la valoración presidencial no responde únicamente a los daños provocados por el temporal. También refleja el malestar con la forma en que el gobierno organizó la respuesta y administró los recursos.
Alcaldes de las zonas afectadas denunciaron lentitud para liberar la ayuda humanitaria, exceso de trámites, abandono territorial, fallas en la prevención y demoras para decretar el estado de excepción de catástrofe.
Las críticas alcanzaron al gobierno central por obligar a los municipios a enfrentar las primeras horas de la emergencia con recursos limitados, mientras las decisiones administrativas y presupuestarias permanecían concentradas en Santiago.
El presidente respondió que la institucionalidad estaba funcionando y aseguró que no se escatimarían recursos para salvar vidas. Sin embargo, al hablar de la reconstrucción, volvió a colocar en primer plano las restricciones fiscales y la necesidad de establecer prioridades.
El mismo argumento aparece una y otra vez en los gobiernos que convierten el recorte en doctrina: durante la emergencia prometen asistencia, pero cuando llega el momento de reconstruir viviendas, caminos, escuelas, hospitales y sistemas de drenaje, las necesidades sociales vuelven a quedar subordinadas al equilibrio de las cuentas.
Milei y Bahía Blanca: “con los recursos existentes”
La respuesta de Kast tiene un antecedente directo en Argentina.
El 16 de diciembre de 2023, un temporal con ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora golpeó Bahía Blanca. El derrumbe de parte del gimnasio del club Bahiense del Norte provocó la muerte de 13 personas. Hubo decenas de heridos, voladuras de techos, árboles caídos, barrios sin electricidad y graves daños materiales.
Milei viajó a la ciudad al día siguiente acompañado por integrantes de su gabinete. Allí expresó:
“Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”.
También afirmó que el gobierno nacional brindaría “la asistencia” que pudiera ofrecer.
La frase resumió la orientación política que comenzaba a instalarse: el Estado nacional no asumiría como propia toda la dimensión de la reconstrucción y las autoridades locales deberían enfrentar buena parte del desastre utilizando los recursos que ya tenían.
No utilizó las palabras “arréglense solos”, pero el mensaje dirigido a una ciudad devastada fue prácticamente ese: administren lo disponible, organicen la respuesta y esperen hasta dónde puede llegar la Nación.
La conducta se integró al lema del “no hay plata”, utilizado para justificar el retiro del gobierno nacional de la obra pública, la reducción de transferencias a las provincias y el abandono de numerosas responsabilidades estatales.
Bahía Blanca volvió a sufrir una catástrofe en marzo de 2025. En unas 12 horas cayeron alrededor de 290 milímetros de lluvia, murieron al menos 16 personas y gran parte de la ciudad quedó bajo el agua.
En esa oportunidad, el gobierno argentino creó mediante decreto un fondo de $200.000 millones argentinos para otorgar subsidios directos a hogares afectados.
El Congreso aprobó posteriormente otra ley que declaraba la emergencia por 180 días, creaba un fondo adicional de $200.000 millones, establecía beneficios fiscales y financieros y destinaba recursos a la reconstrucción de infraestructura y actividades productivas.
Milei vetó completamente esa ley. Su gobierno sostuvo que el nuevo fondo duplicaba la asistencia ya implementada, no contaba con una fuente específica de financiamiento y afectaba los objetivos económicos de la administración.
El veto mantuvo el programa inicial de subsidios, pero bloqueó una respuesta más amplia que incluía obras públicas, asistencia productiva, beneficios fiscales y créditos especiales.
La secuencia dejó en evidencia el límite del modelo: el Estado podía entregar una ayuda acotada, pero rechazaba comprometerse con una reconstrucción integral que implicara un mayor gasto público.
El ajuste también se mide en vidas, viviendas y territorios abandonados
Kast y Milei pertenecen a países y procesos políticos diferentes, pero comparten una visión similar sobre el papel del Estado.
En ambos casos, el gasto público es presentado antes como un problema que como una herramienta para proteger a la población. La reducción de estructuras, funcionarios, programas, transferencias e inversiones aparece como sinónimo de eficiencia hasta que una emergencia exige exactamente aquello que fue recortado.
Los fenómenos meteorológicos pueden ser inevitables. La falta de prevención, la debilidad de los sistemas de respuesta y la lentitud para asistir a las familias son decisiones políticas.
Las consecuencias de una lluvia extrema dependen de la existencia de obras de drenaje, viviendas seguras, rutas transitables, sistemas de alerta, servicios de emergencia, hospitales preparados y gobiernos locales con recursos suficientes.
Cuando esas capacidades son debilitadas, el desastre natural se transforma rápidamente en una catástrofe social.
La lógica del ajuste obliga a los territorios a demostrar primero la magnitud de sus pérdidas, completar trámites, esperar autorizaciones y disputar fondos. Pero las inundaciones no esperan expedientes y las familias que pierden sus viviendas no pueden aguardar a que el gobierno decida si la reconstrucción es compatible con sus metas fiscales.
La solidaridad comunitaria cumple un papel fundamental. Vecinos, organizaciones sociales, trabajadores, bomberos, voluntarios y gobiernos locales suelen ser quienes sostienen las primeras respuestas.
Esa solidaridad no puede convertirse en una excusa para la retirada del Estado.
Las donaciones pueden acompañar una reconstrucción, pero no sustituyen la responsabilidad de los gobiernos. Un municipio tampoco puede enfrentar por sí solo daños que superan ampliamente su presupuesto y su capacidad operativa.
El aumento de la desaprobación a Kast muestra que la población chilena no evalúa únicamente los discursos sobre orden, autoridad y austeridad. También observa qué ocurre cuando necesita que el Estado llegue a tiempo.
El 54% de rechazo presidencial expresa el costo político de una respuesta considerada lenta en medio de una tragedia.
En Chile, como antes en Bahía Blanca, la emergencia dejó expuesta una misma forma de gobernar: centralizar las decisiones, reducir la capacidad estatal y trasladar hacia abajo la responsabilidad de resolver las consecuencias.
El “no hay plata” puede funcionar como una consigna electoral o como una explicación económica. Frente a una familia que perdió su casa, una comunidad aislada o una ciudad inundada, se transforma en una declaración de abandono.